PLAZA MOYUA.- El alarmismo, al fin una postura moral, lo que hace es silenciar al discrepante. Y es lo que intenta hacer con Peter Ridd. Primero le cascaron una orden de silencio. Su universidad, James Cook University, le prohibió expresar sus críticas en público. Porque la crítica supone actuar … ¡de forma no colegiada! Imagina; ciencia colegiada, sin crítica. Pero esa es la ciencia del cambio climático. ¡Incluso le prohibieron decirle a su mujer que tenía la orden de silencio!
Ridd les puso una demanda por atentar contra su libertad de expresión, y académica. Y ahora le han expusado de la universidad por no quedarse callado.
On 2 May, 2018, I received a letter from James Cook University (JCU) terminating my employment. JCU have sacked me because I dared to fight the university and speak the truth about science and the Great Barrier Reef.
Estaría bien que esto acabe en una nueva demanda contra la universidad. Vaya, es imprescindible para tratar de mantener algo de cordura contra el cuento del clima. El problema es la disparidad de armas. De cañones. Para la primera demanda Peter tuvo que recaudar AU $95000, que son como unos 70.000 US $. No es nada para la universidad, que vive de los impuesos; pero más de lo que podía Ridd. Así que Jennifer Marohasy le organizó una colecta pública, que con la ayuda publicitaria / bloguera de WUWT, Jo Nova, Willie Sonn y Benny Peiser consiguó el objetivo. Y en un pispás.
Tiene guasa. En la expulsión de ahora le acusan de haber hablado de su caso. Que es precisamente lo que se está viendo en sede judicial: la legalidad de esa orden de silencio. Y si no hubiera hablado, nunca hubiera podido alcanzar los fondos necesarios para plantear la demanda. El perfecto silenciamiento del crítico.
El caso es que los gastos legales aumentan mucho si quiere actuar legalmente contra la expulsión. Hacen falta otros 159.000 AU $. Y parece un muy buen caso para poder ayudar y hacer una diferencia. Y darle en los morros a la recua de alarmistas tarados que pretenden gobernar la academia mediante el silenciamiento de toda crítica.
La página de GoFundMe para las donaciones a la causa legal de Ridd:
El Movimiento Cinco Estrellas (M5S) y la ultraderechista Liga Norte prometen en su programa de Gobierno para Italia reformar el sistema de pensiones, bajar los impuestos y ayudar con subsidios a las personas con dificultades económicas. Tras una semana de negociaciones, los dos partidos han elaborado una agenda común y en materia económica incluyen sus promesas estrella.Más...
Así, está presente algo que ambos llevaban en sus programas, la reforma de la ley de pensiones y proponen que, a partir de 2019, en lugar de que la edad de jubilación sean los 67 años, se establezca la "cuota 100", que consentirá a los ciudadanos jubilarse cuando los años de edad y de contribución sumen 100.Hay además una segunda posibilidad, que es superar el umbral de 41 años de contribución con independencia de la edad.
El M5S ha incluido la renta para la ciudadanía, un subsidio para las personas con dificultades que será de 780 euros mensuales si viven solos y durante un máximo de dos años.En este tiempo, los beneficiados deberán buscar trabajo y los centros de empleo les enviarán ofertas profesionales que solo podrán rechazar como máximo en tres ocasiones.
Para aplicar esta medida, que no se especifica el gasto que supondrá para el Estado, los dos partidos plantean un diálogo con las instituciones comunitarias para usar "el 20% de la asignación total del Fondo Social Europeo (FSE)".
Paralelamente hay una drástica bajada de impuestos para todas las rentas, defendida por la Liga, de la que tampoco se dice el gasto, que consistirá en un impuesto único para las empresas, familias y autónomos que oscilará entre el 15% y el 20%, aunque no se detallan los requisitos de uno y otro porcentaje.
Los recursos para esta medida saldrán de la aprobación de una "una 'paz fiscal' con los contribuyentes para eliminar el desequilibrio económico entre las obligaciones asumidas y favorecer la extinción de la deuda mediante la liquidación del monto adeudado, en todas aquellas situaciones excepcionales e involuntarias de probada dificultad económica".
El M5S y la Liga unen así dos medidas, la renta para la ciudadanía y el impuesto único, que economistas han advertido de que son incompatibles porque supondrían un aumento de la ya de por sí elevada deuda pública, que supera el 130 %.El programa no detalla sin embargo los plazos de aplicación de estas políticas.
Para reducir la deuda pública, Liga y M5S destierran los recortes y las políticas de austeridad en favor del crecimiento, la demanda interna y las inversiones que respalden "el poder adquisitivo de los hogares". Además, las dos fuerzas de corte euroescéptico señalan que "a la luz de la problemática de los últimos años", Italia pedirá "el pleno cumplimiento" de los objetivos en el Tratado de Maastricht de 1992.
Ven "necesaria la revisión, junto a los socios europeos, de la estructura de la gobernación económica europea" como la política monetaria, el Pacto de Estabilidad, el Pacto Fiscal o el Mecanismo Europeo de Estabilidad.De este modo, estos dos partidos han eliminado la intención de promover la posibilidad de abandonar el euro que sí incluían en un primer borrador datado el 14 de mayo y filtrado a los medios.
En este programa de Gobierno también se asegura que la gestión de la inmigración es insostenible para Italia y que además el actual sistema europeo de control de flujos migratorios es "un fracaso" y "pone en discusión los acuerdos de Schengen".
Los procesos penales evolucionan en el tiempo (salvo en Bélgica, imagino). Y el asunto es cristalino: el mantenimiento de la orden de detención se hace sobre la base de los hechos que se relatan en el auto de procesamiento, que se dicta muchos meses después de la admisión a trámite de la querella. Y sí, en España, no se dicta una orden y luego se elimina esa orden para volver a dictar una orden un segundo después. A lo mejor se hace así en Bélgica, ya sabemos que son raros de cojones. En España todos los jueces, cuando vuelven a decidir sobre el mantenimiento o supresión de una medida cautelar, si deciden mantenerla hacen eso, MANTENERLA. Y deciden mantenerla aunque cambien los hechos o se completen o enriquezcan y aunque cambie la argumentación jurídica. Porque el fiscal belga está confundiendo la parte dispositiva de una resolución con su argumentación jurídica.
4.- Sigue:
Aquí aparece la errata, que , como podemos ver, no se produce en la euroorden, sino en las explicaciones. ¿Importa? Nada, salvo que quieras hacer titulares imbéciles. ¿Y que explica Llarena? Pues exactamente lo mismo que les digo. Vean como continúa:
En serio, lo de los apartados b) y c) es acojonante. Llarena explica que mantiene la decisión sobre la base de los hechos y fundamentos jurídicos del auto de procesamiento y el fiscal belga concluye que «las razones de detención del 3 de noviembre ya no son válidas». Incluso pone un interrogante. El tipo no entiende o no quiere entender: ha decidido no comprender que lo que era válido en noviembre (la decisión que toma) pueda seguir siéndolo sobre la base de los hechos y los argumentos del auto de procesamiento, que MANTIENE LA DECISIÓN.
En cuanto a lo del apartado d), lo que responde el fiscal belga ya es de traca.
No he podido acceder a las resoluciones dictadas por el magistrado Llarena el mismo día 23/03/2018, así que me atendré a lo que dice el fiscal: se dictan resoluciones para acordar la euroorden y «esencialmente» se repite el auto de procesamiento. Claro, porque en el auto de procesamiento se acuerda el mantenimiento de las medidas cautelares. ¿Qué esperaba? ¿Qué dictase un auto de procesamiento y después acordase mantener la medida de busca y captura y prisión basándose en el juramento de Santa Gadea?
Lo más indignante no es que el fiscal no entienda o no quiera entender. Lo indignante es ese tono de burla, como si Llarena no supiera qué hace. Como si fuera algo muy raro acordar una medida en una resolución, mantenerla en otra y acordar una euroorden en otra, sobre la base de la orden interna de detención previa.
Me gustaría que los penalistas del PSOE, que los hay y buenos, explicaran a su Secretario General las cosas antes de que éste se lanzara al ruedo afirmando lo que el Código Penal no dice.
Fíjense: Sr. Sr. Sánchez propone reformar el delito de rebelión porque el CP lo que regula son los golpes militares, golpes armados en suma, no lo que ha sucedido en Cataluña. Veamos qué dispone el Código Penal:
TÍTULO XXI
Delitos contra la Constitución
CAPÍTULO PRIMERO
Rebelión
Artículo 472
Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes:
1.º Derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución.
2.º Destituir o despojar en todo o en parte de sus prerrogativas y facultades al Rey o Reina o al Regente o miembros de la Regencia, u obligarles a ejecutar un acto contrario a su voluntad.
3.º Impedir la libre celebración de elecciones para cargos públicos.
4.º Disolver las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados, el Senado o cualquier Asamblea Legislativa de una Comunidad Autónoma, impedir que se reúnan, deliberen o resuelvan, arrancarles alguna resolución o sustraerles alguna de sus atribuciones o competencias.
5.º Declarar la independencia de una parte del territorio nacional.
6.º Sustituir por otro el Gobierno de la Nación o el Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma, o usar o ejercer por sí o despojar al Gobierno o Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma, o a cualquiera de sus miembros de sus facultades, o impedirles o coartarles su libre ejercicio, u obligar a cualquiera de ellos a ejecutar actos contrarios a su voluntad.
7.º Sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno.
Artículo 473
1. Los que, induciendo a los rebeldes, hayan promovido o sostengan la rebelión, y los jefes principales de ésta, serán castigados con la pena de prisión de quince a veinticinco años e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo; los que ejerzan un mando subalterno, con la de prisión de diez a quince años e inhabilitación absoluta de diez a quince años, y los meros participantes, con la de prisión de cinco a diez años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a diez años.
2. Si se han esgrimido armas, o si ha habido combate entre la fuerza de su mando y los sectores leales a la autoridad legítima, o la rebelión hubiese causado estragos en propiedades de titularidad pública o privada, cortado las comunicaciones telegráficas, telefónicas, por ondas, ferroviarias o de otra clase, ejercido violencias graves contra las personas, exigido contribuciones o distraído los caudales públicos de su legítima inversión, las penas de prisión serán, respectivamente, de veinticinco a treinta años para los primeros, de quince a veinticinco años para los segundos y de diez a quince años para los últimos.
A DESTACAR:
1.- La rebelión no necesita golpe militar ni levantamiento armado: Es un alzamiento público y violento para, entre otras cosas, derogar total o parcialmente la Constitución o declarar la independencia de una parte del territorio nacional. Objetivos que los secesionistas explicitan continuamente. Y en cuanto a la violencia, no se indica de qué clase, por lo que puede ser física, verbal o psicológica, como en cualquier otro delito violento.
2.- El uso de armas constituye una agravante del delito de rebelión, que hace aumentar la pena. No es un elemento constitutivo de la existencia del delito.
No nos metamos en camisas de 11 varas, Sr. Sánchez... que Vd. pretende ser Presidente del Gobierno de España y no se lo puede permitir.
CRÓNICA GLOBAL.- La intervención de Quim Torra en la sesión de investidura en el Parlament ha dejado muchas dudas entre distintos profesionales del mundo del derecho y la ciencia política, juristas y abogados, también entre historiadores y economistas. Y un centenar de ellos han suscrito una carta enviada a Mariano Rajoy en la que le piden que tome medidas contra el ya nuevo presidente de la Generalitat para impedir que pueda ejercer el cargo.
Entre los primeros firmantes del documento, en el que se suscribe la petición, figura Rafael Arenas, catedrático de derecho internacional; Francesc de Carreras, catedrático de derecho constitucional; Montserrat Baras, profesora titular de ciencia política; Joaquim Molins, catedrático de ciencia política; Teresa Freixes, catedrática de derecho constitucional; Ana Losada, activista por una escuela neutral; Ana María Magaldi, fiscal; Francesc Jufresa, abogado penalista; Joaquim Coll, historiador o Francisco Javier Béjar, abogado.
AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA
Por medio de este escrito me dirijo al Presidente del Gobierno de España, responsable último del mismo y, por tanto, de la dirección de “la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado” (artículo 97 de la Constitución) a fin de solicitar el AMPARO del Gobierno y de la Administración española ante la situación generada en Cataluña como consecuencia de la designación del Sr. Joaquim Torra i Pla como Presidente de la Generalitat.
Es por todos sabido que el pasado día 12 de mayo, en el discurso que el Sr. Torra i Pla dirigió al Parlamento de Cataluña para solicitar su designación como Presidente de la Generalitat indicó que su acción de gobierno se basaría en “la lealtad al mandato del 1 de octubre” y en construir un Estado independiente en forma de República. Tal y como puede comprobarse de su discurso y demás intervenciones tanto el día 12 de mayo como el 14 de mayo, su propósito expreso manifestado de manera solemne ante la Cámara es el de construir la República Catalana y continuar con el proceso de secesión que incluyó el referéndum del 1 de octubre y la “declaración política de independencia” (palabras textuales del Sr. Torra i Pla) del 27 de octubre.
El Sr. Torra i Pla presentó, por tanto, un programa que implica la derogación de facto de la Constitución en Cataluña y del Estatuto de Autonomía de Cataluña; y fue con ese programa con el que obtuvo la confianza de la Cámara.
Obvio es que el contenido de todas sus intervenciones implica ya no un acatamiento a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, sino una expresa manifestación de desobediencia.
El Tribunal Constitucional, en su Sentencia 259/2015, de 2 de diciembre de 2015 (BOE 12-I-2016); entre otras, estableció que:
“Como consecuencia recae sobre los titulares de cargos públicos un cualificado deber de acatamiento a dicha norma fundamental [la Constitución], que no se cifra en una necesaria adhesión ideológica a su total contenido, pero sí en el compromiso de realizar sus funciones de acuerdo con ella y en el respeto al resto del ordenamiento jurídico (…). Que esto sea así para todo poder público deriva, inexcusablemente, de la condición de nuestro Estado como constitucional y de Derecho”.
Es por ello que en la toma de posesión de los cargos públicos se exige, en determinados supuestos, una muestra de expreso acatamiento a la Constitución, que puede hacerse por imperativo legal o incluir fórmulas de carácter particular que elija quien ha de prestar el juramento o promesa; pero esta posibilidad “tiene, sin embargo, como límite el que su formulación desnaturalice o vacíe de contenido el acatamiento mismo mediante fórmulas que supongan un fraude a la Ley o priven de sentido al propio acatamiento” (Sentencia del Tribunal Constitucional 74/1991).
Es claro, por tanto, que pese a que en España no se siga el principio de “democracia militante” y puedan, por tanto, defenderse posiciones políticas contrarias a los valores constitucionales, es exigido que las autoridades públicas ajusten su comportamiento a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, ya que esta adecuación de la actuación de las autoridades y de la administración se conecta con el carácter de “Estado de Derecho” de nuestro país.
Este necesario sometimiento de las autoridades y de la administración al ordenamiento jurídico no es una mera formalidad, sino también una garantía para los ciudadanos, quienes tenemos el derecho de esperar que los poderes públicos actuarán dentro del marco legal. Repugna a la seguridad jurídica que los ciudadanos podamos estar sometidos a un poder público que se sitúa al margen de la ley.
Y también repugna a la seguridad jurídica la mera amenaza de actuar al margen de la ley. Es evidente que una declaración cuyo contenido sea anunciar el incumplimiento del ordenamiento jurídico debería tener consecuencias políticas, tanto a nivel de partidos y opinión pública como en lo que se refiere a la acción de gobierno; y dejando de lado las posibles actuaciones penales que pudieran derivarse. ¿Podemos imaginarnos por un momento al Presidente del Gobierno afirmando con solemnidad en el Congreso de los Diputados que su actuación de gobierno no estará sometida a los límites constitucionales y que no se entiende sometido a la ley y al Derecho? ¿Permaneceríamos indiferentes ante esta declaración y esperaríamos pacientes a que dicha declaración se convirtiera en algún tipo de hecho; es decir, esperaríamos a que la amenaza se concretara y entretanto miraríamos complacientes a quien la profiere? ¿Por qué, entonces, hacemos esto cuando quien realiza tal amenaza es el que ha sido designado como Presidente de una Comunidad Autónoma? ¿Es que los ciudadanos de Cataluña no merecemos, al igual que el resto de los españoles, vivir en una sociedad en la que los poderes públicos no solamente actúen dentro del marco legal, sino que hagan expreso este acatamiento y cesen en sus amenazas a los ciudadanos?
Las amenazas de actuación al margen de la ley emitidas por el Sr. Torra i Pla causan ya un daño cierto a la seguridad jurídica y perjudican a los ciudadanos catalanes. Máxime cuando estas amenazas no hacen más que dar continuidad –de manera expresa- a los hechos de septiembre/octubre que tantos perjuicios nos causaron, tanto dañaron la imagen de Cataluña y del conjunto de España y tanto debilitaron nuestra posición internacional.
Las palabras siempre son graves; pero cuando, además, estas palabras se realizan en un contexto de verosimilitud, dejarlas caer en el vacío es una enorme irresponsabilidad que como ciudadanos hemos de denunciar ya no solo en aras del interés general, sino también apelando a los perjuicios que individualmente nos causa este sometimiento a quien se propone –así lo ha manifestado- destruir nuestro marco de convivencia en Cataluña.
Soy consciente de que lo anterior no me otorga la posibilidad de exigir una actuación política al Gobierno que pueda estar respaldada por los tribunales. El Presidente del Gobierno a quien tengo el honor de dirigirme goza de la competencia constitucional para determinar cuándo ha de actuar y cuándo no; y solamente en los casos más graves de dejadez podría haber una responsabilidad jurídica por su inacción; pero lo anterior tampoco me impide ejercer mi derecho como ciudadano de dirigirme al máximo responsable de la dirección política del país para pedirle que ejerza las funciones constitucionales que tiene atribuidas a fin de proteger el orden constitucional en Cataluña y la seguridad jurídica de sus ciudadanos y adopte las medidas necesarias para que el Sr. Torra i Pla, habiendo defendido el programa de gobierno que presentó los días 12 y 14 de mayo ante el Parlamento de Cataluña, no pueda ejercer de manera efectiva el cargo de Presidente de la Generalitat de Cataluña, con todas las funciones inherentes a dicho cargo; al menos en tanto en cuanto no manifieste de manera clara e inequívoca aquello a lo que constitucionalmente está obligado: su acatamiento a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
