Puigdemont y los nombres clave del 3%

Josep Bosch

Es el juez de primera instancia de El Vendrell (Tarragona) y quien dirige el caso. No se trata de un anticatalanista furibundo, un émulo de Daniel de Alfonso o un sicario del ministro de Interior. Nacido en Barcelona en 1985, Bosch abrió la investigación por la denuncia de una exconcejal del Ayuntamiento de Torredembarra. Trabaja en sintonía con los fiscales anticorrupción de Madrid y Barcelona y la Unidad Central de la Guardia Civil, la denominada "UCO", ejerce de policía judicial.

Monserrat Gasulla

Exconcejal de ERC en Torredembarra, Gasulla fue quien tiró de la manta y presentó la denuncia ante el juez Bosch. No hubo fabricación de pruebas, ni conversaciones grabadas, ni filtraciones sino el asombro de una edil independentista ante el descaro con el que funcionaba Convergencia. No sólo era en su municipio, sino que se trata de una red de ayuntamientos convergentes en toda Cataluña. Gasulla afirmó a esRadio que informó a Oriol Junqueras y que este no hizo nada.

Josep Manel Bassols

La mano derecha de Puigdemont, el exalcalde de Anglès (Gerona) y empresario de privilegiadas conexiones en las administraciones catalanas, desde la Generalidad a los ayuntamientos pasando por las diputaciones y consejos comarcales. Ya es la segunda vez que lo detienen en menos de un año por las mordidas de Convergencia. En 2011 fue el estratega electoral que aupó a Puigdemont a la alcaldía de Gerona.

Núria Bassols

Esposa del antedicho Josep Manel Bassols, exmagistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a propuesta de CiU y comisionada por la "Transparencia" en el último gobierno autonómico presidido por Artur Mas. Cuando su marido fue detenido por primera vez, hasta ERC pidió su cabeza. Mas la mantuvo en su puesto hasta la disolución del ejecutivo tras el nombramiento de Carles Puigdemont.

Carles Puigdemont

Presidente de la Generalidad. Firmó seis contratos con la consultora Efial, reconvertida después en Consultora de Gestión Innovadora (CGI) en sus tiempos de alcalde. Los investigadores judiciales centran sus pesquisas en esa sociedad, que se vio favorecida sistemáticamente por adjudicaciones de los municipos convergentes, incluida Gerona, la ciudad que gobernó entre 2011 y 2016 Carles Puigdemont.

Antonio Marcos

Un exalto funcionario del Ayuntamiento de Barcelona, fue uno de los fundadores de Efial, la consultora estrella de las adjudicaciones municipales a dedo. El otro, Jaume Sabater Rovira, fue alcalde de Portbou (Gerona) y es presidente de la Associació d'Entitats Financeres de Andorra. Los hombres en los que confió Puigdemont, la segunda generación del tres por ciento, la consultora que se hacía cargo de los mejores contratos municipales.

Vía Libertad Digital

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¿Cómo surge la sospecha?

En el caso del 3%, que se investiga en el Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell, se abre una pieza separada, la número 7, para investigar el desvío de dinero público en Torredembarra, gobernada por el regidor convergente Daniel Masagué entre 2008 y 2014, cuando fue detenido. En la pieza se investigan pagos injustificados del Consistorio.

¿Cuándo aparece Efial?

Entre los muchos desmanes denunciados emerge que esta empresa de consultoría fue contratada por el Ayuntamiento para realizar labores de asesoría legal, pese a que el Consistorio ya tiene letrados en nómina. Además, el contrato había sido catalogado de menor cuantía para eludir la necesidad de concurso público, pero el coste superó con mucho el máximo exigido: en vez de menos de 18.000 euros, se disparó hasta los 350.246 nada menos.

¿Cuál era la órbita política de Efial?

Rafael Orihuel, secretario del Ayuntamiento, declaró ante el juez que «los de Efial eran conocidos como los hombres de negro en el Ayuntamiento, porque entraban y salían pero nadie sabía para qué» y que la firma «era una mercantil vinculada políticamente a CiU». En un pinchazo, la interventora, Esther Agulló, aseguraba: «Efial es del alcalde totalmente». En diferentes declaraciones, los implicados explican que era el alcalde quien los contrató y que el motivo fue que «en otros ayuntamientos habían conseguido deducir el IVA».

¿Quién lo denunció?

La concejal de Esquerra Republicana de Catalunya Montserrat Gassull fue la impulsora de las investigaciones, al presentar una cascada de denuncias sobre hechos que, en el caso de Efial, la Guardia Civil cree que podrían ser constitutivos de los delitos siguientes: prevaricación, malversación, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, alteración de precios en concursos, tráfico de influencias, blanqueo y omisión del deber de perseguir delitos.

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