Señora subdirectora de 'El País', se lo diré sin rodeos: usted me asusta más que Bernardo Montoya

Señora subdirectora de 'El País', se lo diré sin rodeos: usted me asusta más que Bernardo Montoya.

Me asusta, porque de ese crimen lo único que parece importarle no es tanto lo que ese hombre ha hecho sino lo que es, o lo que supone que es. Lo que le importa es su género, su clase y, superándose a sí misma, su pertenencia a... ¡la 'España opuesta'!. Esa otra España que, según usted, está 'empeñada' en ahogar a toda 'una generación que intenta vivir en libertad', ¡como si no viviera en ella desde hace 40 años!

Una España siniestra, asesina y ladrona -por usar sus adjetivos- que sería la realmente responsable de los 'feminicidios' y la que debería ser condenada para evitar nuevas víctimas inocentes.

No sé si se da cuenta, pero eso que ha escrito es lo que siempre han dicho, escrito y hecho los totalitarios: criminalizar a un grupo humano por el hecho de serlo para justificar su sometimiento o su erradicación. Eso que ha escrito -aunque quiero creer que no era esa su intención- no es otra cosa que una incitación a la discriminación, cuando no al pogromo o al genocidio.

Escribiendo sobre las raíces del mal, Hanna Arendt decía que el crimen emocional -celos, venganza, deseo...- puede ser terrible pero es siempre limitado y suele agotarse en si mismo. Por el contrario, el crimen racional -el Gulag, el Holocausto, el genocidio étnico, racial, religioso, de clase...- es siempre ilimitado y en masa. El primero lo cometen personas aisladas, como Montoya, siguiendo un impulso irracional y probablemente enfermizo. El segundo lo comete planificadamente el Estado, sus milicias sectarias o sus masas enfervorizadas debidamente adoctrinadas por amanuenses como usted.

Las 21 medidas acordadas por el PP y C,s para sus primeros 100 días en la Junta de Andalucía

1.- Tolerancia cero con la corrupción: Ciudadanos y el Partido Popular se comprometen a la separación inmediata de los cargos públicos en todas las instituciones andaluzas, tanto autonómicas como locales, que hayan sido o sean imputados formalmente por delitos de corrupción, hasta la decisión definitiva del órgano judicial. Asimismo, ambos partidos se comprometen a que las personas que se encuentren en dicha situación no puedan ser incorporadas en las candidaturas electorales ni ser nombrados para desempeñar cargos públicos.

2.- Encargaremos una auditoría integral a la Cámara de Cuentas de Andalucía, así como los informes correspondientes a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), de todo el gasto de la Junta de Andalucía, incluidos sueldos, gastos corrientes y transferencias, tanto en la Administración como en el sector público instrumental, con el objetivo de reducir o reorientar el gasto superfluo a la financiación de los servicios públicos esenciales.

3.- Aprobaremos un Decreto-ley para centralizar la dirección, supervisión y evaluación de todas las entidades dispersas de la "Administración paralela" con el doble objetivo de eliminar todos los entes que se consideren innecesarios o que se hayan visto expuestos a la corrupción, así como para garantizar la despolitización de las agencias, empresas y fundaciones públicas andaluzas y mejorar la profesionalidad y eficiencia en su gestión.

4.- Aprobaremos un Proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía para la supresión de los aforamientos del presidente de la Junta de Andalucía, de los miembros del Consejo de Gobierno y de los diputados del Parlamento de Andalucía en los términos que actualmente se encuentran regulados para acabar con tales fueros y privilegios.

5.- Iniciaremos los trámites para la aprobación de un Proyecto de Ley Andaluza de Protección de los Denunciantes del Fraude y la Corrupción, en la que se recoja la protección y tutela de los derechos de todas las personas que denuncien posibles irregularidades y actuaciones fraudulentas y corruptas por parte de las personas al servicio de la Junta de Andalucía. Incluirá la creación de una Oficina Andaluza de Lucha contra el Fraude y la Corrupción destinada a prevenir, detectar y denunciar irregularidades, malas prácticas y abusos de poder, así como a resolver sobre los recursos y ejercer las competencias sancionadoras por incumplimiento del régimen de incompatibilidades y conflictos de intereses de los altos cargos de la Junta de Andalucía.

6.- Iniciaremos los trámites para aprobar un Proyecto de Ley de Despolitización de la Junta de Andalucía que garantice la profesionalidad, imparcialidad, responsabilidad y honestidad de todas las personas al servicio de las instituciones públicas andaluzas, con las siguientes medidas: 1) La restricción del sistema de libre designación, generalizando el sistema de concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo en la Administración andaluza. 2) Una definición de la figura de los directivos públicos, de carácter técnico, que serán elegidos siempre por concurso público, abierto y transparente por un período de seis años entre personas con experiencia y formación acreditadas para el desempeño del cargo y estarán sujetos a una evaluación continua de su desempeño.

7.- Presentaremos conjuntamente en el Parlamento de Andalucía la solicitud de creación de una Comisión de investigación de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE). Igualmente estableceremos los mecanismos necesarios para garantizar la recuperación del dinero defraudado con los ERE.

8.- Iniciaremos los trámites para la aprobación de un Proyecto de Ley de reforma de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a fin de limitar a 8 años como máximo la duración del mandato de un mismo presidente o presidenta a la Junta de Andalucía y consejeros o consejeras.

9.- Constituiremos un Grupo de Expertos que estudie las posibilidades de redimensionamiento y de mejora de la eficiencia en la utilización de los recursos por la Radio y Televisión Andaluza (RTVA), así como las reformas necesarias para garantizar su profesionalidad, imparcialidad, pluralidad e independencia del poder político.

10.- Pondremos en marcha un Grupo de Expertos para definir la Estrategia de Simplificación Normativa y Administrativa de Andalucía para la optimización legislativa, la eliminación de las trabas burocráticas, la mejora del tratamiento del silencio positivo para la tramitación de las convocatorias y su resolución, así como medidas referidas para facilitar el emprendimiento con la oficina virtual, la ventanilla única empresarial y la licencia exprés.

11.- Los trabajadores autónomos son una de nuestras principales prioridades. Apoyaremos a todos los trabajadores autónomos de Andalucía para que puedan seguir creando riqueza y empleo en nuestra comunidad. Se adoptarán las siguientes medidas: 1) La ampliación a 24 meses de la tarifa plana a 50 € para los nuevos autónomos y emprendedores en Andalucía. 2) La implantación de una tarifa superreducida de 30 € para nuevos autónomos jóvenes menores de 25 años y mujeres en el ámbito rural durante 24 meses.

12.- Continuando con la reforma Fiscal anterior del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, se mantendrá la reducción del millón de euros en la base imponible por heredero en la modalidad de Sucesiones y se bonificará el 99% de la cuota del impuesto en el resto de los supuestos para parientes directos. En el caso de las donaciones a parientes directos, quedaran todas bonificadas al 99%. Igualmente se iniciarán los estudios para una próxima bajada de los tipos en el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y la reversión de la subida del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídico Documentos (AJD) aprobada en el año 2012.

13.- Solicitar una reunión con el presidente del Gobierno para abordar la negociación del nuevo modelo de Financiación Autonómica, así como la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

14.- Iniciaremos los trámites para llevar a cabo un Plan Estratégico de Competitividad para la Agricultura, Ganadería, la Pesca y El Desarrollo Rural, que contemple, entre otros objetivos, las bases para lograr una mejora de la competitividad del sector agrario, ganadero y agroindustrial andaluz; fomente la investigación y la innovación tecnológica en los sectores agrario, ganadero y agroalimentario; promueva una mejora de la formación y capacitación de nuestros productores y favorezca el relevo generacional.

15.- Aprobaremos un Plan Andaluz de Refuerzo Educativo, utilizando la financiación disponible en el Programa de Cooperación Territorial PROEDUCAR y otros de los que pudiera disponerse, en el que, entre otras medidas, prevea la asignación de profesorado de apoyo y refuerzo en los centros educativos andaluces con mayor potencial de mejora de sus resultados y la puesta en marcha de medidas de acompañamiento del alumnado con necesidades educativas específicas o con necesidades de apoyo en el propio entorno en horario extraescolar, con el objetivo de reducir el abandono escolar y mejorar las competencias de todo el alumnado andaluz, especialmente en lectura y matemáticas. Además, iniciaremos los trámites para la aprobación de un Proyecto de Ley de reforma de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, para reconocer la condición de autoridad al profesorado de Andalucía.

16.- Iniciaremos los trámites para aprobar un Proyecto de Ley Andaluza de Formación Profesional que apueste por la Formación Profesional Dual y que incluya un Plan para su fomento que garantice la cobertura total de la demanda. Además, iniciaremos los trámites para aprobar una nueva normativa que permita poner en marcha el sistema de cheques-formación, asegurando que los recursos de la formación para el empleo terminan en manos de las personas desempleadas que los necesitan y evitando las posibilidades de fraude por los intermediarios.

17.- Aprobaremos un Plan de Choque para la Mejora de la Calidad de la Sanidad Pública de Andalucía para promover una mejora de la calidad asistencial y la reducción efectiva las listas de espera, con los siguientes objetivos: 1) La mejora de la transparencia con la publicación de todos los resultados e indicadores de actividad para impedir cualquier manipulación de los plazos de espera para intervenciones quirúrgicas, para especialidades y para pruebas diagnóstico. 2) La despolitización del Servicio Andaluz de Salud para que sea liderado y gestionado por los mejores profesionales, acabando con los nombramientos "a dedo" de responsables y de mandatos intermedios. 3) La eliminación de la discriminación salarial entre los facultativos por razón de exclusividad, estableciendo el principio de que a igual trabajo, igual salario. 4) El incremento de la financiación de la Atención Primaria, con el objetivo de alcanzar el 20% de la financiación sanitaria al final de la Legislatura. 5) La implantación del cribado del cáncer de colon. 6) La reversión del actual modelo de la subasta de medicamentos.

18.- Iniciar los trámites para la aprobación de un Proyecto de Ley Integral de Apoyo a las Familias Andaluzas, que promueva, entre otras medidas un incremento de la cobertura de la educación infantil de 0 a 3 años y la implantación de servicios de aula matinal y comedor en los centros educativos andaluces para facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Asimismo, Iniciaremos la elaboración del Anteproyecto de Ley de Atención Temprana.

19.- Impulsaremos la creación de una Comisión de la Discapacidad en el Parlamento de Andalucía.

20.- Aprobaremos un Plan para la Mejora de la Gestión de la Política Migratoria en Andalucía que incluya un refuerzo de la coordinación y cooperación con el Gobierno de la Nación. Además, convocaremos a la Junta de Seguridad de Andalucía con la finalidad de alcanzar un acuerdo que destine mayores recursos tanto humanos como materiales para los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinados a la vigilancia de las fronteras en Andalucía.

21.- Impulsaremos un Gran Acuerdo contra la Violencia de Género que desarrolle en nuestra comunidad los avances logrados con la aprobación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y que implemente, con dotación presupuestaria suficiente, todas y cada una de las medidas previstas en la ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la ley 13/2007 de 26 de noviembre de prevención y protección integral con la violencia de género, a fin de acabar con esta lacra social.

La rebelión 'populista' y el trilema de Rodrik: globalismo, soberanía y democracia o no se puede tener todo

La subida de la “tasa carbono” en la gasolina, el fuel y el diésel impuesta por Macron este otoño ha sido la gota que ha desbordado la paciencia de aquellos que viven en la Francia periférica y el coche es parte imprescindible de su vida y su trabajo.

El descontento se había ido acumulando con el rosario de medidas punitivas que el gobierno de París ha adoptado desde la pasada primavera:  limitación de la velocidad a 80km/hora en todas las carreteras secundarias;  multiplicación de coches radar de gestión privatizada o la drástica pérdida de puntos del carnet de conducir por acciones difícilmente objetivables. Toda una declaración de guerra al coche.

La mitad de esas medidas encarecen directamente el trabajo y reducen la productividad de aquellos que dependen económicamente del coche y de la carretera. Es por ello que han dicho basta. Se han rebelado contra una élite dirigente a la que ven más preocupada por el supuesto fin del mundo que por el fin de mes de muchos de sus ciudadanos [1].

Los chalecos amarillos, como los 'deplorables' estadounidenses, son las 'víctimas colaterales' de una globalización exitosa que en 20 años ha reducido a la mitad la pobreza en el mundo, pero que ha condenado a la obsolescencia a diferentes grupos sociales en el interior de las sociedades desarrolladas sin que las élites globalistas les hayan ofrecido nada a cambio.

Ignorados y muy a menudo despreciados por no 'entender' hacia dónde camina el mundo, han buscado protección en la soberanía nacional, en el viejo estado-nación que permitió el nacimiento y desarrollo de la democracia representativa y que todavía sigue siendo el único con capacidad suficiente para ejercerla y preservarla.

En ese camino, los 'gilets jaunes' han atraído a los extremistas de derecha e izquierda, melenchonistas y lepenistas, que intentan, a través de la violencia y la demagogia, dar 'contenido revolucionario' a la revuelta colando como programa reivindicativo del movimiento sus respectivos programas ideológicos. Programa surrealista que pretenden ofrecer una supuesta alternativa a todos los que no están dispuestos a 'someterse al modelo económico y cultural que los excluye'.

Su revuelta, sin embargo, ha puesto boca arriba la cara fracasada de la globalización: su incapacidad para dotarse de organismos e instituciones democráticas que la gestionen, sujetas al control permanente de la ciudadanía.

Esa incapacidad tiene un nombre académico: el trilema de Rodrik, que señala que es imposible conseguir al mismo tiempo la globalización económica, la democracia política y la soberanía nacional. Según el profesor Dani Rodrik, las tres opciones simultáneas son incompatibles, por lo que nos vemos obligados a escoger solo dos de ellas:

• 1/ Elegir ser un país globalizado económicamente con una democracia a nivel global pero tendremos que sacrificar parte de nuestra soberanía nacional.

• 2/ Conservar plenamente nuestra soberanía nacional y democracia interna pero sin integrarnos plenamente en la globalización.

• 3/ Adherirnos a la globalización, mantener nuestra autonomía nacional pero sacrificar la democracia interna.

El intento más elaborado hasta hoy de institucionalizar una gobernanza supranacional es la Unión Europea. Sin embargo, 61 años después de la firma del Tratado de Roma el proyecto europeo sigue sin alcanzar techo y poner bandera, está atascado y con socios que lo abandonan. Tal vez para la historia 61 años no sean nada, pero para la generación que puso sus esperanzas en la unidad europea empiezan a ser demasiados.

Estancada en un limbo semi democrático, la UE no ha logrado -en palabras de Ralf Dahrendorf- igualar al Estado-nación 'como unidad relevante de pertenencia y participación cívica para la mayoría' de los europeos y 'como espacio político en el que prospera la constitución de la libertad'.

Un limbo que se hizo más evidente que nunca durante la gran recesión. Las políticas de austeridad -correctas o no- fueron impuestas por organismos, funcionarios o líderes que no habían sido elegidos ni podían ser destituidos por los ciudadanos, ya que no respondían ante ellos. Para muchos griegos o españoles la percepción fue que las medidas impuestas, si bien decididas legalmente, no lo fueron por representantes políticos bajo su control sino por Angela Merkel, canciller de otra nación.

Algo parecido ha pasado con la crisis de los inmigrantes y refugiados. La ausencia de una política común sujeta al control democrático de la ciudadanía dejó a su suerte a los Estados con fronteras exteriores o de tránsito. Y cuando éstos adoptaron medidas propias que no eran del agrado de las élites, fueron atacados y amenazados de sanción. Otra vez, organismos, funcionarios o líderes que no responden directamente al control democrático de la ciudadanía afectada, deciden sin que ésta pueda pasarles factura.

No sorprende, pues, el repliegue nacional de muchos europeos. Una opción política legítima que se puede compartir en todo, en parte o en nada, pero que nunca debería haber sido criminalizada. Uno de cada cuatro europeos vota por partidos populistas, la gran mayoría de los cuales no forman parte de ninguna conspiración alt-right orquestrada por el nativista conservador estadounidense Steve Bannon.

Confundir las opciones nacional-conservadoras con el nacionalismo identitario y supremacista -que  existe y pulula tan peligrosamente como el populismo neocomunista- es una mentira deliberada de los medios y las élites políticamente correctas que, convencidos de su superioridad moral y política, se creen con el derecho a dar o quitar certificados de demócrata o de extrema derecha a todo aquél que los cuestiona.

Trump, el Brexit o las democracias iliberales son ante todo 'el resultado de la falta de honestidad de políticos centristas que no se han enfrentado a las implicaciones del trilema. Les dijeron a sus votantes que podrían perseguir la hiperglobalización sin abandonar la soberanía o la rendición de cuentas democrática. En definitiva, les contaron a sus votantes que podrían comerse su pastel sin dejar de tenerlo. Como dijo una vez un antiguo ministro de economía de la eurozona, los populistas de hoy son los únicos que están contando la verdad sobre el trilema. [2]

La política de gritar '¡que viene el lobo!' y no hacer nada es suicida para la UE. Europa debería reforzar 'la integración política y fiscal hasta un punto donde cada región se convierta en una cuasi-federación. Este era el sueño que tuvieron los padres fundadores de la Unión Europea. Sin embargo, este sueño se ha dado de bruces contra la mala gestión de la crisis del euro. A día de hoy, la política está empujando por más descentralización en vez de por más integración. Será difícil mantener la unión económica sin acercarse a la unión política'. [3]

Ante el trilema de Rodrik, el mundo se ha ido posicionando. China ha elegido la tercera opción: adherirse a la globalización y mantener la autonomía nacional sacrificando la democracia interna. Los EEUU de Trump han elegido la segunda: conservar plenamente la soberanía nacional y la democracia interna pero sin integrarse totalmente en la globalización. Y la Unión Europea, especialmente tras ver las graves consecuencias que acarrea el Brexit, debería elegir sin más dilaciones la primera opción: una unión globalizada económicamente y plenamente democrática sacrificando parcialmente las soberanías nacionales que la conforman.

Que la 'tasa carbono' o las políticas de '¡que viene el lobo!' no lo saboteen.



THE CATALAN ANALYST

[1] Antón Uriarte
[2] [3] Dani Rodrik

La Constitución encarna la reconciliación nacional que cerró la guerra civil y abrió una España sin vencedores ni vencidos

La elaboración de la Constitución de 1978

Muchas veces me pregunto que cuándo comenzó realmente la transición. ¿Con la muerte de Franco? ¿Con el asesinato de Carrero Blanco? ¿Con el nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno? ¿Con el discurso del rey Juan Carlos I en Estados Unidos? ¿Con la Ley para la reforma política? ¿Con la legalización del Partido comunista? ¿Con los Pactos de la Moncloa? Tengo más claro que terminó con la incorporación a las Comunidades Europeas.

Es difícil establecer una fecha y una foto fija sobre el inicio. Mucho antes de la propia muerte del Caudillo ya estábamos en transición, sin saber hacia dónde, pero todo aquello "se movía". Recuerdo la votación en las Cortes del "harakiri". El hecho de que fueran esas Cortes quienes, por primera vez, posibilitaran la elección de unas nuevas, que pasaban de ser Cortes Españolas a Cortes Generales, nos hacía tener bastante desconfianza respecto del futuro. Como también nos generaba esas dudas que quien pilotara todo ello fuera un tal Adolfo Suárez que había sido Ministro Secretario General del Movimiento. Por cierto, cuando no se tenía ni idea de ello y todos pensábamos que el elegido de la “terna” propuesta al Rey sería José María de Areilza, mis contactos americanos de París nos dijeron, ante nuestra posición incrédula, que el elegido sería Adolfo Suárez. Y, si señor, así fue, lo que me dio mucho que pensar acerca de cómo se regía el mundo.

Muchos ríos de tinta, muchas discusiones que ni tan siquiera terminaban al alba, muchos encierros, saltos, viajes... tremenda época esa de la transición. Costó racionalizarlo todo. Tuvimos que hacer, todos, desde todos los ámbitos, un gran esfuerzo para ello. Incluso muchos (qué digo, muchos… unos pocos que nos creíamos que éramos muchos) ni tan siquiera votamos esa Ley para la reforma política que abrió la puerta a todo lo demás. Particularmente sólo comencé a creer que el cambio iba realmente en serio cuando comenzamos a discutir lo que fueron los Pactos de la Moncloa. Y cuando se crearon las "comisiones de seguimiento" de tales Pactos, con implicación de amplios sectores sociales y se abrió la discusión a la sociedad, al mundo del trabajo, a la cultura, al movimiento vecinal... Entonces pensé que la "cosa" iba realmente en serio. Y que podía salir razonablemente bien (nunca pienso que las cosas van a salir "bien", sino "razonablemente bien"). Porque muchos estábamos implicados en ello, viniéramos de donde viniéramos.

Para que ahora intenten ensuciarlo todo.... especialmente los que han tardado décadas en ser concebidos….

Dice bien Genovés, el autor del cuadro del abrazo, que durante la transición lo que nos preocupó fue la reconciliación entre los españoles. Lo dice, y bien, porque no se puede limitar la transición a unos pactos políticos sólo por arriba, sino a un entendimiento social por abajo (y por arriba también). La transición ni tan siquiera comienza con los Pactos de la Moncloa, como se suele afirmar. Es un proceso mucho más largo, mucho más complicado, que implicó a amplios movimientos ciudadanos, hoy en día olvidados. El movimiento vecinal, cultural, sindical, se fue transversalizando poco a poco, hasta culminar en los acuerdos políticos.

No fue una imposición de arriba a abajo, por más que algunas voces interesadas en la destrucción de la democracia de que nos dotamos repitan machaconamente. Los que la vivimos desde nuestro propio interior, desde nuestra propia inserción en asambleas, plataformas, alianzas, etc. recordamos vivamente el debate que, aunque no arrastró, porque ello es imposible, a toda la sociedad, alcanzó las más altas cotas de participación que se recuerdan en nuestra historia.

Lo que sí fue una imposición de arriba a abajo fue la "disolución" de esta movilización una vez que los partidos políticos obtuvieron carta de naturaleza tras la aprobación de la Constitución. La "explicación" fue que era necesario consolidarlos. Quizás sí, en aquel momento. Pero no sé si a costa de ir provocando, por la progresiva lejanía que se ha ido produciendo entre ellos y la ciudadanía, la creación de un foso insalvable entre representación y participación.

En una publicación, bajo el título “Vencedores y vencidos” realicé una reflexión que creo viene a cuento reproducir aquí:

“En Piazzale Loreto, en esta fría tarde de marzo de Milán, todavía parece rugir la muchedumbre ante los cuerpos inertes de Benito Mussolini, Clara Petacci y otros tres prebostes del fascismo, colgados por los pies, en lo alto de una hoy inexistente estación de servicio (habían sido fusilados con anterioridad). Se trata de una plaza fría, como lo es el norte de Italia, en la que hoy, salvo esa frialdad, nada hace recordar los tremendos sucesos que tuvieron lugar allí, el 29 de abril de 1945. El fascismo había sido vencido por las armas. Y los vencedores se tomaron su venganza.

También hubo vencedores y vencidos, aunque sin tanta escenificación dramática, en Portugal y en Grecia, otras dos dictaduras del sur de Europa. En Grecia, la crisis con Turquía (a cuenta de Chipre, que acabó, y todavía continua, partido en dos, con el norte ocupado de facto por los turcos) terminó con la caída del régimen y la posterior condena judicial de los militares golpistas, que habían actuado contra Makarios, el gobernante autóctono de la isla, porque los coroneles griegos querían disminuir su creciente desprestigio con una victoria militar, anexionándosela (la enosis). En Portugal, la revolución de los claveles, originada por el descontento de los militares destinados en África (básicamente en Angola y Mozambique, donde se había librado una larga guerra colonial) también provocó la caída del salazarismo, iniciándose así un sistema democrático que se consolidó no sin problemas debido a la gran influencia que los llamados “Capitanes de abril”, con fuerte componente izquierdista, desarrollaron al inicio de la democracia, hasta que los militares fueron apartados de la política, se suprimió el Consejo de la Revolución y se consolidaron los partidos políticos civiles.

En ambos casos, es decir, en Grecia y en Portugal, el componente exterior fue determinante, como lo había sido para el establecimiento, o restablecimiento según los casos, de la democracia después de la Segunda Guerra Mundial, en los países que no cayeron bajo la órbita comunista.

Sin embargo, en el caso de España, no se produjo una derrota militar del franquismo, ni tampoco existieron factores o intervenciones exteriores que determinaran su finalización, a pesar de que en algunos sectores de la oposición existió durante un tiempo la creencia de que el triunfo de los Aliados podía conllevar la caída del régimen (a ello se aplicaron los maquis, esperando poder unirse en paseo triunfal a los vencedores europeos y americanos cuando, según creían en la clandestinidad, cruzaran los Pirineos para deponer a Franco). Pero Franco se murió en la cama, le pese a quien le pese. Y la transición a la democracia fue el resultado de un acuerdo amplio entre quienes consideraron que el franquismo ya no se correspondía con los tiempos y quienes se habían opuesto a él, con mayor o menor fuerza y resultados, especialmente en los últimos años de la dictadura.

No hubo, pues, en España, vencedores y vencidos. Nada de Piazzale Loreto, ni condenas a militares golpistas, ni claveles en los fusiles. La política de “reconciliación nacional”, proclamada por el Partido Comunista de España en su Declaración de junio de 1956, en la que afirmó “solemnemente estar dispuesto a contribuir sin reservas a la reconciliación nacional de los españoles, a terminar con la división abierta por la guerra civil y mantenida por el general Franco”, convergió con los acuerdos derivados del “Contubernio de Munich”, en 1962, protagonizado, entre otros, por liberales, democristianos y socialistas. Todo ello dio sus frutos veinte años después, cuando tras la formación del gobierno Suárez y la adopción de los Pactos de la Moncloa, el llamado “consenso” facilitó que, todos, los que estuvieron en un lado y los que estuvieron en el otro, pudieran pasar página civilizadamente para comenzar esta etapa de constitucionalismo democrático que, lamentablemente, algunos quieren destruir para volver a entronizar los conceptos de vencedores y vencidos.

¿Cómo lo hicimos? Buscando lo que nos unía, renunciando a algunas cosas y dejando a un lado lo que nos separaba. Sobre todo, buscando lo que nos unía: el deseo de contar con un Estado de Derecho, con democracia y con derechos humanos. Aunque se tuviera que renunciar, en aquellos días, a símbolos que, de mantenerlos, hubieran hecho imposible la transición. Recuerdo, al respecto, las silenciosas lágrimas de los veteranos miembros del PCE cuando oficializaron el cambio de bandera, ante una mesa presidida por la republicana, que fue retirada para ser sustituida por la bandera rojigualda; habían mantenido durante toda la clandestinidad un símbolo al que fueron capaces de honrar declarando que la reconciliación, como valor superior, bien valía su cambio.”

¿Por qué ahora algunos reniegan de ello? ¿Ignorancia? ¿O mala fe?

TERESA FREIXES





Elaboración y aprobación de la Constitución Española de 1978 en sus actas oficiales

Sesión Plenaria del Congreso de los Diputados celebrada el martes, 31 de octubre de 1978, en la que fue aprobado el texto de la Constitución [Discursos de los líderes políticos]

Sesión Plenaria del Senado celebrada el martes, 31 de octubre de 1978, en la que fue aprobado el texto de la Constitución [Intervenciones de los líderes políticos]

Actas secretas en una caja fuerte: así se negoció la Constitución [El Confidencial]

La Constitución nació en el Parador de Sigüenza

El 21 de julio de 1978, en el Congreso de los Diputados, nacionalistas vascos y catalanes rechazaron o se abstuvieron en la enmienda para reconocer el derecho de autodeterminación [El País]

'No preparamos a nuestras hijas e hijos para que sean ciudadanos, ni para que entiendan el mundo. Ni tampoco para que ejerzan esa ciudadanía que Bobbio reclamaba como libre y consciente. Libre para que pudiera movilizar sus esfuerzos dirigiéndolos hacia la construcción y garantía de la misma libertad, igualdad y solidaridad. Si no les enseñamos eso, no sólo con palabras sino también con los hechos, van a ser presa fácil de todo aquello que en vez de construir destruye' | Larga vida a la Constitución y al constitucionalismo [Teresa Freixes]

Una gran verdad y una lección de historia https://t.co/aLTXhxqjbV vía @voz_populi

— The Catalan Analyst (@CatalanAnalyst) 6 de diciembre de 2018

Tres textos imprescindibles de Teresa Freixes sobre la huelga de hambre, la supuesta 'prevaricación' del TC y el juicio justo

HUELGA DE HAMBRE Y COLISIÓN DE DERECHOS

Cuando se pierde la razón se pierde toda legitimidad en la acción. Aquí y ahora deciden, un par de entre ellos, iniciar una huelga de hambre de sólidos (admiten líquidos).

Supongo que saben que existen precedentes y jurisprudencia constitucional al respecto, pues también varios etarras, Grapos y algún verso suelto iniciaron huelgas de hambre mientras estaban en prisión.

Según la legislación y la jurisprudencia españolas, internacionalmente verificadas como no vulneradoras de derechos humanos, tienen todo el derecho a mantenerse en huelga de hambre mientras estén conscientes. En el momento en que pierdan la conciencia, el fiscal solicitará la alimentación forzada (con sonda) para que no se produzca la muerte. No se aplica aquí el criterio que se siguió en Reino Unido con los presos del IRA, donde murieron varios que se negaron a ser alimentados, hasta que sus madres solicitaron la intervención médica para no dejarles morir.

Jurídicamente el tema se plantea como colisión de derechos: el derecho de una persona a declararse en huelga de hambre a muerte y el derecho de la autoridad a velar por la vida de quienes están bajo especial sujeción. Mientras una persona está consciente puede verficarse que, efectivamente, tiene decisión propia para el ejercicio de su derecho. En cuanto pierde la conciencia ya no es verificable su voluntad, por lo que es sustituida por la de quien tiene que velar por su existencia.

EL SUPUESTO "BLOQUEO" DEL TC Y EL "PLAZO RAZONABLE"

Argumentan los políticos que están en prisión provisional que su causa está siendo retardada en los recursos de amparo que tienen presentados ante el Tribunal Constitucional porque de este modo, al estar admitidos a trámite, no pueden acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Ello es totalmente falso. Si creen que el TC incurre en dilaciones indebidas tienen expedito el recurso ante el TEDH por vulneración del derecho a una resolución emitida dentro de un plazo razonable, reconocida por el art. 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. No tienen más que interponerlo sin mayores requerimientos.

El TEDH, para considerar si un caso excede, en su tramitación, desde su inicio hasta el momento en que se interpone la demanda, de lo que se puede considerar como "plazo razonable" ha construido un escrutinio o "test" en el que analiza:

1.- La complejidad del caso, porque no todos los casos son iguales.

2.- La actitud de los encausados comprobando si colaboran con la justicia o interponen recursos o reclamaciones dilatorias.

3.- La actitud del juez del caso, por ver si se le acumulan los asuntos o los resuelve con la diligencia debida.

4.- La actitud de las autoridades judiciales (Consejo General del Poder Judicial en el caso de España o Ministerio de Justicia cuando depende de este último) para comprobar si organizan la impartición de justicia otorgando a jueces y tribunales los medios necesarios.

A partir de ahí, juzguen Vds. mismos. Basta con leer la prensa con cierta asiduidad.

LAS GARANTÍAS DEL JUICIO JUSTO

Las garantías que se exigen para considerar, en los países democráticos, que estamos ante un juicio justo son los indicadores de que disponemos, como derechos que están establecidos en el art. 24 de la Constitución española (que concuerda con el art. 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos) para garantizar que nuestros intereses legítimos sean debidamente respetados: derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, derecho al juez independiente e imparcial, el derecho a la defensa, el derecho a presentar pruebas, el derecho a obtener una sentencia dentro de un plazo razonable, el derecho a intérprete si lo necesitamos, el derecho a no declarar contra uno mismo y a no declararse culpable, derecho a la presunción de inocencia….. Y derecho a que se ejecuten las sentencias. Sólo con que uno de ellos se conculque, el juicio ya no es justo y, entonces, tenemos derecho a que sea revisado por un juez o tribunal superior que dicte nueva sentencia. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos constituye un último recurso, como jurisdicción subsidiaria, si se considera que en los procesos internos existe violación de garantías procesales.

¿Es esto una utopía? ¿Son reales y efectivas estas garantías? Comentaré algunos elementos importantes al respecto.

- El juez independiente: Ciertamente, los jueces lo son. Lo todo lo que quieran serlo. Nada les constriñe salvo el imperio de la ley. Todo el Poder Judicial obtiene el puesto mediante concurso público competitivo, basado en sus conocimientos y en su experiencia. Si se dejan influir por cualquier otro poder público es porque se avienen a ello, puesto que todo el sistema está forjado para garantizarles esa independencia. No confundir, aquí, como suele hacerlo con el Consejo General del Poder Judicial, que no imparte Justicia sino que es un órgano, elegido actualmente por el Parlamento, a cuyo cargo está el gobierno de los jueces, es decir, la parte administrativa de la impartición de justicia, sin que ninguno de sus miembros pueda dictar sentencias. Quizás sería bueno, para garantizar mejor que la organización del Poder Judicial respondiera más adecuadamente a las necesidades objetivas de esa impartición de justicia, que fueran los propios jueces quienes nombraran a los miembros del Consejo, como sucede en muchos países democráticos; pero otros países democráticos también tienen Consejos elegidos, total o parcialmente, por los parlamentos. En ambos casos, lo que importa es cómo ejercen sus competencias, es decir, como garantizan que los jueces y magistrados puedan dictar las sentencias como es debido. El propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos es elegido por políticos: por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa a propuesta (una terna para elegir uno) de los respectivos Gobiernos. Si alguien considera que un juez que tiene que juzgarle no es independiente puede recusarlo. La recusación, una vez agotados los recursos internos, puede ser elevada al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

- El juez imparcial: Significa que quien va a dictar la sentencia no tenga relación de amistad, parentesco, de negocios o de cualquier otra índole con las partes del litigio, es decir, con quienes pleitean por sus derechos o intereses legítimos. Por eso, cuando existe sospecha de que pueden existir intereses mutuos entre el juez y las partes, el juez debe inhibirse o, si no lo hace, puede ser recusado. Los abogados tienen que informar especialmente sobre ello a las partes, porque de la imparcialidad depende la objetividad de la Justicia. También en este caso la recusación, una vez agotados los recursos internos, puede ser elevada al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

- El derecho a la defensa y a la presentación de pruebas: Esencial, en democracia, porque siempre podemos ser objeto de acusaciones infundadas. Demasiadas veces, olvidamos que la defensa tiene que presentar las pruebas pertinentes, convincentes, que desechen toda duda razonable sobre la culpabilidad de una persona que está siendo juzgada. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos puede controlar que todo ello sea correcto, una vez agotados los recursos internos.

- La presunción de inocencia: Sin juicios paralelos, sin pena de telediario. Nadie es culpable hasta que una sentencia firme así lo declare. Por eso es necesario ser conscientes de que ser investigado o acusado es una simple posición procesal, que no prejuzga la culpabilidad. No se puede dar tratamiento de culpable mientras exista posibilidad de apelación o de casación o revisión de la sentencia, o de amparo ante el Tribunal Constitucional. La Justicia exige que esta presunción se respete siendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos jurisdicción subsidiaria al respecto.

- La sentencia emitida dentro de un plazo razonable: Esta es la garantía que más problemas comporta en su ejercicio. ¿Por qué? Primero porque una Justicia que llega tarde deja de ser Justicia. Y después, porque para saber si el plazo es o no razonable, es decir, si no existen dilaciones indebidas en el proceso hay que examinar la complejidad del caso, la actitud de las partes (por ver si ejercen filibusterismo judicial, es decir, si ponen obstáculos, se fugan, dan domicilios equivocados, etc. Etc.) y la actitud del poder público. En este último caso, distinguiendo, por una parte, entre el poder público que tiene a su cargo la organización de la administración de justicia, para determinar si la distribución territorial de los juzgados es la oportuna, o si cuentan o no con los medios adecuados. Y, por otra parte, supervisando la actividad del juez del caso, su diligencia, su dedicación, que no se le acumulen innecesariamente los asuntos. Todo ello debería ser objeto de una mejor atención por parte de quienes tienen responsabilidad sobre la buena administración de Justicia. Cuando se considere que un tribunal español no dicta su resolución sin dilaciones indebidas, se puede presentar recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sin esperar a que el proceso haya culminado totalmente, pues se trata de dilucidar si los plazos que debe seguir el proceso son los legales y razonables..

- Las sentencias deben ser ejecutadas, es decir, deben cumplirse. Si lo que decide el juez en sentencia firme no se hace efectivo, desaparece la Justicia. Y deben ejecutarse todas las sentencias que no pueden ser apeladas, tanto si las han dictado los tribunales ordinarios o el Tribunal Constitucional. Nos hubiéramos ahorrado un buen número de problemas si se hubiera dado cumplimiento a determinadas sentencias. Por eso, el sistema jurídico prevé sanciones si existe resistencia a cumplirlas. Porque la tutela judicial efectiva de derechos e intereses legítimos no existe si lo resuelto por el juez no obtiene efectivo cumplimiento. Incluso tenemos previsto, aunque costó tiempo adoptar la legislación pertinente, que el recurso de revisión sirve para obtener la ejecución de sentencias de tribunales internacionales o supranacionales cuando España fuere condenada por éstos.

Todas estas garantías se le aplican a los procesados que están en prisión, cualquiera que sea su origen, condición o situación económica. Se aplican a los implicados en la huelga de hambre de sólidos que acaban de iniciar. Que quede claro, como a cualquier persona. Por algo incluso en las asociaciones de juristas europeos consideran a España como uno de los paises más garantistas. Y por algo España es uno de los países que, teniendo en cuenta la estadística que deriva de la fecha de adhesión al Convenio Europeo de Derechos Humanos y que no hay ningún país del Consejo de Europa que no haya sido condenado por algún tipo de violación del Convenio, ha recibido menos condenas del Tribunal de Estrasburgo.