Rodrigo Rato, la corrupción y la emergencia de un 'estado policial justiciero' llamado UCO y UDEF

Este viernes se hizo público un asombroso auto del juez instructor del caso Rato, Antonio Serrano-Arnal. Tan asombroso que logró hacerse un hueco en los informativos, a pesar de Puigdemont y su golpismo gagá. El auto es una afirmación de autoridad, una irritada réplica a la UCO: ¡El juez soy yo! Con dos subtítulos: no valen las investigaciones prospectivas ni las causas generales, y ya está bien de redactar informes sin base fáctica alguna y, además, sobre hechos ya prescritos.

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Dos agentes de la UCO habían redactado y filtrado un atestado -el 64/2017- que subía una decisiva octava el caso contra Rato al vincular su presunta corrupción privada con su probada actividad pública como ministro de Aznar: un Gobierno criminal. Concretamente, el informe acusaba a Rato de aprovechar el proceso de privatizaciones de los años 90 para colocar al frente de empresas a personas de su confianza, que luego le habrían devuelto el favor contratando, por encima del precio del mercado, a una compañía de comunicación de la que él era accionista. Cohecho y blanqueo, calificaba la UCO. Malversación, agravaba la Fiscalía. Cárcel, sentenciaba la prensa. Pero el juez no encontró nada. Párrafo a párrafo, su auto desmonta las acusaciones de sus colaboradores. Con fría sorna, denuncia el abuso del condicional por parte de los guardias civiles: «podría señalarse», «habría que preguntarse», «habría que cuestionarse», «parecería razonable». Con un profiláctico desprecio por la posverdad, reivindica el valor de los hechos frente a las conjeturas: «no va más allá de la mera suposición», «no existe ni un sólo indicio», «no está acreditado», «carece de sustento fáctico alguno». Y hasta apunta a una posible prevaricación. La actuación de la UCO, afirma, «va más allá de la interpretación y garantías que rigen el Derecho Penal». El auto es demoledor.

Las reacciones al auto de Serrano-Arnal son tan interesantes como el auto en sí. Ahí han quedado, expuestas, las dos actitudes de nuestro tiempo ante la Justicia. La que somete la opinión a los hechos y la que somete los hechos a la opinión. Y pocas opiniones son más poderosas en este turbio momento español que las derivadas del hartazgo ciudadano ante la corrupción. El justiciero vive del hastío y lo multiplica. No se somete a las limitaciones del Derecho porque no acepta la distinción entre el delito y el reproche moral. Basta que la conducta de una persona -o la propia persona- merezca su reprobación para aplicarle el tratamiento reservado a un criminal. O peor. Para negarle la presunción de inocencia. | CAYETANA ÁLVAREZ DE TOLEDO

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Auto del juez instructor del caso Rato, Antonio Serrano-Arnal