El fraude del 1-O o el día en que Puigdemont utilizó a dos millones de catalanes como carne de cañón

Inmediatamente después de haberse aprobado la Ley del referéndum de autodeterminación y la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república, el Gobierno en pleno de la Generalitat de entonces, presidido por Carles Puigdemont, firmó la convocatoria del referéndum para el 1 de octubre, pese a saber que el referéndum no podía tener lugar, tanto por el hecho de que al ser recurrido ante el TC la admisión a trámite del recurso tenía efectos suspensivos como porque eran perfectamente conscientes de que el referéndum no contaba con los requisitos, formales y materiales, exigibles desde el Derecho internacional e interno, para ser considerado válido y legítimo.

Tenían tanta fe en la cosa que hasta anticiparon los resultados y prepararon concienzudamente la escenografía de lo que querían representar ante la opinión pública, sobre todo, internacional. Junqueras afirmó días antes que “el 80 por ciento dirá 'sí'”. Incluso adelantó cifras más que concluyentes: Participación: 60 %. Votos afirmativos: 80%. Votos negativos: 20%. Lo que evidencia que les daba igual lo que sucediera. Para ellos, el “mandato democrático” recibido del Parlament, les legitimaba, sin ningún pudor para lo que fuera y como fuera.

En Europa, todas las elecciones y referendos se rigen por unos requisitos que marcan fundamentalmente la OSCE y la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa. La Comisión de Venecia tiene un “Código de buenas prácticas para referendos” que exige y describe las garantías democráticas: que haya una junta electoral plural; que los gobiernos convocantes permanezcan imparciales y no hagan propaganda, y que la ley del referéndum se apruebe y no se modifique como mínimo desde el año anterior a su celebración. La Junta electoral, llamada Comisión de Garantías electorales y creada por La Ley de transitoriedad se aprobó en el Parlament el 7 de septiembre, apenas cuatro semanas antes de la fecha de celebración del referéndum; estaba íntegramente nombrada, a su imagen y semejanza, por la mayoría secesionista de la cámara. La imparcialidad del Govern, ni estuvo ni se la esperaba, pues su único objetivo estaba donde estaba. Ninguna de esas condiciones se daban y, además, el referéndum estaba suspendido por el Tribunal Constitucional. El Secretario de la Comisión de Venecia hizo unas afirmaciones públicas señalando que no se cumplían los requisitos. Y ante la petición de “mediación” que se hizo a la Comisión Europea (las organizaciones secesionistas, la propia Alcaldesa de Barcelona), para que ésta presionara al Gobierno español para que permitiera el referéndum, la Comisión respondió oficialmente que “Nosotros respetamos el orden jurídico constitucional de España”.

Pero el Govern, lejos de permanecer neutral, forzó todo lo habido y por haber, incluso con amenazas, declarando que era obligatorio participar en las mesas electorales, bajo la presión de la posible sanción que pudiera recaer cuando hubiera negativas a hacerlo. El propio Puigdemont divulgó en Twitter donde tenía que votar cada catalán. Afirmó públicamente tener distintos “planes de contingencia para garantizar el 1-O”. Organizó una web que, cuando se la cerraron por orden judicial, la realojó en otro dominio y volvió a difundirlo. Además, recordemos, al final se inventaron un “censo universal”, no repartido por colegios electorales, tras la apropiación indebida de los datos usando ilegalmente el censo del Instituto Nacional de Estadística (la Agencia de Protección de Datos tiene en investigación este asunto que puede derivar en una sanción de 600.000 euros, aunque, en asuntos de dinero, les da todo igual….).

El Gobierno español quedó superado por las circunstancias. Fueron emitidas resoluciones judiciales poco claras sobre el uso de los centros escolares el fin de semana del 1 de octubre. La negativa de los Mossos a impedir las votaciones, ratificada posteriormente en las investigaciones judiciales, provocó la intervención subsidiaria de las fuerzas de seguridad españolas, que era lo que el secesionismo estaba buscando para hacer la foto. Se necesitaban imágenes, grabaciones, fotos, en las que se pudiera apreciar la “represión” española; y, con el desastre de operativo que se montó, las obtuvieron. Y difundieron por doquier, apropiándose de la información. En un primer momento, dada la inacción comunicativa del Gobierno español hacia el exterior, caló en muchos lugares el "relato" secesionista de los mil heridos y las tremendas agresiones a niños y ancianos. Hasta que no se demostró que el vídeo que más circulaba era una mala copia de otro fabricado durante el Maidan ucraniano, que incorporaba además imágenes de disturbios habidos anteriormente en Barcelona, en muchos lugares creyeron que la policía española masacró a población civil indefensa y pacífica. Después, tras constatarse que en el conjunto de los hospitales de Barcelona había habido 4 partes comprobados de asistencias médicas por los desalojos de los colegios, incluso diputados extranjeros que habían simpatizado con los votantes, reconocieron que habían sido manipulados (ellos y los otros), pero el daño ya estaba hecho. El 2 de octubre el secesionismo estaba exultante. Y así se creó la ficción del “mandato democrático” votado por el pueblo catalán resistiendo a la opresión española.

Teresa Freixes
Extractos de “155. Los días que estremecieron a Cataluña”. Editorial Doña Tecla. Madrid, 2018.