El 11M se cometió el mayor atentado terrorista de la historia de España. Mató a casi 200 personas, que fueron asesinadas con el objetivo de castigar al gobierno de España -supuestamente por haber participado en la coalición internacional para derrocar a Saddam Hussein- e impedir su reelección. El magnicidio se cometió un jueves, cuatro días antes de las elecciones generales del año 2004, en las que el PP partía como favorito en todas las encuestas.
Ese crimen, en lugar de provocar que todos los partidos cerraran filas frente a los asesinos, lanzó a sectores importantes de la oposición a intentar sacar rédito electoral del mismo. Bajo la falsa acusación de que el gobierno ocultaba información -si se repasan las conferencias de prensa de Acebes se comprobará que dió puntualmente toda la información disponible- creyeron justificada cualquier reacción, incluído el sobrepasar los límites establecidos por la ley electoral, tanto para el día de reflexión como para la jornada electoral. El error de Acebes fue mantener demasiado tiempo la posibilidad de la autoría de ETA, cuando los datos que él mismo estaba ofreciendo parecían desmentirlo. No olvidemos, sin embargo, que a media mañana del 11M, el mismísimo lehendakari vasco Ibarreche comparecía ante los medios para lamentar que a ETA se le hubiera ido la mano.
Ahora, doce años después, la tentación de ofrecer carnaza para condicionar el voto de los ciudadanos ha vuelto a materializarse. El 11M parece haber creado escuela. No en los métodos -cuya comparación sería una banalización inmoral- pero si en los fines. Entre los atentados del 11M y la filtración de las conversaciones entre Fernández Díaz y De Alonso hay una vergonzosa similitud: condicionar el resultado electoral. Los atentados en los trenes, a cuatro días de las elecciones, perseguían que el voto se realizase bajo los efectos traumáticos de la muerte y el dolor. La filtración de las grabaciones a menos de una semana del 26-J, sin tiempo material suficiente para saber si han sido manipuladas o no, sin tiempo para que los afectados puedan ejercer en condiciones su legítimo derecho de defensa, persigue que el voto se realice bajo los efectos del 'escándalo'.
Las grabaciones, de hace dos años, se han filtrado justo ahora, a pocos días de las elecciones. ¿Por qué, si esas grabaciones eran la prueba de acciones ilegales por parte del Estado, no se han hecho públicas hasta ahora? ¿Por qué no las presentaron ante la fiscalía desde el primer momento en que tuvieron acceso a las mismas? ¿Por qué las han retenido, hurtándolas a la acción de la justícia, hasta los últimos días de la campaña electoral?
Sólo hay una respuesta: por qué el objetivo del 'golpismo' mediático no es la verdad, es violentar el resultado electoral; no es llevar ante la justicia a las cloacas del Estado, es intentar por todos los medios liquidar al adversario político.
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