Un juez pone 20 años de socialismo andaluz contra las cuerdas en plena campaña

EL CONFIDENCIAL.- Aunque esperado, ha sido un mazazo al PSOE a las puertas de una campaña electoral decisiva y cuando el partido está al borde del precipicio. Cuando se marchó Mercedes Alaya a la Audiencia de Sevilla, muchos lanzaron la idea de que el caso ERE se desmoronaba como un castillo de naipes. Nada más alejado de la realidad. Aquí está el final de su imaginada pirámide. El juez Álvaro Martín, al frente de la pieza política, ha puesto contra las cuerdas más de dos décadas de socialismo y 10 años de gestión de la Consejería de Empleo en Andalucía. No admite “la ignorancia” aducida por los expresidentes ante el Tribunal Supremo. Sentará en el banquillo a Manuel Chaves y José Antonio Griñán junto a otros seis exconsejeros y 13 ex altos cargos del Gobierno andaluz, entre ellos el que fue interventor general y jefe del gabinete jurídico de la Junta, dos de los altos funcionarios con más pedigrí de la Administración autonómica.

En un auto “duro”, según la valoración de voces distintas del mundo judicial, el instructor ha sorprendido a muchos imputando a Griñán un delito de malversación que se suma al de prevaricación administrativa que el Supremo ya dictó para los expresidentes. “Nadie lo podía esperar”, sostiene un abogado que conoce muy de cerca el caso ERE. La prevaricación administrativa conlleva pena de inhabilitación para cargo público, algo que todos los que están procesados ya llevan meses e incluso años cumpliendo en realidad. La malversación sí tiene pena de cárcel, de entre cuatro y ocho años, o hasta 12 en caso de que sea continuada o grave.

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