Desde Montesquieu sabemos la importancia que tiene la división de poderes para la existencia del Estado democrático de Derecho. Es por ello que la crítica descarnada del poder político al poder judicial -como la que ocurre estos días entre Trump y algunos jueces federales sobre la suspensión de visados para visitantes de 7 países musulmanes- nos provoca angustia y preocupación.
Sin embargo, una cosa es expresar puntualmente el desacuerdo -incluso si ese desacuerdo se manifiesta de manera desafortunada o errónea- y otra muy distinta ignorar o desobedecer las competencias legales del poder al que se critica. Lo primero es legítimo, sea o no conveniente. Lo segundo es ilegal.
De hecho, la crítica o la acusación a jueces en EEUU por parte del presidente de la nación no es algo inédito, original de Trump. Jefferson, Marshall, Eisenhower e, incluso, el mismísimo Abraham Lincoln tuvieron sus más y sus menos con jueces federales y del Tribunal Supremo. Y nadie ha puesto nunca en duda, hasta ahora, que EEUU no sea un Estado de Derecho.
Podemos discutir si la medida de suspensión de visados sirve o no para algo, si es más perjudicial que beneficiosa, pero difícilmente se puede estar en desacuerdo en que el presidente de un país tiene la obligación de garantizar la protección de las fronteras y de mantener alejados a todos aquellos a los que se considera una amenaza.
¿Evitarán estas medidas de Trump atentados en EEUU? Es imposible de saber. Pero lo que sí podemos decir es que su implementación manda un mensaje inequívoco al mundo: estamos en guerra contra el terrorismo y estamos dispuestos a aplicar las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad de nuestra sociedad abierta y derrotar a sus enemigos. Puede parecer una paradoja, pero no lo es. Sin una seguridad razonable, disuasoria y sostenible, la libertad y la democracia son imposibles.
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