'Sé lo que está en juego y lo que se espera de mí. Haré todo lo necesario, sin renunciar a nada'

Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia.

Comparezco ante ustedes para informarles de los acuerdos adoptados en la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros que acabamos de celebrar.

Después de haber recibido el preceptivo dictamen del Consejo de Estado y escuchado a los miembros del Gabinete, acabo de dar instrucciones a la Abogacía del Estado para que registre inmediatamente el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Referéndum que votó ayer el Parlamento de Cataluña.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha acordado impugnar, también ante el Tribunal Constitucional, el decreto de convocatoria del referéndum firmado anoche por el presidente de la Generalitat y el decreto por el que se aprueban las normas complementarias para la realización del mismo.

Por último, recurrimos la resolución 807/11 del Parlamento de Cataluña por la que se designan cinco miembros de la Sindicatura Electoral.

En los recursos el Gobierno pide la nulidad de todos estos actos y que se decrete la suspensión de los mismos, a la espera de la correspondiente sentencia.

Asimismo, hemos solicitado que se notifique personalmente dicha suspensión al presidente de la Generalitat y a todo su Gobierno, a los principales altos cargos de la Generalitat relacionados, de una u otra manera, con la organización de ese referéndum y a los 947 alcaldes de Cataluña.

Se solicita, por último, al Tribunal que en esas notificaciones personalizadas se advierta a todos ellos de su deber de impedir o de paralizar cualquier iniciativa tendente a la organización del referéndum.

Estos acuerdos del Gobierno se unen a muchos otros que hemos venido adoptando en los últimos tiempos para evitar la celebración de un referéndum ilegal que rompería la soberanía nacional, liquidaría la convivencia pacífica que hemos compartido los últimos cuarenta años de vida democrática y acabaría también con el régimen de autogobierno de Cataluña.

Son muchas y muy sólidas las razones que amparan la decisión adoptada hoy y trataré de desgranarlas de manera ordenada y pormenorizada. Cada una de ellas justificaría por si sola la actuación del Gobierno; todas juntas constituyen un aldabonazo sobre los aspectos cada vez más autoritarios y antidemocráticos que presenta la actuación de los responsables de las instituciones de Cataluña.

La primera razón es, indiscutiblemente, hacer honor a nuestro mandato de cumplir y hacer cumplir la Ley.

El principio de legalidad es un presupuesto fundamental de cualquier sociedad civilizada. España es, desde hace cuarenta años, un país que convive en paz y conforme a unas reglas acordadas por todos. Vivimos de acuerdo con unas normas que nadie nos impuso, reglas del juego que fijamos todos los españoles en libertad y para seguir viviendo en libertad y en paz. Son unas normas democráticas que velan, no solo por los derechos de las personas, también por el control de las actuaciones de los poderes públicos y por el respeto a la pluralidad de la sociedad.

Insisto, el Gobierno, con su actuación, defiende el imperio de la Ley, que es la garantía de nuestra convivencia y de nuestra libertad.

Frente a esta voluntad democrática de los españoles, plasmada en sus normas, y singularmente en su norma suprema que es la Constitución, no existe ningún poder que pueda menoscabarla y ningún tipo de legitimidad alternativa.

Algo debe quedar muy claro: lo que no es legal no es democrático. En consecuencia, la principal responsabilidad de mi Gobierno y de cualquier Gobierno en el mundo, y en cualquier circunstancia, es hacer cumplir la Ley, porque así hace cumplir la voluntad mayoritaria de los ciudadanos y se preserva la democracia.

Además, en este caso concreto de nuestro recurso contra el referéndum ilegal de autodeterminación que se ha convocado en Cataluña, estamos defendiendo un principio fundamental de nuestra convivencia: la voluntad de decidir entre todos el futuro de nuestro país. Esto es la soberanía nacional: todos decidimos sobre lo que a todos nos pertenece, que es nuestro país.

Nuestra Nación no es producto de ninguna imposición, ni una ocurrencia de última hora. Es el resultado de la voluntad y de los sentimientos de generaciones y generaciones de mujeres y de hombres que han querido vivir juntos en su innegable y enriquecedora pluralidad. Juntos hemos compartido nuestras vidas hasta hoy y así seguiremos haciéndolo en tanto en cuanto no decidamos, todos juntos, lo contrario.

Ni yo, en mi calidad del presidente de Gobierno, ni las Cortes Generales, ni ningún otro tipo de poder, pueden hurtar unilateralmente esa decisión que corresponde adoptar a todos y cada uno de los españoles.

En consecuencia, esa consulta, por más que se pretenda imponer de forma atropellada, chapucera e ilegal no se va a celebrar.

No habrá referéndum de autodeterminación, porque supone privar al conjunto de los españoles del derecho a decidir su futuro. Como comprenderán, ni el Gobierno ni los Tribunales pueden tolerarlo bajo ningún concepto.

Por si estas razones no fueran suficientes, les recuerdo, además, que la convocatoria del referéndum de autodeterminación supone un claro e intolerable acto de desobediencia a nuestras instituciones democráticas, y el Gobierno también se considera obligado a defender la dignidad de las mismas.

Todos los poderes públicos, todos, estamos obligados a guardar fidelidad a nuestra Constitución y a cumplir las distintas resoluciones del Tribunal Constitucional. Ese deber de fidelidad constituye el soporte fundamental de nuestro Estado de Derecho y la clave de bóveda del pacto de convivencia que los españoles nos dimos hace cuarenta años.

Además, el acatamiento a la Constitución no implica, en modo alguno, que esta sea una ley perpetua o que pretenda serlo. En absoluto. Todas y cada una de sus determinaciones, incluidos sus preceptos más esenciales, pueden ser modificadas. Y esa aspiración es legítima, está reconocida y está amparada por la propia norma. La Constitución se puede modificar, pero solo a través de las reglas y de los procedimientos previstos para ello; nunca mediante la desobediencia o la imposición antidemocrática e ilegal.

Les recuerdo que invité al señor Puigdemont a exponer sus demandas al conjunto de la soberanía nacional en el Congreso de los Diputados, para abrir un diálogo sobre las mismas. Nunca quiso hacerlo. Tampoco ha querido negociar ningún otro posible entendimiento que no pasara por la imposición de este referéndum que ningún presidente del Gobierno de España puede aceptar ni negociar.

Al recurrir ante el Tribunal Constitucional las leyes de convocatoria del referéndum de autodeterminación, el Gobierno también está defendiendo el autogobierno de Cataluña, la dignidad de sus instituciones y los derechos de sus ciudadanos.

Para empezar, se ataca el autogobierno de Cataluña cuando se ataca la Constitución, sobre la que se fundamenta y de la que nace su legitimidad; pero también se ataca la legalidad catalana cuando se ataca el Estatuto de Autonomía y cuando se pretende derogar de un plumazo y sin la mayoría prevista para abordar siquiera una reforma del mismo, que es de dos tercios.

Me refiero también al desprecio sistemático de los dictámenes y advertencias de sus propias instituciones, como el Consell de Garantías Estatutarias. Hablo de unas reglas electorales impuestas por mayoría simple, muy ajenas a las previstas en el propio Estatut para sus procesos electorales. Y, me refiero, por supuesto, a la liquidación de la práctica parlamentaria vigente desde la restauración de las instituciones autonómicas, que ayer saltó por los aires ante el estupor, la preocupación y el sonrojo de todos.

En cuanto al decreto de organización del referéndum que, como les dije al principio, también hemos recurrido y cuyo reglamento incumple todos y cada uno de los criterios internacionales sobre consultas populares, les ahorro los argumentos, entre otras razones, porque, como he dicho antes, esa consulta no se va a celebrar en ningún caso.

En definitiva, este recurso ante el Tribunal Constitucional es obligado; obligado por la necesidad de defender principios tan básicos en una democracia como son el principio de legalidad, la soberanía nacional, la dignidad de las instituciones y la propia legalidad autonómica de Cataluña.

Al hacerlo estamos defendiendo los derechos de todos los ciudadanos, del conjunto de los españoles, pero también, y sobre todo, de los propios catalanes cuya pluralidad y voluntad democrática ha sido menoscabada por la imposición de sus gobernantes.

Probablemente, nadie pudo imaginar jamás que asistiríamos a un espectáculo tan democráticamente deplorable como el vivido ayer en el Parlament. Todo el cúmulo de ilegalidades y arbitrariedades que allí se produjo es producto solo de un hecho: de la obstinación de unos políticos por imponer a la fuerza su proyecto de ruptura a la sociedad.

Por eso, los responsables de este proceso no han tenido reparo alguno en forzar las reglas de juego, aprobar leyes fantasmas, privar a la oposición de sus derechos o desobedecer las advertencias de sus propios letrados. Han pasado por encima de todo lo que constituye un sistema de contrapesos y de garantías democráticas.

En España se puede ser independentista, defender la ruptura de la soberanía nacional o proponer cualquier otra suerte de iniciativa política. Son aspiraciones que tienen su cauce en nuestras leyes para su expresión y para su defensa. Lo que no se puede hacer, y no se hará, al menos mientras yo sea presidente del Gobierno, es pasar por encima de nuestras normas democráticas para conseguirlo.

Lo que estamos viendo en los últimos tiempos tiene menos que ver con una demanda soberanista y más con un problema de libertades individuales y derechos fundamentales, que afecta a los valores que rigen en una sociedad democrática.

Por eso también quiero aprovechar esta ocasión para decirles a los ciudadanos de Cataluña y a sus funcionarios que estén tranquilos. Nadie les puede obligar a hacer nada ilegal. La Ley les obliga, pero también les protege y les defenderá frente a cualquier arbitrariedad.

Quiero también tener unas palabras de reconocimiento y de gratitud a los grupos políticos de la oposición en el Parlament y a los responsables de los servicios jurídicos de la Cámara autonómica, por el coraje que ayer demostraron en la defensa de la legalidad y de la dignidad de las propias instituciones catalanas. Han de saber que no están solos, sino que están arropados por todos los demócratas, dentro y fuera de Cataluña.

En política, la única batalla que se pierde inevitablemente es aquella que no se da. Ellos dieron ayer una batalla cuyo resultado estaba anunciado de antemano. Perdieron una votación, pero han obtenido una gran victoria política y han hecho un gran servicio a su sociedad y a la democracia. Han desnudado y puesto en evidencia ante Cataluña y ante todo el mundo la perversión antidemocrática de este proceso. Su actitud ha servido para que todos los catalanes hayan podido ver con claridad qué clase de régimen político pretenden imponerles.

En cuanto a los letrados de la Cámara o los responsables del Consell de Garantías Estatutarias, solo puedo decirles que gracias a ellos el Parlamento de Cataluña sigue siendo hoy una institución respetable.

A todos ellos, insisto, mi reconocimiento más sincero.

A los responsables de la Generalitat les digo que no sigan avanzando en este camino hacia el precipicio institucional, que no menosprecien la fuerza de la democracia española, que asuman de una vez el fracaso de su proyecto político y abandonen este proceso cada vez más excluyente.

Ese referéndum no se va a celebrar. Dejen, por tanto, de intentar forzar la voluntad de la gente. No han conseguido imponer su proyecto al conjunto de los catalanes y, desde luego, no se lo van a imponer al resto de España.

La imagen de lo que ayer ocurrió en el Parlament ante los ojos de toda Europa y del mundo es uno de los mayores golpes que han recibido las instituciones catalanas en toda su historia. No sigan por ese camino, no liquiden sus propias instituciones. Escuchen y atiendan a lo que dicen sus propios órganos consultivos, y renuncien a imponer por la bravas aquello que no consiguen ganar en una buena lid democrática.

No sigan dividiendo a la sociedad catalana, dejen de acosar a los discrepantes y respeten los derechos de la gente. Dejen de poner las instituciones a su propio servicio.

Les pido que abandonen ya esa escalada de ilegalidad, de crispación y de autoritarismo, porque el Estado de Derecho no se va a plegar a sus bravatas ni a sus ilegalidades, simplemente porque no puede.

Voy terminando ya, pero no quiero hacerlo sin enviar un mensaje al conjunto de la sociedad española.

Entiendo la preocupación de mucha gente ante lo que está ocurriendo, entiendo su incertidumbre y su zozobra. Todos tenemos motivos para la inquietud, porque jamás en nuestra historia reciente hemos asistido a un ataque de esta naturaleza a nuestro pacto de convivencia.

Entiendo que muchos ciudadanos estén dolidos por declaraciones y actitudes injustificables e injustas. También soy perfectamente consciente del desasosiego que hoy pueden sentir tantos catalanes ante el naufragio institucional al que asistieron ayer.

A todos ellos les animo a que no dejen de sentirse vinculados y concernidos por lo que estos días se está dilucidando. No asistan a estos acontecimientos como algo lejano o ajeno a sus vidas. Son ciudadanos y se está hablando de su país, de sus derechos, de su futuro y de su convivencia. Son todas ellas cuestiones de vital importancia. Les deben preocupar y mucho.

Pero también es mi obligación decirles que pueden mantener la confianza en sus instituciones y en su democracia. Nadie, nadie, va a vacilar a la hora de cumplir con su deber. La democracia responderá, no tengan la menor duda. Lo hará con firmeza, con aplomo, con serenidad y con dignidad.

Nuestro Estado de Derecho puede parecer a veces lento, a veces tímido frente a la osadía de quienes lo desafían, a veces desconcertado por su propia pluralidad frente al monolitismo impuesto por otros; pero esas apariencias no deben llevarnos a engaño. Tenemos una gran fortaleza interior que aparece en los momentos necesarios. Es la fuerza de la concordia con la que hemos cimentado nuestra convivencia democrática, es la fuerza de la unidad de los demócratas, es la fuerza de la democracia.

Quiero agradecer sinceramente la disposición y la lealtad de los partidos que defienden nuestro orden constitucional y el apoyo que han mostrado al Gobierno en estas circunstancias tan difíciles. Creo que esa actitud también es motivo de tranquilidad para todos. Esa unidad contrasta vivamente con la fractura que ayer vimos reflejada en Cataluña.

Esta es una de esas ocasiones en la que los políticos responsables hemos de ser capaces de elevarnos sobre las pequeñas disputas de cada día para unirnos en lo fundamental. He trabajado y seguiré trabajando para mantener esa unidad y esa lealtad recíproca a la hora de hacer frente a esta situación. No tengo duda de que el resto de líderes tendrá el mismo comportamiento.

Termino ya.

Creo firmemente que todos estamos dando la respuesta serena, pero firme y eficaz, que se precisa y les pido que nos apoyen y que nos acompañen en esa tarea, y les garantizo que soy muy consciente de mis obligaciones y de la gravedad del momento. Soy muy consciente de lo que está en juego. Sé lo que se espera de mí y sé cuáles son mis obligaciones, y les puedo asegurar que no he dedicado tantos años a mi país y al interés general como para permitir ahora que se pueda liquidar de un plumazo nuestro modelo de convivencia. Eso no va a suceder y haré todo lo necesario, sin renunciar a nada, para evitarlo.

España va a seguir siendo ejemplo en el mundo de que es posible convivir con éxito en la unidad y en la diversidad. Vamos a demostrar que la democracia española, libre y pluralista, sabe defenderse de los enemigos de la convivencia y lo vamos a hacer bien, que es como hay que hacer las cosas. No tengan ninguna duda.

Muchas gracias.