<h1>El Gobierno prevé tomar el control de los Mossos y cortar la liquidez a Cataluña</h1>

1/ Medidas económicas, como la suspensión de nuevas remesas del Fondo de Liquidez. La situación de ahogo financiero de la Generalitat es tal que, en unas semanas, dejaría de pagar a algunos proveedores e incluso tendría problemas para abonar las nóminas de sus funcionarios. En esa fase, destacados representantes de la burguesía catalana alzarían sus voces ante los perjuicios evidentes que acarrea la deriva independentista.

2/ Posterior a la primera fase o en paralelo, la Abogacía del Estado y la Fiscalía recurrirían por la vía penal contra los responsables de la desobediencia a las resoluciones del Tribunal Constitucional. Artur Mas, o la persona que asuma la Presidencia de la Generalitat, y Carme Forcadell, presidenta del Parlament, están en el punto de mira de las querellas por posibles delitos de desobediencia e incluso rebelión.

3/ En caso de que persistieran los actos de ruptura de la legalidad, el Gobierno pondría en marcha la aplicación gradual del artículo 155 de la Constitución. El primer paso en esa tercera fase sería el de retirar a la Generalitat la competencia sobre la actuación como Policía de Seguridad Ciudadana de los Mossos d'Esquadra, que pasarían a depender directamente del Ministerio del Interior. En estos momentos, las labores de Policía Judicial en Cataluña siguen en manos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

En el informe realizado sobre los Mossos se ha detectado que una gran mayoría de sus efectivos -a excepción de unos 300 miembros catalogados de convencidos independentistas-, se mantendría fiel al ordenamiento constitucional. Más información...

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