Un paradójico Baltasar Garzón que se justifica denunciando la 'posverdad que reinventa la historia y a nada conduce'
La definición de posverdad es la de mentira emotiva, es decir cuando lo ocurrido en realidad tiene menos importancia que la percepción que cada cual tiene de ello. La posverdad puede en demasiadas ocasiones transformarse en aquel ejercicio en el que Goebbels fue experto: repetir mil veces una mentira para que acabe estableciéndose en el imaginario como realidad incontestable. El 21 de julio, el Ayuntamiento de Barcelona decidió admitir una de estas posverdades y elevarla a acuerdo institucional. Me refiero a una propuesta que la CUP Capgirem presentó al pleno en la que se rechazan “las torturas denunciadas por los militantes independentistas” en 1992 en lo que denominan “operación Garzón”. Condenan públicamente “todo tipo de persecución policial sufrida por la militancia independentista…” y plantean organizar un acto de memoria de aquellos hechos contra la tortura y los malos tratos. Para terminar, reprueban “la actuación del exjuez Baltasar Garzón por haber faltado a la verdad diciendo que ninguno de los detenidos había denunciado torturas delante de él, cuando existen pruebas materiales de su existencia…” A favor votaron Barcelona en Comú, PDECat, ERC, el concejal no adscrito, Gerard Ardanuy, y la CUP Capgirem.
Bueno, pues es falso. La CUP miente y lo sabe. Lo que han rebautizado a posteriori como “operación Garzón” –los nombres de otros jueces que también ordenaron detenciones en esos momentos parece que venden menos– fue fruto de dos años de investigación de la Guardia Civil a una organización terrorista que, lo siento, es lo que había definido hasta entonces a Terra Lliure. Las torturas que denunciaron los detenidos fueron incluidas en el acta de las declaraciones con mi firma inmediatamente debajo, como bien se ve y me mostraron recientemente en el Parlament de Catalunya algunas de las personas que hacen estas acusaciones.
En aquel momento –1992– ningún otro juez se atrevía a recoger esas denuncias en el acta de la propia declaración de los detenidos que así decidían hacerlo constar. ¿Cuál es la mentira entonces? Por escrito lo tienen y signado personalmente por mí.
¿Estoy de acuerdo en que no se investigó lo suficiente? Sí. En lo que no estoy de acuerdo es en que la responsabilidad recaiga sobre el único juez que no podía investigar. Porque, como también saben bien la CUP y sus compañeros de viaje, pues cuentan con buenos abogados que les explican la ley, el juez de la Audiencia Nacional no puede, bajo concepto alguno, por falta de competencia objetiva, investigar torturas o malos tratos, sino recoger en acta la mención de los hechos referidos a ese presunto delito, como así se hizo. El juez de instrucción competente (en este caso jueza) era el titular del juzgado natural de la zona en que se produjeron los hechos denunciados (el de Madrid). A partir de ahí debía resolver el ministerio fiscal en su función de ejercer la acción penal y perseguir el delito, y la juez, investigarlo.
En esa concatenación de posverdades de la CUP y los viejos militantes de Terra Lliure llegamos a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que condena a España por no investigar suficientemente las denuncias de torturas, pero se explica con prístina claridad que la actuación de quien esto firma fue impecable y no se condena por torturas, como arteramente se expone en aquel acuerdo.
Todo lo anterior lo expliqué a un grupo de personas a las que invité a conversar cuando me abordaron en el Parlament de Catalunya, al que fui convocado por el grupo de trabajo que entiende del terrible caso de niños robados del franquismo. Mantuve mi presencia por responsabilidad democrática, aun sabiendo que se produciría este encuentro. Fue, curiosamente, el 18 de julio. Me impresionó, debo decir, que por dejar patente su rechazo hacia mi persona los dos diputados de la CUP no quisieran intervenir en una reunión que afectaba a más de 30.000 víctimas ilegalmente dadas en adopción o directamente robadas durante la dictadura franquista y aún en democracia. Pero cada cual es libre de explicar a su electorado cuáles son sus prioridades.
Los denunciantes también recordarán que seis de los 15 detenidos fueron condenados por el tribunal de la Audiencia Nacional en 1995 por pertenencia a banda armada o colaboración, tenencia ilícita de armas o terrorismo. Es decir, no hablamos de ideólogos independentistas que elaboraban argumentos en distendidas charlas de café o en reuniones de reflexión. Hablamos de personas que utilizaban el terror como método para exponer sus ideas. Otra posverdad de la CUP cuando reivindica a los protagonistas de una época que nadie desea recuperar.
No entiendo ese empeño de intentar reivindicar visiones del pasado distorsionadas, ni pretendo convencer a nadie de nada que no quiera reconocer. No merece la pena perder el tiempo en ello. Su verdad no es la mía y sus argumentos se han ido convirtiendo en un compendio de dimes y diretes engrosado, cada vez menos cierto. Yo hice lo que pude, incluso emprendí la única inicial investigación que se realizó y, por supuesto, rubriqué sus denuncias. He peleado siempre por evitar los malos tratos y las torturas, hasta el punto de haberme granjeado enemigos no menores que han hecho lo posible por sacarme del juego. Otros colegas no trabajaron en esta línea. ¡Qué le vamos a hacer!
Nadie es perfecto. He realizado mi autocrítica en innumerables ocasiones y pienso seguir haciéndolo. Pero no puedo aceptar que la imaginación o el deseo se centre en una lectura parcial e ¿interesada? de la historia. Creo que los ciudadanos esperan mejores cosas de todos nosotros y que cada cual debe elaborar su propia mirada interior, relacionándola con lo que desea aportar a la sociedad.
Quédense pues con la que denominan apócrifamente “operación Garzón” que yo sigo con mi defensa irrestricta de los derechos humanos y de la legalidad frente al abuso, venga de donde venga, actitud por la que ya he pagado un alto precio. Ahora bien, si con estos argumentos se defiende el “procés”, creo que también me he equivocado en la valoración y defensa de los fines, fundamentos y argumentos de quienes lo propugnan. Desde luego la defensa que por convicción he hecho del debate, la aproximación, la pluralidad de España, el derecho a decidir, quedan hueros ante actitudes que abrazan esa llamemos posverdad que reinventa la historia y a nada conduce.| BALTASAR GARZÓN
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