Por qué Guaidó es el único presidente legal, legítimo y democrático de Venezuela

“Maduro tiene hasta el 10 de enero la legitimidad de unas elecciones que nosotros reconocemos, pero el 10 de enero se le acaba ese mandato y empieza uno en base a unas elecciones que no reconocemos”. Así de claro lo dijo el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell.

El pasado 10 de enero Nicolás Maduro usurpó la presidencia de Venezuela al jurar un cargo para el que había sido elegido el 20 de mayo de 2018, con el 30% de los votos y una abstención de 54% del censo, en unos comicios presidenciales convocados por una Asamblea Nacional Constituyente, ilegítima e inconstitucional, que el 'chavismo' se sacó de la manga al perder la mayoría en la Asamblea Nacional, el único parlamento elegido legal y democráticamente.

Para lograr la Constituyente, el régimen renovó fraudulentamente el Tribunal Superior de Justícia con la designación de dirigentes chavistas como magistrados. El nuevo TSJ asumió inconstitucionalmente competencias legislativas propias del parlamento, declaró a la Asamblea Nacional en desacato y convocó, sin competencias para ello, elecciones a una Constituyente que concedió poderes supra-constitucionales a Maduro. Elecciones en las que hubo una escasa participación y mucho fraude electoral, como denunció la propia empresa de voto electrónico, Samrtmatic.

La Asamblea Nacional y múltiples países de todo el mundo no reconocieron ni la legitimidad de la Constituyente ni la de las elecciones presidenciales. Mantuvieron el reconocimiento del mandato de Maduro hasta su expiración, pero no reconocen su nuevo mandato.

En este escenario, y a partir de la usurpación de la presidencia por Maduro el 10 de enero, la Asamblea Nacional, en base al artículo 333 de la Constitución venezolana, asumió temporalmente funciones del poder ejecutivo, incluido el ejercicio de los derechos del Estado ante la comunidad internacional. Esta autoridad, como detalla el profesor José Ignacio Hernández (ver el pdf), tiene como objetivo restablecer la aplicación de la Constitución y poner fin a la usurpación mediante el nombramiento de un Presidente en funciones, condición necesaria para organizar y celebrar elecciones libres y transparentes. Y es en virtud de esas funciones que la Asamblea Nacional ha nombrado presidente interino al diputado Juan Guaidó.

El taxi elige el ¡Vivan las cadenas!

'¡El taxi tiene que parar todo el país para someter a los neoliberales!'

He ahí el grito de guerra contra los que entreabrieron la puerta de la competencia a un mercado intervenido que ha beneficiado sobre todo a las administraciones públicas y a los especuladores de licencias. Sí, la competencia de Uber y Cabify ha puesto en jaque al sector del taxi, pero lo ha puesto porque el intervencionismo público impide que los taxistas dispuestos a ello puedan competir. El taxi, regulado por una maraña de normas, trabas y limitaciones al mercado, es un activo cautivo exprimido por la administración pública, que les quita hasta un 50% de sus ingresos.

Son los ayuntamientos, los entes metropolitanos y las comunidades autónomas los que lo determinan. En Cataluña, el sector está regulado por la Ley del Taxi de 2003, modificada parcialmente en 2015, y por el Reglamento Metropolitano del Taxi, entre otras disposiciones que fijan las tarifas y los recargos (nocturnidad, aeropuerto...), establecen las limitaciones al tipo de vehículo y provocan la especulación por una oferta limitada de licencias, que hace que alcancen en la calle precios astronómicos.

Los dirigentes del sector del taxi no deberían, pues, equivocarse de enemigo. La solución no pasa por perjudicar o suprimir a los competidores, por bloquear calles y carreteras, quemar contenedores o agredir a conductores y vehículos VTC o por mantener la protección de los establecidos en detrimento de los usuarios, de los que nadie se acuerda y a los que nadie les pide opinión. Y la mejor manera de hacerlo no es acabando con la competencia sino cambiando la burocrática intervención pública por unas reglas del juego, simplificadas y objetivas, iguales para todos.

Los taxistas, como muchos otros sectores afectados de cerca o de lejos por la globalización, merecen algo más que ser abandonados a su suerte como 'víctimas colaterales' de la disrupción tecnológica. Acusados de fachas, de luditas, de aferrarse a sus viejos privilegios, reales o supuestos, les hemos echado a los brazos del populismo, que les ha convencido que solo solventaran sus problemas con más intervención, más prohibiciones y más limitaciones a la competencia.

Los taxistas deberían 'poder fijar la tarifa en base a la demanda y no a criterios políticos de limitación de oferta' y recibir 'una bonificación en sus impuestos por las licencias pagadas a precio desorbitado porque se limitaba la oferta artificialmente'. La propuesta de Cabify de crear un "fondo de transición" para el taxi que garantizaría compensaciones al sector en caso de que perdieran sus licencias, iría en esa dirección..

Sin embargo, los taxistas han decidido que su enemigo no es la burocracia intervencionista del Estado, que los estruja pero los cobija, sino el neoliberalismo, palabra talismán que sirve para explicarlo todo sin necesidad de resolver nada. Los taxistas se movilizan ahora al grito absolutista de ¡Vivan las cadenas!. 



Impacto socioeconómico de la modernización de los servicios VTC (pdf)
¿Cómo se ha afrontado en el resto de los países de Europa el conflicto entre el taxi y los VTC?



 

Por qué 'El Reino' será la gran ganadora de los Goya 2019

Acabo de ver la película 'El Reino'. Esperaba algo mejor. Algo más que un envoltorio muy logrado pero sin nada dentro. Algo más allá del tópico, la pereza intelectual y el nihilismo de pandereta que alimenta y se alimenta de esa supuesta España que 'no tiene solución'.

Se presenta como la película necesaria sobre la corrupción en España, pero en realidad no nos cuenta nada sobre la misma, sobre como se hace posible y como se expande, sobre su dimensión real y sus efectos corrosivos en la sociedad. Serviría igual el tráfico de drogas o la prostitución forzada, porque el objetivo de la película no es otro que exhibir a un tío cutre al que le viene el canguelo cuando es descubierto por la ley.

Sorogoyen tenía la oportunidad de ofrecernos una tragedia shakesperiana -la del irrelevante ambicioso traicionado y abandonado a su suerte por los suyos- pero se le ha quedado en un Torrente de mayor poder adquisitivo. Parece una maldición, pero el cine español -o gran parte de él- nunca pierde la oportunidad de perder una oportunidad.

Tras un inicio en el que temes lo peor, la película se centra en el personaje que concreta la corrupción y en su desesperada huida hacia adelante. Un periplo que mantiene la tensión narrativa con situaciones inverosímiles, grotescas o surrealistas -como la que transcurre en la casa ocupada de estranquis por la hija licenciosa del 'cerebro' de la corrupción- para estrellarse en un pretencioso diálogo final, mediocre y doctrinario, entre el corrupto y la Ana Pastor de turno, que es un insulto a la inteligencia del espectador.

'El Reino' será, pues, la gran ganadora de los Goya 2019.

Acabar con la inmigración ilegal, ese salvaje 'laissez faire, laissez passer' alentado por la izquierda

La nada sospechosa de prejuicios anti-inmigración Hillary Clinton pedía a Europa que pusiera freno a la inmigración en una entrevista publicada el 8 de noviembre en el periódico británico The Guardian. Lo decía con estas palabras:

"Admiro los enfoques muy generosos y compasivos que tomaron particularmente líderes como Angela Merkel, pero creo que es justo decir que Europa ha hecho su parte y que debe enviar un mensaje muy claro:" no vamos a poder continuar brindando refugio y apoyo ', porque si no lidiamos con el problema de la migración , continuará arruinando el cuerpo político ".    

Para algunos, las palabras de Hillary pueden resultar sorprendentes, aunque lo realmente sorprendente es que la izquierda, cuya vocación es regularlo todo, haya permitido cuando no alentado este salvaje laissez faire, laissez passer migratorio.

En los últimos cinco años han muerto o desparecido solo en el Mediterráneo 17.645 personas, 2.297 el año pasado, de las cuales 809 se dirigían hacia España. Un auténtico migranticidio.  En comparación estadística con el feminicidio, 47 mujeres fueron asesinadas por 'violencia de género' en el mismo período de tiempo.

Sin embargo, el elevado número de víctimas en el mar no parece ser disuasorio, probablemente porque la gran mayoría de los que intentan entrar irregularmente en España lo consiguen. El año pasado fueron 64.298, de los cuales 57.489 llegaron por mar en 2.109 embarcaciones y 6.800 lo hicieron por tierra saltando a Ceuta y Melilla.

La baja percepción disuasoria del peligro es uno de los efectos perversos de la sin duda bienintencionada acción humanitaria de las ONG, que a mayor éxito de sus operaciones de salvamento más inmigrantes se lanzan al mar. Otras veces, la acción humanitaria parece sustituir a las mafias cuando 'rescatan' inmigrantes a 20 km de Libia y, en lugar de devolverlos sanos y salvos a la costa africana, los embarcan rumbo a España en una larga travesía de 2.000 a 2.500 km. Es la trágica paradoja de los rescates.

Poner fin a tantas muertes y a tantas entradas ilegales solo sería posible si existiera una disuasión creíble. Hace cuatro años, el Gobierno australiano fue criticado por publicar un anuncio en el que desalentaba a los solicitantes de asilo a viajar ilegalmente al país. "No Way". "No harás de Australia tu hogar. Si subes a un barco sin visado, no acabarás en Australia. Cualquier embarcación que intente entrar ilegalmente en Australia será cuidadosamente interceptada y expulsada de las aguas australianas". Era un mensaje duro, pero que funcionó. Las cifras de inmigración ilegal en Australia son ahora las más bajas en diez años.



Tanto es así que a principios de 2017 al menos seis países europeos y la Unión Europea pidieron secretamente a Australia asesoramiento sobre cómo detener la avalancha de solicitantes de asilo que llegaban por mar.  En una reciente cumbre, varios países miembros de la UE accedieron a copiar el modelo australiano de devolver los barcos de migrantes.

Todos los líderes europeos son conscientes que la inmigración ilegal es mala, pero la mayoría no se atreven a decirlo abiertamente y combatirla sin hipocresía. La inmigración irregular es mala porque miles de personas pierden la vida en ella. Es mala porque en los países afectados por la misma reduce la seguridad, dificulta la convivencia, sabotea el mercado laboral y la fiscalidad, limita la gobernabilidad, abona el populismo y erosiona el estado de derecho. Y, por si todo ello fuera poco, al sumarse a la elevada inmigración legal satura cualquier posibilidad no ya de asimilación, total o parcial, sino ni tan siquiera de integración, exacerbando el tribalismo identitario y el calidoscopio multicultural.

Un estudio reciente de investigadores del Massachusetts Institute of Technology y de la Yale University estima que los indocumentados en Estados Unidos serían unos 22.1 millones en lugar de los 11-12 millones estimados oficialmente. Ante cifras como esa ¿qué presupuestos y políticas públicas pueden hacerse si el Estado desconoce la existencia y la actividad de millares, de cientos de miles o incluso millones de personas, dentro de su territorio?



La inmigración ilegal es, además, una bomba de relojería que las organizaciones yihadistas como Estado Islámico o Al Qaeda, casi derrotadas en Irak y Síria, quieren activar. El terrorismo islamista está desembarcando en el Shael con el objetivo de fomentar e infiltrar una nueva oleada migratoria con destino a Europa. Lo ha advertido el jefe del Programa Mundial de Alimentos de la ONU: "Si los europeos creen que han tenido un grave problema migratorio a consecuencia de la desestabilización y la guerra en una nación de 20 millones de personas como Siria, que esperen a ver lo que pasará cuando la región del Sahel con 500 millones de personas se desestabilice aún más. La comunidad europea y la comunidad internacional tienen que despertar".

Cerrar los ojos, ignorar el problema y no atajarlo es un suicidio. Sin embargo, la gran mayoría de los partidos del establishment parecen  incomprensiblemente decididos a dejar el sentido común en manos de Vox y sus pares.



THE CATALAN ANALYST

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Artículos citados:

El Isis está tratando de fomentar una ola de migración a Europa, dice funcionario de la ONU

Australia: un modelo para contener la inmigración

Hillary Clinton: Europa debe frenar la inmigración para detener a los populistas de derecha

¿Es la inmigración un derecho?

En Europa, la "crítica de la migración" se convertirá en un delito penal