Nadie duda de la legitimidad policial para investigar, por ejemplo, a sospechosos de terrorismo o a grupos de ultraderecha, tanto si están en la clandestinidad o amparados bajo entidades legalmente constituidas. Pero cuando esas investigaciones se refieren al independentismo son rechazadas y denunciadas sistemáticamente como 'guerra sucia', estableciendo un obsceno paralelismo con la que libró el gobierno de Felipe González contra ETA.
El Estado debe investigar siempre a los sospechosos de cometer un delito, sean políticos o no. Y la Generalitat presidida por Artur Mas vulneró en diversas ocasiones la legalidad con el objetivo público y notorio de la secesión. No se puede, pues, pedir a un Estado que no actúe contra los que conspiran contra él. Pero, por el contrario, lo que sí se puede, y se debe, es exigir que ese Estado actúe de acuerdo con la legalidad. Sin vulnerarla, sin cal viva y sin pistoleros a sueldo.
Hasta el momento, no han aparecido pruebas de que la policía haya vulnerado la legalidad en Cataluña, pero sí indicios de una 'guerra de clanes' dentro del Ministerio del Interior. Una guerra en la que se espían entre ellos y en la que
ha desparecido información confidencial relacionada con investigaciones de corrupción en Cataluña que custodiaba la Unidad de Inteligencia.
Desde el tiempo de los GAL, las cloacas de Interior bajan sucias, sin que ninguna administración posterior -socialista o popular- haya procedido a su limpieza a fondo. Unas cloacas que pueden revelarnos muchas sorpresas, y no necesariamente en las que ahora estamos pensando.
