Más CO2, please: con el doble de carbono la producción agrícola global subiría al 124%

Un estudio reciente de modelización sobre el pasado, presente y futuro de la producción global agrícola (trigo, maíz, arroz y soja) indica que con un clima glacial y menos CO2 (200 ppm en vez de las 400 ppm actuales) obtendríamos tan solo el 49% de la producción actual. En las condiciones climáticas y de CO2 (280 ppm) de la época preindustrial obtendríamos el 82%. En un futuro con 2 grados más de temperatura y 560 ppm de CO2 obtendríamos el 115% y en un futuro con 4 grados más y 800 ppm subiríamos al 124%.| Antón Uriarte

Carbon plants nutrition and global food security
The European Physical Journal Plus

Abstract

To evaluate the effects of carbon nutrition on agricultural productivity, a physiological-process-based crop simulation model, driven by the 1961-1990 monthly climate data from global FAO dataset, was developed and applied to four crops (wheat, maize, rice and soybean --WMRS) which account for 64% of the global caloric consumption of humans. Five different temperatures and CO2 scenarios (current; glacial; pre-industrial; future_1 with 560 ppmv for CO2 and +2 °C for temperature; and future_2 with 800 ppmv for CO2 and +4 °C) were investigated. The relative values of WMRS global productions for past and future scenarios were, respectively, 49% of the present-day scenario for glacial, 82% for pre-industrial, 115% for future_1 and 124% for future_2. A sensitive growth of productivity of future scenarios (respectively to 117% and 134%) was observed if the northward shift of crops was allowed, and a strong increase was obtained without water limitation (from 151% to 157% for the five scenarios) and without biotic and abiotic stresses (from 30% to 40% for WMRS subject to the current scenario). Furthermore since the beginning of the Green Revolution (roughly happened between the '30s and the '50s of the twentieth century) production losses due to sub-optimal levels of CO2 and to biotic and abiotic stresses have been masked by the strong technological innovation trend still ongoing, which, in the last century, led to a strong increase in the global crop production (+400%-600%). These results show the crucial relevance of the future choices of research and development in agriculture (genetics, land reclamation, irrigation, plant protection, and so on) to ensure global food security.

El PSOE ganaría las elecciones con más del 26% de los votos, por delante de C's, que superaría al PP. Podemos bajaría al 16%

La última encuesta de SigmaDos para El Mundo sitúa al PSOE en cabeza con más del 26% de los votos. Los socialistas suben más de seis puntos desde la anterior medición, realizada en marzo, gracias al impulso que ha supuesto la exitosa moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy. Ciudadanos, que hace tres meses apuntaba a la victoria electoral, quedaría ahora en segunda posición con algo más del 24%, dos puntos y medio menos que entonces. El Partido Popular, con el 22,3%, también cede un puesto. Unidos Podemos es la formación que más baja: del 18,4% de marzo al 16,1% actual. Por lo que respecta a los partidos de ámbito catalán, ERC (3,1%) se situaría claramente por encima del PDeCAT (1,2%). El PNV obtendría el 1,1%.

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El incruento golpe fallido al estado y el fracaso de la euroorden

La resolución del Tribunal de Schleswig-Holstein dice textualmente -según el documento todavía no traducido oficialmente al español- que: "nur 58 von 6.000 eingesetzten Nationalpolizisten bei diesen Auseinandersetzungen verletzt worden". O sea, que no puede haber delito de rebelión cuando solo 58 policías de los 6000 desplegados resultó herido el 1 de octubre [vía Rafael Arenas García]

Esta frase y otras que se han publicado de la resolución judicial alemana hacen pensar que el Tribunal de Schleswig-Holstein ha entrado a juzgar el caso verificando si los hechos alegados por el tribunal español se ajustan o no a las pruebas practicadas, lo que es completamente contrario a las exigencias de la euroorden. 'En la decisión sobre una orden europea de detención y entrega -dice Rafael Arenas- no se entra a juzgar, sino que se han de admitir los hechos presentados por la autoridad solicitante. Luego, en el juicio, ya se verá si pueden o no ser probados. Lamentable, hablar de funcionamiento normal de la justicia en este caso o es un sarcasmo o es no tener ni idea de lo que es la euroorden y lo que exige'.

El fracaso de la euroorden

...al no regir el principio de doble incriminación respecto a la malversación resultaba difícil para los tribunales alemanes rechazar la entrega por este delito y en ese sentido resulta llamativo que haya hecho –como parece- una indagación sobre el fundamento de la acusación, lo que no está justificado en el mecanismo de la orden europea de detención y entrega. Pese a ello, sin embargo, la decisión es la entrega del antiguo presidente de la Generalitat.

El tribunal, sin embargo, rechaza la entrega por rebelión. Parece ser que examinando el Derecho alemán resulta que los hechos de los que se acusa al Sr. Puigdemont no son punibles en Alemania. Ciertamente resulta extraño este resultado y cabe preguntarse si el Tribunal alemán no ha procedido, en realidad, a un enjuiciamiento previo del delito; esto es, a la verificación del fundamento de la acusación; lo que tampoco estaría justificado de acuerdo con lo establecido en el mecanismo de la euroorden; ya que según éste las autoridades del Estado de ejecución han de dar por buenos los hechos presentados por el tribunal que solicita la entrega, sin entrar a cuestionarlos.

***

Ante la Justicia Internacional

Carlos Fernández Liesa

En 1920 se celebró un referéndum en Schleswig-Holstein, de acuerdo con el cual es parte hoy de Alemania y no de Dinamarca. Si esto se hubiera sabido no se habrían levantado falsas expectativas. La conducta de los jueces belgas y alemanes tiene imposible explicación jurídica. Funciona la política, la propaganda, las leyendas negras y los estereotipos. Pero desde el ángulo del derecho están poniendo a sus Estados ante la Justicia internacional y europea.

Los belgas acuden a un inexistente defecto formal para rechazar la colaboración, y citan al juez Pablo Llarena, en un ejercicio extraterritorial e ilícito de sus competencias, que trasgrede las de España. Tanto es así que el Presidente del Tribunal Supremo pide ayuda al gobierno invocando inmunidad de jurisdicción frente al ejercicio de una competencia extraterritorial. Esto de consumarse constituye un hecho ilícito internacional que podría acabar en una controversia ante el Tribunal internacional de Justicia de la Haya.

Los alemanes han señalado que solo entregarán a Puigdemont por malversación y no por los otros delitos. La orden europea de detención es un mecanismo de cooperación judicial que nunca puede sustituir la labor del juez nacional, menos aún un tribunal inferior a uno superior. Los jueces alemanes entran a valorar si ha habido violencia de una magnitud necesaria y no entran en la cuestión de la sedición. Ninguno de estos dos procederes es adecuado y además deja en total indefensión a España.

La OED, se dice, no es recurrible por España ante los Tribunales alemanes superiores, lo que no concuerda con el principio de agotamiento de los recursos internos. El Tribunal inferior alemán, al valorar la prueba que solo compete al Tribunal español superior vulnera el principio de reconocimiento mutuo, confianza legítima y cooperación judicial. Pero, sobre todo, vulnera las competencias del Tribunal español pues no es quien para hacerlo. El clásico principio de soberanía (par in parem imperium non habet) ha resultado vulnerado pues los jueces alemanes entran a conocer lo que compete a los españoles, lo que además también supone vulnerar el principio de la no intervención.

Plantear una cuestión prejudicial por vulneración por Alemania, en este procedimiento, del art. 4, 2 del tratado de Unión Europea. Eso lo ganaría España pues tanto el espíritu como la lógica no pueden desembocar sino en aceptar el reconocimiento mutuo entre Estados democráticos y de derecho o, en otro caso, supone el fin de la euroorden y de la cooperación judicial. Además la justicia y el gobierno español deberían suspender, sobre la base del principio de reciprocidad, la orden europea de detención. No puede ser que España coopere con aquellos que no cooperan con España. En tercer lugar, España debería pedir la revisión ante el Tribunal constitucional alemán de la decisión del tribunal inferior, para que aquél, que desde luego podrá establecer el criterio definitivo de Alemania adopte una decisión atribuible a ese Estado y, por lo tanto, impugnable ante un Tribunal internacional.

Esta es la hoja de ruta que se debería seguir tanto por la justicia como por el gobierno de España.

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El magistrado Llarena fundamenta el delito de rebelión en el artículo 472 del Código Penal. Un artículo redactado por un legislador que parecía estar pensando ante todo en un golpe de tipo militar. Sin embargo, en el artículo 473 deja claro que la violencia no ha de ser necesariamente cruenta y armada, al establecer penas más altas 'si se han esgrimido armas'.

Artículo 472 [Código Penal]

Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes:

1.º Derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución.

2.º Destituir o despojar en todo o en parte de sus prerrogativas y facultades al Rey o al Regente o miembros de la Regencia, u obligarles a ejecutar un acto contrario a su voluntad.

3.º Impedir la libre celebración de elecciones para cargos públicos.

4.º Disolver las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados, el Senado o cualquier Asamblea Legislativa de una Comunidad Autónoma, impedir que se reúnan, deliberen o resuelvan, arrancarles alguna resolución o sustraerles alguna de sus atribuciones o competencias.

5.º Declarar la independencia de una parte del territorio nacional.

6.º Sustituir por otro el Gobierno de la Nación o el Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma, o usar o ejercer por sí o despojar al Gobierno o Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma, o a cualquiera de sus miembros de sus facultades, o impedirles o coartarles su libre ejercicio, u obligar a cualquiera de ellos a ejecutar actos contrarios a su voluntad.

7.º Sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno.

Artículo 473.

1. Los que, induciendo a los rebeldes, hayan promovido o sostengan la rebelión, y los jefes principales de ésta, serán castigados con la pena de prisión de quince a veinticinco años e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo; los que ejerzan un mando subalterno, con la de prisión de diez a quince años e inhabilitación absoluta de diez a quince años, y los meros participantes, con la de prisión de cinco a diez años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a diez años.

2. Si se han esgrimido armas, o si ha habido combate entre la fuerza de su mando y los sectores leales a la autoridad legítima, o la rebelión hubiese causado estragos en propiedades de titularidad pública o privada, cortado las comunicaciones telegráficas, telefónicas, por ondas, ferroviarias o de otra clase, ejercido violencias graves contra las personas, exigido contribuciones o distraído los caudales públicos de su legítima inversión, las penas de prisión serán, respectivamente, de veinticinco a treinta años para los primeros, de quince a veinticinco años para los segundos y de diez a quince años para los últimos.

Como no puede ser de otra manera, pueden existir interpretaciones jurídicas discrepantes sobre la aplicación de esos artículos contra Puigdemont y sus consellers, pero no existe ninguna duda que el Govern rompió con la legalidad para proclamar la independencia de Cataluña. Independencia que fue proclamada y, 11 segundos después, suspendida [que no anulada]. Lo dijo y lo hizo el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en su comparecencia ante el Parlament el 10 de octubre.

Como es conocido, la Ley de Referéndum establece que, dos días después de la proclamación oficial de los resultados, y en caso de que el número de votos del Sí haya sido superior al número de votos del No, el Parlament (y cito textualmente de la ley ) "celebrará una sesión ordinaria para efectuar una declaración formal de la independencia de Cataluña, sus efectos y acordar el inicio del proceso constituyente".

Hay un antes y un después del 1 de octubre, y hemos conseguido lo que nos comprometimos a hacer al inicio de la legislatura.

Llegados a este momento histórico, asumo como presidente de la Generalitat, al presentarles los resultados del referéndum ante el Parlament y nuestros conciudadanos, el mandato que Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de república.

Esto es lo que hoy corresponde hacer. Por responsabilidad y por respeto.

Y con la misma solemnidad, el Gobierno y yo mismo proponemos que el Parlament suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas emprendamos un diálogo sin el cual no es posible llegar a una solución acordada.

Poco después, los diputados secesionistas de Junts pel Sí y la CUP firmaron y emitieron una Declaración de independencia, sin valor jurídico, pero en el que asumían públicamente, con luz y taquígrafos, urbi et orbe, lo que habían hecho: un incruento golpe fallido al Estado.

Ante la constatación de que las instituciones del Estado han rechazado toda negociación, han violentado el principio de democracia y autonomía, y han ignorado los mecanismos legales disponibles en la Constitución, la Generalitat de Catalunya ha convocado un referéndum para el ejercicio del derecho a la autodeterminación reconocido en el derecho internacional.

(...)

En virtud de todo lo que se acaba de exponer, nosotros, representantes democráticos del pueblo de Catalunya, en el libre ejercicio del derecho de autodeterminación, y de acuerdo con el mandato recibido de la ciudadanía de Catalunya,

CONSTITUIMOS la República catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social.

DISPONEMOS la entrada en vigor de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República.

INICIAMOS el proceso constituyente, democrático, de base ciudadana, transversal, participativo y vinculante.

Era el 10 de octubre de 2017. Diecisiete días más tarde, Junts x Sí y la CUP entran al Parlament dos propuestas de resolución conjunta bajo el título de "Declarem que Catalunya es converteix en un estat independent en forma de república" en la que instan al govern a desplegar la Ley de Transitoriedad Jurídica, anulada por el Tribunal Constitucional. Esa mismo día, en una votación secreta y sin la presencia de la oposición, aprueban con sus 70 votos la proclamación de la independencia y el inicio del proceso constituyente de la República Catalana. Horas después se aplicaba el artículo 155.

Entender lo que ha pasado en Cataluña para evitar la desintegración de Europa [Manifiesto]

POR UNA EUROPA MEJOR INTEGRADA

En la carta Upholding the rule of law in the European Union del 31 de octubre, se acusaba al gobierno de "violar sistemáticamente el estado de derecho en España". Francesc de Carreras y Josu de Miguel ya la rebatieron contundentemente, demostrando que fueron las autoridades catalanas, y no el gobierno central, quienes lo violaron. Pero Europa todavía necesita comprender qué ha pasado y por qué, para evitar que algo así se repita en otras regiones ricas de la UE.

¿Qué ha pasado? Las élites catalanas convirtieron las instituciones regionales -políticas, sociales y mediáticas- en estructuras de Estado paralelas, poniéndolas al servicio del secesionismo y vulnerando así la neutralidad administrativa, un principio democrático fundamental. Presionaron a profesores de Universidad, periodistas y jueces, usaron a la policía autonómica como policía política para espiar a políticos, empresarios y asociaciones, como Sociedad Civil Catalana [premio Ciudadano Europeo 2014], generando un clima de acoso y violencia simbólica que se acompaña ya de una violencia institucional. Pretenden imponernos su arbitraria voluntad, suplantando la legítima coerción del Estado y la vigencia de ley democrática. Esto, junto con las recurrentes campañas para desacreditar a la democracia española, la propagación de mentiras oficiales, la manipulación de la historia y el adoctrinamiento de los niños en las escuelas, más propio de regímenes totalitarios, vulnera nuestra Constitución y viola los derechos de millones de catalanes.

Además, han dañado gravemente la economía de una región próspera. La deuda autonómica sólo se sostiene gracias a los fondos estatales (FLA), que suman ya 52.5 miles de millones de euros; y, desde el intento de golpe de Estado de septiembre/octubre, más de 4.000 empresas se han ido, mientras que la inversión extranjera caía.

El secesionismo, convertido en un proyecto oligárquico, clasista, identitario y emocional, ha partido la sociedad catalana en dos, con graves consecuencias políticas y económicas para Cataluña y para toda España. El proyecto europeo, democrático y progresista, no puede ser ambiguo con los nacionalismos sin traicionar el fundante principio de solidaridad.

¿Por qué? Esta crisis social, política y económica no es consecuencia del centralismo: España ya es uno de los países más descentralizados del mundo. Las regiones controlan Educación, Sanidad y Servicios sociales; y Cataluña, Navarra o País Vasco disponen incluso de su propia policía autonómica. Navarra y País Vasco, dos de las autonomías más ricas, se benefician incluso de privilegios fiscales que son inconstitucionales, pero tolerados por los Gobiernos nacionales para mantenerse en el poder.

De hecho, el autogobierno ya ha ido demasiado lejos, dado que el alto nivel de autonomía fiscal del que disfrutan las regiones, 1º) dispara la competencia desleal entre ellas, y 2º) niega de hecho el principio de solidaridad. Hay dos razones principales tras estas cesiones de poder y recursos públicos: a) la mala definición constitucional de los límites autonómicos; y b) las estrategias de movilización de los partidos socialistas, y del PSC en particular, que permitieron a las élites nacionalistas [a cambio de apoyos parlamentarios puntuales para alcanzar el poder] desarrollar procesos de ingeniería etno-lingüística, de construcción nacional, y así ampliar su poder y su base electoral, haciendo uso de clientelismo y la corrupción sistémica, como muestran el caso Palau o el del clan Pujol. El fomento del nacionalismo, así como el pacto con los separatistas radicales en 2012 y espolear a las masas en busca de insolidarios pactos fiscales, ayudó a las élites a encubrir parte de esa corrupción.

Sin embargo, la UE también es responsable de esta situación, al menos por lo que respecta a las siguientes 6 cuestiones:

1. El Parlamento Europeo facilitó la violación de derechos lingüísticos al aprobar, en 2009, una enmienda contraria al propio informe de la comisión de Cultura, que preveía la elección de lengua vehicular de enseñanza allí donde coexistan una o más lenguas oficiales. Los nacionalistas recurrieron al artículo 22 para tratar a los niños hispano-hablantes como extranjeros, eliminando el español del currículo en su anhelo de instaurar un ideal identitario premoderno, totalizante y lingüísticamente unidimensional. Su negación de la diversidad cultural catalana está en la fuente de la actual crisis social.

2. Un presupuesto integrado sólo por el 1% del PIB de los EEMM incentiva la secesión en las regiones más ricas porque les ofrece moneda y mercado únicos, pero ahorrándoles la solidaridad fiscal más allá de sus fronteras. Hace poco, los ciudadanos de las prósperas Lombardía y Véneto votaron abrumadoramente por una mayor autonomía y el próximo paso lógico será la construcción nacional: si creen, como los separatistas catalanes, que podrían reingresar rápidamente en la UE, intentarán incluso independizarse. Luego, en una UE de tan limitada solidaridad fiscal, podrán incluso, siguiendo a varios EEMM, convertirse en paraísos fiscales y oponernos su competencia desleal.

3. A pesar del éxito que supuso, hoy el euro está ampliando -y no reduciendo- la brecha económica inter-regional. La crítica es bien sabida: no tiene sentido que, por culpa de intereses nacionales (exacerbados probablemente con la crisis), el euro siga con las mismas carencias de articulación política que cuando se creó hace 20 años.

4. El FMI y otras autoridades han mostrado que la austeridad retrasa la recuperación económica. Pero los países acreedores (Holanda, Alemania, etc.) volvieron a exigírsela a los deudores en la Cumbre Europea de diciembre. Esta estrategia ya ha castigado injustamente a Portugal, Italia, Grecia y España (los conocidos como PIGS) y sólo conduce a la irracionalidad y el suicidio colectivos.

5. El Brexit ejemplifica el fracaso político de la UE y revela los riesgos que acechan tras las lógicas nacionalistas, victimistas e identitarias: un incremento del PIB en el RU superior a la media europea no pudo impedirlo. Las políticas clientelistas y la integración mercantil no han reforzado el sentimiento de pertenencia a un espacio común de derechos y obligaciones compartidos, a un "demos europeo".

6. El caso de Puigdemont ilustra tanto las limitaciones actuales del espacio europeo (en este caso, respecto a la Orden de Detención Europea), como la amenaza planteada por el tecno-populismo. Con una decisión "plagada de fallas de procedimiento", los magistrados regionales equipararon una protesta contra una decisión administrativa en los años 80 con los constantes ataques a la soberanía del Estado [el Estatuto catalán, etc.], es decir, con un golpe de estado incruento. Destruir "los cimientos del reconocimiento mutuo y de la cooperación judicial" es la forma más segura de desgarrar a la UE.

Como ciudadanos europeos, estamos orgullosos de los logros que hemos alcanzados juntos, desde la libre circulación o la moneda única hasta iniciativas que muestran realmente la voluntad de unir, como el programa Erasmus; y no podemos permitir que los nacionalismos y populismos nos roben el sueño de un futuro compartido más justo y solidario, ni que desaten su egoísmo, promoviendo el supremacismo y la fractura social como solución a la crisis económica. Pero la única forma de enfrentarse al discurso excluyente de los demagogos es ofrecer a los ciudadanos una narrativa mejor.

Reclamamos, por lo tanto, una mayor integración política de todas las instituciones comunitarias. La formación de partidos políticos trans-europeos, con programas comunes de solidaridad fiscal, justicia social y cesión de soberanía nacional hacia Europa, consolidaría el concepto de ciudadanía europea. Confiamos en que sabrán ustedes dar nuevo impulso a esta iniciativa, que ya fue planteada hace 25 años, siguiendo el legado político de Ventotene, Schuman o Monnet, y atendiendo los principios de solidaridad y progreso para todos que legitiman el proyecto europeo. Asimismo, la UE debería facilitar el avance, entre los países de la eurozona que lo deseen, hacia unos "Estados Unidos de Europa".

No debemos olvidar que la integración económica no fue nunca el fin sino el medio para construir un espacio compartido de soberanía y libertad, de paz y solidaridad entre los pueblos europeos. Y también con el resto del mundo.

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*Coordinadores:

Luis Méndiz, sociólogo y educador (jubilado), MA European Studies (Reading), PGCE (Reading)

Ángela Herrero, antropóloga (Barcelona-UAB)

Mikel Arteta, Doctor en Filosofía Política (Valencia)

*Firmantes (a título personal y en orden alfabético)

Dolores Agenjo, ex profesora, filóloga (Barcelona)

Pepe Albert De Paco, periodista y asistente de prensa en el Parlamento Europeo

Francisco D. Alcobendas, junta directiva de Plataforma AHORA.

Martín Alonso, escritor y docente (jubilado), Doctor en Ciencias Políticas (UNED)

Santiago Álvarez, profesor y filósofo, Doctor en Filosofía (Sevilla)

Cayetana Alvarez de Toledo, historiadora y periodista

Javier Anso, SM, abogado y politólogo

Rafael Arenas, escritor, Catedrático de Derecho Internacional Privado de la UAB, ex presidente de Sociedad Civil Catalana (SCC)

Omar Astorga, Profesor de Filosofía en la Universidad Central de Venezuela

Félix de Azúa, escritor, miembro de la Real Academia Española

Natacha Bacolla, Profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Rosario (Argentina), subdirectora de la Revista de Ciencias Sociales de la Universidad del Litoral

Michele Bagella, Professor of Monetary Economics and Dean of the Faculty of Economics, University of Rome-Tor Vergata

Susana Beltrán, Profesora Agregada de Derecho Internacional Público de la UAB, ex vicepresidenta de Sociedad Civil Catalana (SCC), Diputada del Parlamento de Cataluña

Víctor F Bermúdez, High School teacher in the Netherlands

Enrique Bocanegra, gerente cultural, Máster (Centro de Estudios de la Defensa Nacional CESEDEN)

Josep Ramon Bosch, Presidente de la Fundación Joan Boscà

Paolo Buchignani, Professore Associato di Storia Contemporanea presso l'Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria

Eduardo Butragueño, ex Profesor de Historia de la Filosofía en la Universidad de Barcelona

Gabriel Cabello, Profesor de Historia del Arte en la Universidad de Granada

Adolfo Calatrava, Profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Antonio de Nebrija (Madrid)

Enrique Calvet Chambon, Presidente de Unidos, Libres, Iguales & Solidarios (ULIS), Miembro del Parlamento Europeo (MEP)

José Calvo González, Catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Málaga

Miguel Candel, Profesor Emérito de Historia de la Filosofía en la Universidad de Barcelona

Mª del Rosario Cañete, abogada, ex Profesora de Derecho Procesal en la Universidad del País Vasco (UPV-EHU), miembro del Consejo Nacional del Centro Izquierda de España (dCIDE)

Julio Carabaña, Catedrático de Sociología en la Universidad de Madrid-UCM

Francesc de Carreras, Catedrático de Derecho Constitucional en la UAB, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas

Emilio J Castilla, NTU Professor of Management and Professor at the MIT Sloan School of Management, Cambridge, Massachusetts, USA

Francisco Castilla, Profesor Titular de Filosofía en la Universidad de Alcalá de Henares

Antonio Cazorla, Professor and Chair (Department of History) at Trent University, Peterborough, Ontario, Canada Asterios Chatziparadeisis, PhD in Statistics Université Pierre et Marie Curie (UPMC Paris-6), former civil servant European Commission, General Secretariat of Research & Technology, Greece

Ramiro Cibrián, PhD (Yale), ex Embajador de la Comisión Europea

Daniela Coli, Professor of History of Political Philosophy at the Università degli Studi, Firenze

Joaquim Coll, ensayista e historiador, ex Profesor Titular de la Universidad de Barcelona, Premio Ciudad de Barcelona 1998, miembro de Sociedad Civil Catalana (SCC)

Roger Corcho, asistente en el Parlamento Europeo

Juan Antonio Cordero, Professeur à l'École Polytechnique de Paris

Pier Virgilio Dastoli, Professor of Politics and European Institutions at the University of Rome, Presidente del Consiglio Italiano del Movimento Europeo

Francisco Javier Díaz Revorio, Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Castilla-La Mancha

José Luis Díez Ripollés, Catedrático de Derecho Penal y exdirector del Instituto Andaluz de Criminología de la Universidad de Málaga

Rafael Dobado, Catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la UCM, Miembro de la Real Academia de la Historia

Pepe Domingo, abogado, ex parlamentario de Ciudadanos, ex vicepresidente de Sociedad Civil Catalana (SCC), Presidente de Impulso Ciudadano

Ascensión Elvira, Catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad Carlos III,

Arcadi Espada, periodista

Luciano Espinosa, Profesor Titular de Filosofía en la Universidad de Salamanca

Lidia Falcón, abogada y escritora, Presidenta del Partido Feminista de España (PFE)

Guillermo Fatás, Profesor Emérito de Historia Antigua en la Universidad de Zaragoza, miembro de la Real Academia de la Historia

Augusto Fenollar, químico, miembro de Sociedad Civil Catalana (SCC), miembro de la Plataforma AHORA

Isabel Fernández Alonso, Profesora Titular de Comunicación en la UAB, Barcelona, miembro del Consejo de Dirección de Sociedad Civil Catalana (SCC)

Pedro Fernández Herrero, economista, ex Director de Alternativa Ciudadana Progresista (ACP)

Carlos Ramón Fernández Liesa, Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales y exsecretario general y Vicerrector de la Universidad Carlos III de Madrid, ex Director del Instituto de Estudios Internacionales y Europeos 'Francisco de Vitoria'

Ignacio Fernández Sarasola, Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo

Javier Fernández Sebastián, Catedrático de Historia del Pensamiento Político en la Universidad del País Vasco (UPV-EHU)

Natividad Fernández Sola, Catedrática de Derecho Internacional y Europeo y Relaciones Internacionales en la Universidad de Zaragoza

Armando Fernández Steinko, escritor, Profesor de Ciencia Política y Sociología en la Universidad de Madrid-UCM, miembro de Sociedad Civil Catalana (SCC)

Luis Ferruz, escritor y economista, Catedrático de la Universidad de Zaragoza

Sergio Fidalgo, escritor y periodista, director de El Catalán, cofundador de Concordia Cívica

Maxime Forest, Associate Lecturer and Senior Researcher at the Institut d'Etudes Politiques de Paris (Sciences Po)

Samuel Freeman, Avalon Professor of the Humanities and Professor of Philosophy and Law at the University of Pennsylvania, Philadelphia

Teresa Freixes, Catedrática de Derecho Constitucional en la UAB, Barcelona, Cátedra Jean Monnet ad Personam, member of the Royal European Academy of Doctors

Paco Frutos, ex Secretario General del Partido Comunista de España (PCE)

Félix de la Fuente, escritor sobre temas de la UE y ex funcionario del Parlamento Europeo

Mª de las Mercedes Fuertes, Catedrática de Derecho Administrativo en la Universidad de León

Manel García, Jefe de Servicios de la Generalitat de Cataluña (Generalitat)

Juan Antonio García Amado, Catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de León

María Paz García Rubio, Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Santiago de Compostela

Maria Amata Garito, Rettore dell'Università Telematica Internazionale (UNINETTUNO), Roma

Maria Gerolemou, Post Doc researcher, Dept of Classics and Philosophy, University of Cyprus

Alberto Gil Ibáñez, escritor, cuerpo de Administradores civiles del Estado

Maria Teresa Gimenez Barbat, Miembro del Parlamento Europeo (MEP)

Maurice Goldring, Professor Emeritus of Irish Studies at the University of Paris-8 Saint-Denis

Pedro Gómez, editor

Mª del Carmen González Enríquez, Catedrática de Ciencia Política y de Administración en la UNED

Mª José González Ordovás, Profesora Titular de Filosofía del Derecho en la Universidad de Zaragoza

Nicholas Green, UK Local Government Officer (retired), Bristol

Mauro F Guillén, Anthony L. Davis Director of The Lauder Institute and Dr. Felix Zandman Professor of International Management at The Wharton School, University of Pennsylvania, Philadelphia

Mª Pilar Gutiérrez, Profesora Titular de Derecho Civil en la Universidad de León

Peter Harvey, teacher and translator, MA (Cambridge), PGCE (Wales)

Antonio Hermosa, Profesor Titular de Filosofía en la Universidad de Sevilla, director de Araucaria: Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades

Jesús Hernández Alonso, Profesor Titular de Matemáticas en la Universidad de Madrid-UAM

Rafael Hernández Marín, Catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Murcia

Alejandro Herrero, ex funcionario, Comisión Europea

Liborio L. Hierro, Catedrático Emérito de Filosofía del Derecho en la Universidad de Madrid-UAM

Axel Honneth, Professor of Philosophy at both the University of Frankfurt and Columbia University, director of the Institut für Sozialforschung, Frankfurt

Enrique Iáñez, Profesor Titular de Microbiología en la Universidad de Granada

Miguel Ángel Idígoras, periodista, corresponsal en Londres para Televisión Española (TVE)

Julio Iglesias de Ussel, Catedrático de Sociología en la Universidad de Madrid-UCM, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas

Victoria Iturralde, Catedrática de Filosofía del Derecho en la Universidad del País Vasco

Karl Jacobi, President and founder of Comvort Network

José Joaquín Jiménez, Profesor Titular de Filosofía del Derecho en la Universidad de Granada

Fernando Jiménez Sánchez, Profesor Titular de Ciencia Política en la Universidad de Murcia

Teresa Jiménez Becerril, Miembro del Parlamento Europeo (MEP)

Jukka Kekkonen, Professor of Legal History and Roman Law at the University of Helsinki

Holm-Detlev Köhler, Profesor de Sociología en la Universidad de Oviedo

Mattias Kumm, Professor of Global Public Law at the Center for Global Constitutionalism (WZB) Berlin, and Inge Rennert Professor of Law at the NYU School of Law

Pepa Labrador, profesora y filóloga (UAB)

Francisco Lapuerta, docente, Doctor en Filosofía

Rafael Latorre, periodista

Carmen Leal, maestra y filóloga

Amable Liñán, Catedrático de Mecánica de Fluidos, Profesor Emérito de la UPM, Associate Professor (Yale), miembro de la Real Academia de Ciencias

Carmen López Alonso, Profesora Titular de Historia del Pensamiento Político en la Universidad de Madrid-UCM

Salvador López Arnal, Profesor de Matemáticas de la UNED, columnista de El Viejo Topo

Ana Losada, Presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB)

Fernando Losada, Academy of Finland Research Fellow at the Law Faculty, University of Helsinki

Barbara Loyer, Directrice et Professeur à l'Institut Français de Géopolitique de l'Université Paris-8, Comité de Rédaction Hérodote

Gorka Maneiro, portavoz de la Plataforma AHORA

Araceli Mangas, Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la UCM, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas

Carlo Marcaccini, Professore alla Scuola Militare Aeronautica Giulio Douhet

Ramón Marcos, Abogado de la Seguridad Social

Enric Martínez Herrera, Profesor Titular de Ciencias Sociales y Políticas (ANECA), Coordinador general de UNIDOS y SOCIALISTAS + por la Democracia

Carlos Martínez Gorriarán, Profesor Titular de Estética y Filosofía en la Universidad del País Vasco (UPV-EHU), editor de El Asterisco

Pedro Martínez Ruano, Profesor Titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Almería

Javier Maurín, ex Portavoz, Junta Municipal Villaverde-Madrid, Plataforma AHORA

Jesús M. de Miguel, MSc (LSE), PhD (Yale), Profesor de la Universidad de Barcelona (jubilado), First 'Príncipe de Asturias' Professor at Georgetown University

Josu de Miguel, Catedrático de Derecho Constitucional en la UAB, Barcelona

Luis Míguez, Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Santiago de Compostela

Chantal Moll de Alba, Profesora de Derecho Civil en la Universidad de Barcelona, member of theEuropean Society of Construction Law, miembro del grupo de juristas catalanes Llibertats

Santiago Mondéjar, consultor y articulista

Remedios Morán, Catedrática de Historia del Derecho de la UNED

Jerónimo Moreno, CEO y asesor comercial, ETEA (Universidad de Córdoba)

Miriam Moreno, Doctora en Filosofía (UCM), ex productora de Televisión Española

Javier Moscoso, Profesor de Investigación, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Javier Nart, Miembro del Parlamento Europeo (MEP)

Claus Offe, Professor Emeritus of Political Sociology at the Hertie School of Governance, Berlin

José Javier Olivas-Osuna, PhD (LSE), Researcher at the Conflict & Civil Society Research Unit of the LSE, member of the editorial team LSE Eurocrisis blog

José A Olmeda, Catedrático de Ciencias Políticas y ex Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED, Madrid

Antonio F. Ordóñez, abogado y funcionario de la administración local, Vicecoordinador de ASEC / ASIC (Asamblea Social de la Esquerra de Cataluña)

Felix Ovejero, Profesor Titular de Ética, Economía y Ciencias Sociales de la Universidad de Barcelona

Maite Pagazaurtundúa, Miembro del Parlamento Europeo (MEP)

Miguel Peña, Profesor de Bellas Artes de la Universidad de Granada

Fernando Peregrín, escritor, Doctor en Física (UCM)

Xavier Pericay, filólogo y escritor, Diputado del Parlamento Balear

Nuria Plaza, escritora y docente del programa ALBA de Estudios Universitarios en Barcelona

Franco Praussello, Professor of International Economics, Director of the Jean Monnet Centre and the Post-Grad School in Economics & Finance of the EU at the University of Genoa

Evaristo Prieto, Catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Madrid-UAM

Josu Puelles, Vicepresidente del Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (COVITE)

Mª Jesús Pujalte, Catedrática de Microbiología de la Universidad de Valencia

Hugo Quiroga, Profesor Titular de Teoría Política en las Universidades de Rosario y del Litoral (Argentina), director de la Revista de Ciencias Sociales de la Universidad del Litoral

Álex Ramos, doctor, vicepresidente de Sociedad Civil Catalana (SCC)

Miguel Revenga, Catedrático de Derecho Constitucional y Director del Departamento de Disciplinas Jurídicas Básicas de la Universidad de Cádiz (Jerez)

Antonio Robles, escritor, Profesor de Filosofía, periodista, ex parlamentario de Ciudadanos, portavoz del Centro Izquierda de España (dCIDE)

Elvira Roca, escritora e historiadora

Luis Roca, Profesor, escritor y filósofo, Universidad de Barcelona

Javier Roldán, Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Granada

Berta Romera, antropóloga (UAB) y profesora

Juan Ruiz Manero, Catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Alicante

Alfonso Ruiz Miguel, Catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Madrid-UAM

Pasquale Lino Saccà, Jean Monnet Chair ad Personam Erasmus Network "I Mediterranei" South/East Dialogue

Marcos Sánchez, ingeniero y CEO

Ramón Sánchez Tabarés, ex profesor de Economía de la Universidad de Barcelona

Laura Sancho, Catedrática de Historia Antigua en la Universidad de Zaragoza

Sergio Sanz, arquitecto, Diputado del Parlamento de Cataluña

Julián Sauquillo, Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Madrid (UAM)

Fernando Savater, escritor, Profesor de Filosofía (jubilado)

Samuel Schmidt, Political Scientist, University of Texas, Austin Vicente Serrano, columnista

Carlos Silva, Profesor de inglés, miembro de Unión, Progreso y Democracia (UPYD), Vicepresidente de Impulso Ciudadano y miembro de la Asamblea de la Escuela Bilingüe en Cataluña (AEB)

Carlota Solé, Profesora Emérita de la UAB, Barcelona

Francisco Sosa Wagner, Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de León

Mauricio Suárez, Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Madrid-UCM

Javier Tajadura, Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco (UPV-EHU)

Jaime Terceiro, Catedrático de la Universidad de Madrid-UCM, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Premio Rey Juan Carlos I de Economía (2012)

Raffaele Torino, Professor of Comparative Private Law and European Union Law & Policies at the University of Roma-Tre

Gabriel Tortella, escritor e investigador, Catedrático Emérito de Historia Económica, Premio Rey Juan Carlos I de Economía (1994)

Santiago Trancón, escritor y docente, fundador del Centro Izquierda de España (dCIDE)

Andrés Trapiello, escritor, poeta, ensayista

Cyril Trépier, PhD in Geography, Post-Doc researcher at the Institut Français de Géopolitique, University of Paris-8

Enrique Ujaldón, escritor, Profesor de Filosofía Política en la Universidad de Murcia, cofundador de la Plataforma Libres e Iguales

Alfonso Valero, Principal Lecturer at the Nottingham Law School (Nottingham Trent University), Deputy Editor of the Nottingham Law Journal, member of the Society of Legal Scholars

Guillermo del Valle, abogado, portavoz adjunto de la Plataforma AHORA

Mario Vargas Llosa, escritor, Premio Nobel de Literatura (2010)

Rodrigo Vázquez de Prada, periodista, Director de la publicación semanal digital Crónica Popular

Salvatore Veca, Professor Emeritus of Political Philosophy at the Istituto Universitario di Studi Superiori, Pavia

Reyes de la Vega, Profesor Titular de Química en la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla)

José Luis Vergara, asesor de comunicación

Ignacio Villaverde, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo

Mercè Vilarrubias, lingüista y escritora

José A Zorrilla, ex embajador de España en Georgia y los Estados del Cáucaso (Tiflis)

Michael Zürn, Professor of International Relations at the Free University of Berlin, Director of the Global Governance Unit and Head at the Center for Global Constitutionalism (WZB)

Aurelio Arteta, Catedrático jubilado de Filosofía Moral y Política.

750 jueces solicitan protección internacional ante el 'linchamiento moral y profesional' alentado por la prensa y los partidos en el caso de La Manada

LIBERTAD DIGITAL.- 750 magistrados. 350 en el origen y otros 400 con el texto escrito se han unido a la iniciativa más multitudinaria desde la huelga contra Rafael Catalá. Se trata de una "queja ante el Consejo Consultivo de Jueces Europeos" porque nuestro Poder Judicial aprecia una gravísima amenaza contra su independencia "en el Reino de España".

Los firmantes, jueces importantes de todo signo, se sienten desamparados por las autoridades, también y en primer lugar por el Gobierno. "La situación persiste y se agrava incluso por nuevos titulares de prensa". Se refieren en concreto al asunto de la Manada: "Recaída recientemente la sentencia de un Tribunal en un caso notorio, se ha desatado una presión social contra dicho órgano hasta llegar al linchamiento público, con la complicidad y el aliento de políticos que ven oportunidad para mejorar sus réditos electorales. Todo sin que el Consejo General del Poder Judicial (órgano de gobierno de la Justicia en España) haya contestado a tan preocupantes amenazas contra la separación de poderes y el buen nombre de jueces injustamente atacados".

El escrito es una mina. Detona contra los principales partidos políticos y corrientes radicales. Coordinado por la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, se interpone a título individual por cada uno de los magistrados firmantes. La asociación Foro Judicial Independiente, con cientos de afiliados, ha transmitido su respaldo.

"Los jueces abajo firmantes nos encontramos completamente desprotegidos ante las interferencias del Ejecutivo y del Legislativo. Las cuatro asociaciones de jueces y entidades cívicas amparan y respaldan a los jueces, pero la gravedad y virulencia del ataque a nuestra independencia nos compele a dar un paso más y a solicitar como jueces la efectiva protección internacional. No es la primera vez que ocurre".

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'El diálogo siempre es el primer peldaño para preparar el siguiente conflicto'

Francesc de Carreras escribe en El País un artículo que no será del agrado de su nueva directora:

'El diálogo siempre da aire a los nacionalistas. Ocurrió en el País Vasco, ocurre ahora en Cataluña. Entre otras cosas por una razón: para que el Gobierno central lo inicie hay que dejar primero que los nacionalistas impongan sus reglas y para ello el Gobierno debe pasar por una etapa de apaciguamiento y sumisión.'

***

'Desde los viejos tiempos de Jordi Pujol y Miquel Roca, para el nacionalismo catalán el sentido del término dialogar siempre ha sido el mismo: sacar tajada y quedarse con ella.'

***

'Todo servirá para decir que el Gobierno central ha incumplido los acuerdos y, ya de inmediato, preparar unos buenos 11 de septiembre y conmemorar los aniversarios del 1 de octubre, aquella gran masacre sin nadie hospitalizado. El diálogo siempre es el primer peldaño para preparar el siguiente conflicto. Y antes, peix al cove.'

Llarena cierra el sumario para los no fugados, suspende como diputados a Puigdemont y Junqueras y declara en rebeldía a los huídos

C.G.P.J.- El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha acordado este martes la conclusión del sumario de la causa instruida por el proceso secesionista de Cataluña respecto de los procesados no fugados, ha declarado la rebeldía de los procesados fugados y ha aplicado la suspensión en las funciones y cargos públicos de Carles Puigdemont y de los otros cinco diputados procesados por delitos de rebelión -Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Jordi Sánchez-, salvo en el caso de Antoni Comín, que podrá recurrir en reforma su procesamiento.

Llarena explica que la medida de suspensión es automática por imperativo del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y deja al Parlament de Cataluña la posibilidad de que los procesados suspendidos puedan ser sustituidos temporalmente por otros integrantes de sus candidaturas.

En el auto de conclusión del sumario, el juez explica que el artículo 384 bis de la LECrim, que contempla la suspensión de sus funciones o cargo público para los procesados por rebeldía que se encuentren en situación de prisión, configura una medida cautelar de naturaleza pública y extraordinaria que persigue preservar el orden constitucional “impidiendo que personas que ofrecen indicios racionales de haber desafiado y atacado de forma grave el orden de convivencia democrática mediante determinados comportamientos delictivos, entre los que se encuentra el delito de rebelión, puedan continuar en el desempeño de una función pública de riesgo para la colectividad cuando concurren además en ellos los elementos que justifican constitucionalmente su privación de libertad”.

Suspensión automática por imperio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

Llarena recuerda que, a diferencia de lo que ocurre con una pena que comporte la privación definitiva del derecho de representación (inhabilitación), el artículo 384 bis contempla una medida de eficacia meramente provisional, destacando que la medida de suspensión quedaría sin efecto si finalmente se atribuye a los procesados otras infracciones penales distintas de la rebelión, o si se modifica la situación de prisión provisional a la que están sujetos, lo que supondría la inmediata reactivación del derecho de los procesados a representar a sus electores.

Por ello, remarca que esta posibilidad “resultaría ineficaz si la lógica y legítima aspiración de mantener la mayoría parlamentaria obtenida en los comicios, forzara a los procesados suspendidos a renunciar de manera irrevocable a una representación que la ley les limita sólo temporalmente”.

Posibilidad de que el Parlamento decida la sustitución temporal por otros miembros de las mismas candidaturas

Esa suspensión provisional del escaño, según el magistrado, “no puede imponer que los grupos parlamentarios en los que se integran los procesados hayan de renunciar a su mayoría parlamentaria durante el período de la suspensión de los cargos; como tampoco resulta coherente que una suspensión provisional imponga, como única manera de mantener la mayoría parlamentaria, que los suspensos renuncien definitivamente al derecho de representar a sus electores”.

El juez considera obligado comunicar a la Mesa del Parlamento autonómico de Cataluña que los procesados Carles Puigdemont, Oriol Junqueras , Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Sánchez “han quedado suspendidos –automáticamente y por imperio del artículo 384 bis de la LECrim- en las funciones y cargos públicos que estaban desempeñando, debiendo de proceder la Mesa del Parlamento a adoptar las medidas precisas para la plena efectividad a la previsión legal”.

Llarena añade que se comunicará a la Mesa del Parlament cualquier cambio procesal que conlleve la modificación de la suspensión y participa que “no existe impedimento procesal para que los cargos y funciones públicas que corresponden a los procesados, puedan ser ejercidos de manera plena, pero temporal, por otros integrantes de sus respectivas candidaturas, si tal decisión se contemplara por el Parlamento”.

La conclusión de la causa afecta únicamente a los procesados que se encuentra a disposición del juez instructor. Respecto a los que están huidos de la Justicia -Carles Puigdemont, Antoni Comín, Lluis Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí, Marta Rovira y Anna Gabriel-, el juez ha acordado en otro auto declararlos en rebeldía y, tal y como contempla el artículo 842 de la ley procesal, se suspende el curso de la causa respecto a ellos, que quedarán en otra pieza separada mientras no se encuentren a disposición del juez instructor.

A partir de ahora, Llarena pierde la competencia respecto de los procesados para los que se ha acordado la conclusión de sumario, les emplaza para que comparezcan ante el tribunal competente en el plazo de quince días, y recuerda que las resoluciones adoptadas en el día de la fecha, como las que afectan a la suspensión de cargo o de función pública, así como el trámite para interesar la confirmación o la revocación del auto de conclusión del sumario, serán susceptibles de revisión ante la Sala de enjuiciamiento.

Llarena acepta la pretensión de Comín y Serret de recurrir ahora su procesamiento

El juez acoge la pretensión de Meritxell Serret y Antoni Comín de dejar sin efecto la providencia de 27 de junio de 2018 por la que se declaró firme el auto de procesamiento respecto a estos dos procesados, que alegaron que no fueron tenidos por parte hasta el día 5 de junio pasado y que, puesto que no se les había notificado desde entonces dicho auto ni se les había recibido tampoco declaración indagatoria, el auto de procesamiento no había podido ganar firmeza para ellos dos.

Frente a estos argumentos, Llarena considera que carecen de sustento las objeciones preliminares de la parte recurrente. Recuerda que el auto de procesamiento se dictó el 21 de marzo y que fue notificado el 2 de abril a la defensa de Comín y de Serret. Desde ese momento, explica el juez, se les ofreció la posibilidad de personarse en el procedimiento y que se les diera traslado de lo actuado.

El magistrado relata que, tras diversas negativas de los procesados a personarse, el 6 de junio de 2018 el procurador y el abogado de los dos procesados presentaron un escrito en el que solicitaban que se les tuviera por comparecidos en representación y defensa de Meritxell Serret y Antoni Comín.

Así, Llarena considera que, aun cuando la asistencia letrada de los procesados tuvo conocimiento de la resolución de procesamiento desde el momento mismo de la emisión del auto y, pese a que pudo impugnar la decisión desde el momento mismo de su comparecencia en el proceso, “la consideración de la parte de que el término de la impugnación sólo se abre a partir de una notificación específica y posterior a la personación, es una observación que encuentra su reflejo en el artículo 384 de la ley procesal”.

Dicho artículo establece que “contra los autos que dicten los Jueces de Instrucción, decretando el procesamiento de alguna persona, podrá utilizarse, por la representación de ésta, recurso de reforma dentro de los tres días siguientes al de haberle sido notificada la resolución; y contra los autos denegatorios de la reforma podrá ser interpuesto recurso de apelación en un efecto dentro de los cinco días siguientes al de la notificación del auto denegatorio a la representación del recurrente”.

El magistrado concluye que, “por más que los procesados Meritxell Serret y Antoni Comín no estén a disposición del Tribunal, y pese a que adelantaron en diversos escritos que no era su intención personarse en la causa mientras no fueran habidos, dado que finalmente han comparecido en el procedimiento, por más que haya sido con posterioridad a que se desestimaran los recursos de reforma interpuestos por el resto de procesados, y posteriormente también a que se interpusieran y tramitaran sus correspondientes recursos de apelación, procede dejar sin efecto la providencia de 27 de junio de 2018, en lo que hace referencia a que el auto de Procesamiento de 21 de marzo de 2018 cuente con los efectos de la cosa juzgada formal respecto de los procesados antes indicados, habiendo de notificarse el Auto a su representación procesal, con indicación de los recursos que pueden interponer contra dicha resolución”.

Rechaza las peticiones solicitadas por las partes

El juez rechaza en esa misma resolución todas las diligencias solicitadas tanto por la acusación popular ejercida por el partido político VOX como por las defensas por ser innecesarias o reiterativas.

El magistrado entiende que se han practicado cuantas diligencias han sido necesarias para esclarecer los hechos atribuidos a los encausados y determinar su eventual participación en los mismos y que en atención a la necesaria celeridad que impone la prisión preventiva de algunos de los procesados, procede declarar concluso el sumario y remitir la causa al Tribunal competente para celebrar el juicio.

Además de este auto, el juez ha dictado otros siete en los que resuelve las distintas peticiones que le han planteado la defensa de algunos de los procesados. Por un lado, deniega la petición de libertad del exconseller de Interior Joaquím Forn por riesgo de reiteración delictiva y de fuga, y, por otro lado, rechaza incluir en la causa a Neus Lloveras, diputada de Parlament de Cataluña y alcaldesa de Vilanova i la Geltrú, y a Miquel Buch, alcalde de la localidad de Premiá de Mar, investigados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por la posible comisión de delitos de desobediencia, prevaricación y malversación, sin perjuicio de que la actuación que se les atribuye en la exposición razonada enviada al instructor pueda ser determinante de una responsabilidad penal distinta a la que se depura en la investigación de esta causa.

Llarena acuerda asimismo dejar sin efecto la solicitud realizada al Ministerio de Hacienda para que elaborase un informe de análisis técnico-contable respecto de la documentación entregada por la Generalitat de Cataluña con ocasión de los cuatro requerimientos efectuados por ese Ministerio a la Interventora General de Intervención de las Cuentas de la Generalitat a lo largo de los años 2017-2018, así como el análisis, con criterios técnico-contables, de la evolución de la intervención de las cuentas de la Generalitat a lo largo de los años 2017- 2018, sin perjuicio de la facultad del ministerio público de interesar dicho criterio técnico para el juicio.

Por otra parte, rechaza la pretensión del procesado Jordi Cuixart de expulsar del procedimiento documentos y diligencias vinculados con Josep María Jové y Lluis Salvador, y rechaza también el recurso que presentaron varios de los procesados contra la providencia del instructor en la que les daba tres días de plazo para que solicitasen las diligencias que considerasen oportunas.

Por último, el instructor declara bastante la fianza de 2.135.948,06 euros ingresada por la Assemblea Nacional Catalana (ANC) en la cuenta de consignaciones del Tribunal Supremo para responder de las posibles responsabilidades civiles.

Archivos asociados

Auto conclusión sumario
Auto plazo diligencias
Auto declara bastante fianza
Auto declara rebeldes fugados
Auto informe Hacienda
Auto rechaza libertad Forn
Auto Neus Lloveras y Miquel Buch
Auto documentos Jové

A la gente le importa menos el sufrimiento masculino que el sufrimiento femenino

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Científicos rechazan la posición oficial de la Geological Society de respaldo al calentamiento global antropogénico

En 2010, 43 miembros de la Royal Society le escribieron a su entonces presidente, Paul Nurse, para quejarse sobre el tono poco científico de los mensajes de la sociedad sobre el cambio climático. Hace unos días, un grupo de 33 compañeros actuales y anteriores de la Sociedad Geológica escribió una carta abierta a su presidente en la misma línea.

Fragmento de la nueva carta:

Topics for such a dialogue could examine the evidence that

• CO2 alone as the principle driver of temperature, or climate.
• Climate Change is largely real, natural, and mostly beyond our control.
• Manipulation of climate data has been used to support ‘global warming’.[ii]
• Most climate alarms are little more than scaremongering.
• CO2 is mainly beneficial, NOT dangerous but blanket decarbonisation is.
• Industrial effluents and plastics, deforestation and overfishing are dangerous– and are being side-lined by the focus on CO2 emissions.

The world’s climate system, as defined by the IPCC, [iii] is a ‘coupled non-linear chaotic system”, for which “the long-term prediction of future climate states is not possible’. This is due to the impossibility of describing precisely the initial conditions, and to instability generated by the mathematics causing cumulative errors in the modelling process, which combine to make a ‘correct’ solution impossible. This alone should make the authors of the GSL statements cautious about their very confident acceptance that CO2 alone has driven temperature and climate since 1900.The IPCC AR documents address some of the uncertainties, and are generally much less biased than the SPMs (Summary for Policymakers) which get all the media attention, which is unfortunate, as it is apparent that they are largely written not by scientists but by an ‘assemblage of representatives from governments and NGOs, with only a small scientific representation.’[iv] Their heavy political bias not only undermines the scientific content, it supercharges the ‘overwhelming consensus for human induced climate change’ which is mindlessly promulgated by the media year in, year out. The façade of consensus, helped by the data adjustments promised in the Climategate emails, negates the ‘creative conflict between theory and data’ which is missing in this debate and which we suggest the GSL can revive. It is to be hoped that the frequent use of conditionals ‘may’ and ‘could’ in the current papers will be reduced, as a document that will affect government policy for years needs to be more specific about the levels of uncertainty in its pronouncements.

We also note the difficulty of publishing anything that does not confirm the IPCC AGW position, again, as promised in Climategate emails; and also, the ‘ad hominem’ attacks rather than data refutation that too often characterises the debate, and we hope that this will not prevent the committee considering data that does not appear to support its position paper conclusions.

We do not expect that all of our concerns will survive the test of time, and we assume GSL would similarly accept that new data may well change the ‘consensus’. Climate models fail to model past climates accurately and consistently overestimate future temperature trends, nor are they able to explain the following:

• The current hiatus or pause in warming.
• Why the 285 ppm of atmospheric CO2 estimated for the beginning of the Industrial Revolution is in any way, a desirable benchmark. It coincides with the Victorian Little Ice Age, a period of starvation and population decline, which cannot possibly be a desirable target, unless you want to depopulate the earth. Climate models always predict higher temperatures than actually occur
• The absence of the predicted tropospheric hotspot – the ‘fingerprint of AGW’.
• CO2 and temperature were higher than today during the previous 50 million years plus, with no CAGW effects, why not?
• The natural warming of 8°C and ~100ppm increase in CO2 during the Holocene up to the 1800s, and the subsequent 125 ppm increase in CO2 after 1950, accompanied by a miserly ~1°C temperature rise.
• The Holocene enigma of generally falling but fluctuating temperatures from ~3,000BP, accompanied by rising CO2that predates industrial CO2 emissions.
• How AGW theory relies on radiative transfer only to heat the planet, and seemingly ignores insolation, enthalpy and water vapour.
• The inability of the science of AGW to sharpen the range of estimates of climate sensitivity (currently between 1.5 oC and 6.4°C according to GSL) despite over 30 years of hugely funded effort; surely the science has failed?
• Earth System Sensitivity concept introduced by GSL, which ‘could be twice’ climate sensitivity’ noted above (2013 Addendum, page 4)

Such rational failures have to be of concern to the GSL as they demonstrate that CO2 alone does not, nay cannot drive global warming, so how can it drive climate change?

And if it does not, there is no reason for the uncritical acceptance of the UN/IPCC focus on penalising CO2 emissions?

Obama negó la asistencia de abogado a los niños inmigrantes por no tener obligación constitucional

Los medios de comunicación han lanzado a bombo y platillo la noticia que Trump está llevando ante el juez a niños inmigrantes sin abogado y sin sus padres. Tal y como se vende la noticia, parecería que se trata de algo nuevo o con escasos precedentes. Sin embargo, no es así. Se trata de un procedimiento habitual que ha afectado a millares de niños bajo mandatos presidenciales distintos.

En el caso J.E.F.M. vs Lynch el gobierno de Obama respondió a las asociaciones humanitarias y de derechos humanos que no tiene obligación constitucional de ofrecer un abogado a los niños en tribunales de inmigración. Lo contaba con detalle la nada sospechosa BBC en un reportaje publicado el 7 de abril de 2016.

BBC.- La ACLU junto con otras organizaciones como American Immigration Council, Northwest Immigrant Rights Project, Public Counsel y K&L Gates LP presentó en 2014 una querella en un tribunal de distrito de Seattle, estado de Washington.

El presidente Barack Obama ha sido fuertemente criticado por la política de deportaciones bajo su mandato.

En la demanda, conocida como el caso J.E.F.M. vs Lynch, se acusa a las autoridades de violar la cláusula de la Constitución que garantiza el debido proceso y la ley de inmigración y nacionalidad que defiende "una vista completa y justa" ante un juez de inmigración.

El gobierno, por su parte, desestimó la demanda y argumentó que no tiene una obligación constitucional de ofrecer un abogado a los niños en cortes de inmigración.

Además, aseguró en su defensa que ningún menor se ha visto perjudicado por esta realidad.

"Esta reacción del gobierno es sorprendente", señala la abogada Kristin Macleod-Ball, de American Immigration Council.

"Hay información fácilmente comprobable, datos del TRAC con los que es muy claro ver que cada año a miles de niños sin abogado se les ordena que abandonen el país", subraya.

Leer el artículo completo, aquí

Klein Halevi: hasta que los palestinos no acepten que estamos aquí para quedarnos, no hay nada que hacer

Yosi Klein Halevi es un periodista israelo-americano, autor de libros notables como Like Dreamers [Como soñadores] y Memoirs of a Jewish Extremist [Memorias de un extremista judío]. Su más reciente título, Letters to my Palestinian Neighbor [Cartas a mi vecino palestino], figura en la lista de los más vendidos del New York Times.

PREGUNTA.- Su último libro, Letters to my Palestinian Neighbor, empieza con la geografía. Usted escribe a sus vecinos sentado en su balcón de la Colina Francesa de Jerusalén Oriental, desde el que se ven, al otro lado de la barrera de seguridad, los barrios árabes de la ciudad. Lleva viviendo ahí tres décadas, desde mucho antes de que esa barrera se levantara para poner fin a la segunda intifada. Cuando está sentado en ese balcón, ¿qué piensa? ¿Cuál es su mayor esperanza sobre lo que pueda lograr esta colección de cartas?

RESPUESTA.- Letters es un intento de contar un relato israelí al público más difícil: mis vecinos palestinos. Escribí Letters porque creo que no habrá posibilidad de reconciliación si el mundo árabe sigue negando y distorsionando la historia judía; si el mundo árabe, y la sociedad palestina en particular, sigue socavando nuestra legitimidad, nuestra condición de nativos. En todo Oriente Medio es normal creer que los judíos se inventaron su historia, que Israel no es más que una intrusión colonialista. Tú no haces la paz con el colonialismo, sino que lo destruyes.

El libro se ha traducido al árabe, y esa versión está disponible en internet como descarga gratuita. He empezado a recibir respuestas. Van desde lo predecible –“Os expulsaremos de Palestina, no sois más que unos ladrones, sionazis”– a la curiosidad e incluso la gratitud. Espero encontrar a alguien al otro lado del muro que esté dispuesto a mantener una conversación conmigo, como israelí, distinta del discurso patológico de los últimos 70 años. Espero iniciar una conversación sobre el lugar de Israel en Oriente Medio, sobre nuestro arraigo aquí, sobre nuestro futuro compartido. No me hago grandes ilusiones: sólo soy un escritor, no un político. El trabajo de un escritor es contar una historia. Yo estoy contando una historia a mis vecinos que creo que necesitan escuchar.

Letters es un intento de formular un relato israelí y judío para el siglo XXI. Los judíos están contando una historia de Israel del siglo XX. Esa historia eurocéntrica empieza con los pogromos en Europa, con el gran poema de Bialik, “En la ciudad de la matanza”, y culmina con el Holocausto. Obviamente, esa es una parte importante de la historia israelí. Pero si es la única que contamos, distorsionamos la realidad israelí. Una mayoría de judíos israelíes no es de ascendencia europea, sino que proviene de familias que se fueron de una parte de Oriente Medio y llegaron a otra, que se marcharon o huyeron o fueron expulsados de países donde los judíos habían vivido durante siglos, milenios. Una mayoría de israelíes proviene de familias no tocadas directamente por el Holocausto. Se puede entender por qué los judíos estadounidenses, de los cuales una inmensa mayoría son askenazíes, siguen contando una historia judía europea sobre Israel. Pero ese no es el Israel en el que vivo.

Una narrativa israelí centrada en el Holocausto nos hace vulnerables a las acusaciones de que los palestinos han pagado el precio por lo que Europa hizo a los judíos. Esa versión del conflicto también ignora la centralidad de la Tierra de Israel para el judaísmo y el pueblo judío. No sólo volvimos a casa porque necesitábamos un refugio seguro, volvimos porque es nuestra casa. En el libro defino el sionismo como el punto de unión entre la necesidad y el anhelo. Hemos contado la historia del sionismo de la necesidad, pero no la del sionismo del anhelo. Hemos olvidado cómo contar esa historia, incluso a nosotros mismos; una historia increíble sobre cómo los judíos mantuvieron una especie de condición de nativos de una patria que perdieron pero nunca cedieron. Y esa es la historia que tenemos que empezar a contar otra vez, al mundo árabe y también a nosotros mismos.

PREGUNTA.- En Letters to my Palestinian Neighbor escribe que para usted no hay “Margen Occidental” sino Judea y Samaria. “Los judíos de Judea no son forasteros, pero, como numerosos israelíes, estoy dispuesto a que se divida el territorio si me convenzo de que la contraprestación será la paz, no más terrorismo”. Para muchos israelíes, y desde luego para muchos colonos, esta división sería un fracaso del sionismo.

RESPUESTA.- Como la mayoría de los israelíes, soy una persona profundamente patriótica, que ama el Estado y la Tierra de Israel, toda ella, desde el Jordán hasta el Mediterráneo. Al mismo tiempo, creo que tenemos que buscar alternativas al actual estancamiento con los palestinos, por nuestro bien y por el de ellos.

Los colonos han planteado argumentos muy sólidos, con los que estoy de acuerdo. No somos “ocupantes” en ninguna parte de la Tierra de Israel. Pero sí estamos ocupando a otro pueblo que comparte el territorio con nosotros.

La gran lección que mi padre extrajo del Holocausto es que los judíos tienen que afrontar la realidad sin pensamientos ilusorios. La crítica que hacía mi padre a cómo ocurrió el Holocausto, qué poco preparados estaban los judíos para lo que se les venía encima, era que se engañaron a sí mismos y no pudieron afrontar a dónde conducía el proceso gradual de lo que ahora denominamos Solución Final. La enseñanza para hoy del énfasis de mi padre en esto de afrontar la realidad es que, si se aplica al dilema palestino, tanto la izquierda como la derecha israelíes están suspendiendo el test. Los izquierdistas tienden a minimizar la amenaza a la que se enfrenta Israel, el nivel de hostilidad y negación de nuestro derecho a existir tan extendido en la sociedad palestina y el resto de Oriente Medio. Y los derechistas tienden a negar las consecuencias políticas, demográficas y morales de gobernar permanentemente sobre otro pueblo. Los derechistas suelen decir que no hay tal ocupación porque los palestinos tienen una cierta forma de autogobierno; muchos llegan a decir que los palestinos no son un pueblo en absoluto. Así es como la derecha niega la realidad. Fui soldado en Gaza, sé que la ocupación y la identidad nacional palestina son reales. El dilema de Israel es muy doloroso precisamente porque la izquierda tiene razón sobre los peligros de la ocupación y la derecha sobre los peligros de un proceso de paz ilusorio con un movimiento nacional palestino que niega nuestro derecho a existir. Como muchos israelíes, nos veo como Goliat y David a un tiempo. Somos Goliat para los palestinos, pero David para los mundos árabe y musulmán.

Dicho de otro modo: tengo dos pesadillas a cuenta del Estado palestino. Una es que no haya Estado palestino y el statu quo se mantenga indefinidamente, y la otra es que haya un Estado palestino que caiga en manos de Hamás e Israel no pueda defenderse adecuadamente en un Oriente Medio en desintegración.

No conozco ningún otro país que se enfrente a este tipo de dilema desgarrador. Los ideólogos duros de la derecha y la izquierda trivializan nuestro dilema presentando el argumento del rival como carente de fundamento.

Leer la entrevista completa aquí...

El Brexit, como el 'procés', fue un engaño y ahora no saben qué hacer

Ha habido una letanía de "reuniones crujientes" en el proceso Brexit, pero hoy en Chequers es probablemente la más importante hasta el momento. Los ministros del gabinete pasarán todo el día en la residencia de campo del primer ministro en Buckinghamshire tratando de acordar el texto de un documento de 120 páginas que establece la relación que quiere tener el Reino Unido con la UE tras el Brexit. Después de aliarse inicialmente con aquellos en su partido que exigían un Brexit duro, y tras casi dos años de prevaricación, Theresa May finalmente ha optado por una versión más flexible de Brexit, una que de manera efectiva (aunque no técnicamente) mantendría al Reino Unido en el mercado único para mercancías. Obligada a hacer una elección, y después de absorber una biblioteca de información sobre el impacto económico del Brexit, May ha decidido que no quiere pasar a la historia como la primera ministra que cerró la industria automovilística británica y puso en peligro los acuerdos del Viernes Santo. .

Previsiblemente, los Brexiters no estarán contentos.

The Chequers summit: the agenda – and what could happen next

El Parlament vuelve a las andadas inconstitucionales

Junts por Catalunya, ERC y la CUP aprobaron el jueves una moción para “culminar democráticamente la independencia” a partir de la resolución aprobada el 9 de noviembre de 2015 y en contra del criterio de los letrados del Parlament que les advirtieron que las transacciones de los grupos independentistas “no resuelven” la inconstitucionalidad de la moción original.

Sin embargo, la moción salió adelante con los votos favorables de JxCat, ERC y la CUP, y la abstención de Catalunya en Comú. Ciutadans, PSC y el PPC no participaron en la votación por considerar inconstitucional la moción.

La moción ratifica la “firme voluntad de llevar a cabo las actuaciones necesarias previstas y aprobadas por este Parlament para alcanzar y culminar democráticamente la independencia de Catalunya” y asegura que la resolución independentista del 9-N del 2015 está legitimada “como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015”.

La moción insta al Govern a hacer efectivo el contenido de las leyes suspendidas por el Tribunal Constitucional en materia social, igualdad, cambio climático, etc

La CUP dijo que “con esta moción queremos construir soberanía” y “hacer efectivas las leyes catalanas suspendidas”. Sergi Sabrià, de ERC, señaló que “hoy hacemos un gesto simbólico pero poco efectivo”, mientras que Josep Costa, del PEDECAT, afirmó que “no tenemos ninguna intención olvidar el 1-O”.

Los Comunes se conformaron con decir  que “debemos tener una relación de bilateralidad con España” y Ciutadans y el PPC coincidieron en considerar inconstitucional la moción. El PSC, por su parte, alegó que “Cataluña no tiene un mandato democrático para la independencia”. Sin embargo, presentó y logró aprobar una moción 'para abrir un diálogo con el Gobierno de España' en el que parece asumir el lenguaje y el relato separatista.

No escogió el PSC el mejor día para romper la unidad, hasta este jueves granítica, del bloque constitucionalista (Ciudadanos, PSC y PP) en el Parlamento autonómico catalán. A sólo unas horas de la reunión entre el presidente del Gobierno y Quim Torra, y el mismo día en que los partidos independentistas aprobaban una moción de apoyo a la resolución independentista del 9 de noviembre de 2015 suspendida por el Tribunal Constitucional, el PSC presentó una moción en la que se pide "abrir una etapa de diálogo con el Gobierno de España para llegar a pactos y acuerdos que den salida a las necesidades políticas, económicas y sociales de la población de Cataluña".

La moción, que asume el lenguaje y el relato del separatismo y que confunde la parte –la Cataluña separatista– por el todo –los ciudadanos catalanes– fue aprobada con los 89 votos de JxCAT, ERC, Catalunya En Comú-Podem y el PSC. En contra votaron Ciudadanos y el PP. También la CUP, aunque, como es obvio, por motivos muy diferentes a los de los grupos parlamentarios liderados por Inés Arrimadas y Xavier Albiol.

Facebook censuró partes de la Declaración de Independencia de EEUU por considerarlas 'discurso de odio'

Estos son los pasajes de la Declaración de Independencia que algoritmo de Facebook censuró:

"He has abdicated Government here, by declaring us out of his Protection and waging War against us.

"He has plundered our seas, ravaged our Coasts, burnt our towns, and destroyed the lives of our people.

"He is at this time transporting large Armies of foreign Mercenaries to compleat the works of death, desolation and tyranny, already begun with circumstances of Cruelty & perfidy scarcely paralleled in the most barbarous ages, and totally unworthy the Head of a civilized nation.

"He has constrained our fellow Citizens taken Captive on the high Seas to bear Arms against their Country, to become the executioners of their friends and Brethren, or to fall themselves by their Hands.

"He has excited domestic insurrections amongst us, and has endeavoured to bring on the inhabitants of our frontiers, the merciless Indian Savages, whose known rule of warfare, is an undistinguished destruction of all ages, sexes and conditions."

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Nuevos impuestos a banca y tecnológicas, tipo mínimo del 15% en Sociedades, deducciones a la igualdad de género y no subirá el IRPF

El Gobierno tiene previsto mejorar los ingresos tributarios implantando nuevas figuras (impuesto a la banca e impuesto a las empresas tecnológicas) y reformando algunas ya existentes, como el Impuesto sobre Sociedades, donde el Ejecutivo quiere implantar un tipo mínimo a partir del cual las empresas no puedan aplicarse deducciones.

Así lo ha explicado este jueves la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una entrevista con la cadena SER recogida por Europa Press. La titular de Hacienda ha afirmado que "no se trata de subir los impuestos a los ciudadanos, sino de crear espacios fiscales nuevos para el siglo XXI".

Tras descartar una subida del IRPF, Montero ha avanzado algunos de los planes del nuevo Ejecutivo en materia fiscal. En primer lugar, llevará al Congreso la conocida como 'tasa Google', un impuesto a las empresas tecnológicas que también quería poner en marcha el Gobierno del PP.

En cuanto al Impuesto sobre Sociedades, Montero se ha propuesto evitar la "arquitectura de deducciones" que hace que las grandes empresas reduzcan mucho el tipo por el que tributan, de tal manera que el planteamiento del Gobierno pasa por establecer un tipo mínimo del entorno del 15% a partir del cual las grandes empresas no puedan efectuarse deducciones.

"Hay diferentes propuestas sobre la mesa. Nos inclinamos por poner un tipo mínimo en las grandes empresas y que no se puedan aplicar deducciones posteriores, porque el tipo teórico no se adecúa al real después de aplicar toda una arquitectura de deducciones", ha explicado.

La idea es que, por ejemplo, con un tipo mínimo del 15%, el tipo real no se quede en una media del 12% con las deducciones que se aplican las grandes empresas.

Montero ha dicho además que el Gobierno quiere favorecer la igualdad desde la fiscalidad, por lo que se estudiará que puedan existir deducciones para aquellas empresas que apuesten por la igualdad efectiva de hombres y mujeres.

Otra medida que quiere poner en marcha es el "novedoso" impuesto a la banca, que tendrá un carácter finalista, destinado a financiar las pensiones.

Montero ha dicho que esta iniciativa es conocida por el sector, porque así se recogía en el programa del PSOE, y aunque no espera que la banca reciba a esta figura con agrado, sí espera "comprensión" porque "tienen margen para aportar".

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