Según el último estudio disponible de la FRA-Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de 2014, que pregunta a las mujeres si han sufrido violencia física o sexual, los países miembros que encabezan la lista por número de casos son Dinamarca (52%), Finlandia (47%), Suecia (46%) y Francia y Reino Unido, con un 44%. Porcentualmente, España tiene uno de los más bajos: el 22%.Leer el artículo completo, aquí
Algunos han intentado cuestionar estos resultados argumentando que es peligroso hacer comparaciones entre países, porque “ni las legislaciones ni las formas de contabilización son homologables”. Sin embargo, los datos del estudio FRA no se obtienen recopilando cifras oficiales, cuyo criterio puede variar de un país a otro, sino mediante entrevistas personales con preguntas muy tasadas que no admiten confusión. Para las mujeres danesas o españolas del siglo XXI, que un hombre les toque sin su consentimiento, amenace, golpee o viole no tiene interpretaciones distintas. Unas y otras responden con similar grado de desinhibición habida cuenta, además, que los resultados son anónimos. Lo cierto, mal que les pese a algunos, es que España no es un país especialmente peligroso para las mujeres si se compara con la media europea. Y menos aún en relación al resto del mundo.
Si el problema es menos grave que en otros países ¿por qué los medios insisten en alarmar a los españoles? Y lo más importante: ¿por qué casi nadie se atreve a criticar una ley que viola los principios fundamentales del derecho basándose en un alarmismo falaz? ¿A qué se debe el silencio ante una legislación con tintes totalitarios? La explicación es simple: la ley de violencia de género no sirve a las víctimas, sino a políticos y grupos de interés. Y no se puede refutar porque la “violencia de género” se ha convertido en un tabú, en una moderna caza de brujas.
En Salem, Nueva Inglaterra, durante el mes de febrero de 1692, seis niñas comenzaron a experimentar misteriosos síntomas. Tras probar todo tipo de remedios sin obtener resultado, las fuerzas vivas determinaron que las dolencias sólo podían estar causadas por brujería. Presionaron a las pequeñas para que delataran a supuestos culpables. Y tras encendidos sermones del reverendo advirtiendo de la presencia del diablo en la comunidad, la histeria, la sospecha y el miedo se adueñaron de todos sus miembros. Tal fue la psicosis que la más mínima desviación de las normas puritanas acarreaba una acusación por hechicería. En el transcurso de ese año 144 personas, en su mayoría mujeres de clase baja, fueron encarceladas por brujería. Y 19 subieron al patíbulo para morir ahorcadas. Este pasaje histórico es conocido como los juicios por brujería de Salem.
Para explicar estos fenómenos de histeria colectiva, el sociólogo Stanley Cohen acuñó en 1972 un término: Pánico Moral. En su libro Folks Devils and Moral Panics, Cohen explica la dinámica: las fuerzas vivas señalan un comportamiento, o un grupo, como encarnación de la maldad, provocando preocupación y miedo, sentimientos que son exacerbados hasta desembocar en hostilidad hacia determinadas actitudes o colectivos. De esta forma, se instiga a la masa a lanzarse ciegamente contra el supuesto mal, anulando el debate racional, obstaculizando la búsqueda de soluciones correctas y desviando la atención de la imprescindible crítica al poder.
La violencia de género es el pánico moral de la España del siglo XXI, un fenómeno de histeria colectiva desencadenado y alimentado desde el poder. La “posesión diabólica” ha sido sustituida por el “machismo imperante” y el nuevo vocablo, “violencia de género”, posee una carga emocional similar a la que tuvo la palabra “brujería” siglos atrás. Quienes ponen en cuestión la doctrina oficial son tachados de herejes y quemados en la vía pública. Igual que en Salem, se justifica la persecución de las brujas para proteger a víctimas indefensas y librar del mal a la comunidad. Sin embargo, todo responde a intereses de grupos: además de obedecer a oscuros fines ideológicos, la violencia de género se ha convertido en una lucrativa industria que recibe más de 22 millones de euros cada año de los presupuestos generales y otros 1.000 euros de subvención de la Unión Europea por cada víctima.
Hoy, los mass media, que también reciben su suculenta parte del pastel en forma de campañas de publicidad institucional, han sustituido al vehemente pastor calvinista. No sólo informan de cada asesinato, con abundancia de detalles morbosos; van numerándolos de forma consecutiva, como si los delitos fueran cometidos por un maléfico conciliábulo. En realidad se trata de episodios inconexos, muy probablemente diferentes entre sí, cuya responsabilidad debería ser determinada caso a caso por los jueces, no en una causa general contra el maligno.
En consonancia con el carácter discriminatorio de la ley, pocos juzgados abren diligencias por falsa denuncia; mucho menos condenan. Por ello, las estadísticas judiciales no las recogen, un hecho que se utiliza como argumento para señalar que las denuncias falsas apenas existen. Pero se trata de una burda artimaña que intenta confundir la verdad judicial con la verdad real.
Cristina Alberdi: La ley de violencia de género es 'inconstitucional' y su discriminación positiva un “disparate jurídico”
17-11-2005 EuropaPress.- La presidenta del Consejo Asesor contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, Cristina Alberdi, afirmó hoy que la discriminación positiva de la Ley Integral de Violencia de Género es un “disparate jurídico” y consideró “lamentable” que el Gobierno aprobará esa discriminación que tachó de “inconstitucional”.
Recordó que tres jueces ya la han recurrido y espera que “prosperen” esos recursos. Indicó que “jamas” el movimiento feminista había pedido la discriminación positiva, ni nada de esta características en el código penal.
Alberdi realizó estas manifestaciones antes de la charla ‘La mujer y las transformaciones judiciales’, que ofreció en la Casa de los Periodista, dentro de los actos conmemorativos del Día Internacional contra la Violencia de Género, organizada por la consejería de Juventud, Familia y Servicios Sociales.
La ponente indicó que la discriminación positiva “es un retroceso” parecido a la época del adulterio cuando al hombre se le imponía una pena y a la mujer otra.
Resaltó que se trata de algo “vergonzoso” y aprobado “desde la demagogia”, al tiempo que afirmó que espera que “todo vuelva a su ser normal” ya que “no puede ser que coacciones y amenazas en el caso del hombre sean delito y si las profiere una mujer, son faltas”.
Alberdi señaló que el código penal “no puede discriminar”, y que la discriminación positiva solo se contempla en los ambitos laborales, administrativos, para equiparar una situación.
Explicó que desde el punto de vista judicial todavía hay “falta de medios”, ya que el Gobierno ha hecho “excesiva propaganda” en la entrada en vigor de esta ley, y ha resultado “fallido”. En este sentido resaltó que se dijo que iba a haber juzgados especiales en todas las comunidades autónomas contra la violencia de género, y al final no llegan ni a 19 en toda España, y que además se han “visto desbordados por la realidad”. En el caso de Madrid incluso dijo que de los tres que hay están “totalmente desbordados”.
De todos modos destacó la relevancia de contar con la Ley Integral contra la Violencia de Género, como “vieja aspiración” del colectivo feminista, como norma que regule las causas del maltrato y de respuestas a ello. Explicó que la ley integra las causas, la necesidad de socialización y educación de una forma distinta, y da respuesta desde un punto de vista civil, penal y laboral a las personas que se encuentra sometidas al maltrato.
El siguiente paso, advirtió Alberdi es el desarrollo autonómico de este tipo de leyes para dar respuesta a necesidades de tipo social, tales como desarrollar la coordinación para el buen funcionamiento de las ordenes de alejamiento, los puntos municipales para atender a las personas, además de un trabajo de cambio de mentalidad desde la sensibilización y la prevención tanto en publicidad como en el ámbito de la educación.
En este sentido destacó que la asignatura ‘educación para la ciudadanía’, que será evaluable y obligatoria, “lleva la igualdad” entre hombres y mujeres y la educación en valores.
La presidenta del Consejo Asesor madrileño resaltó que en el tema de la violencia de género para que cambien la mentalidad “han de pasar de dos a tres generaciones”. De todos modos afirmó que la Constitución Española tuvo un “efecto pedagógico impresionante”, puesto que ya se decía que no podía permitirse la desigualdad entre sexo, produciéndose un cambió en cuanto a pautas anteriores.
Ahora añadió en la sociedad se ha instalado esa igualdad de trato, pero sigue habiendo algo de desigualdad ya que está en el ambiente, en lenguaje, en los chistes, en definitiva en toda la sociedad.
Para Alberdi la violencia de género “no ha aumentado, puede que incluso se haya reducido”. Recordó que antes las mujeres “se ocultaban, se avergonzaban, se sentían culpables, y como la sociedad no les apoyaba, no se denunciaba”.
Además tampoco contaban con apoyo jurídico y se topaban con la “incomprensión policial”, que justificaba al marido e incluso no contaban con el apoyo de la iglesia. “Eso ha cambiado y ha emergido realidad oculta que se consideraba un tema privado” manifestó Alberdi.
Finalmente, la ex-ministra de Asuntos Sociales, apostó por la rehabilitación de los maltratadores, puesto que es un “problema de socialización, de educación equivocada de siglos” en el que a la mujer se le educaba para la “sumisión” y al hombres para el “dominio”.
