La ínfima calidad jurídica de la declaración institucional de Puigdemont, anunciando día y pregunta para un referéndum secesionista, hace pensar que ni en su redacción ni posterior corrección han participado los servicios jurídicos de la Generalitat ni otros profesionales y expertos.
Así, Puigdemont, en la línea quinta de la declaración, se saca de la manga que en el Estatuto de 2006 hubo 'un referéndum acordado'. O Puigdemont es un ignorante o un mentiroso. O las dos cosas.
El referéndum no fue acordado. El referéndum se convocó por imperativo legal y constitucional, según establecía el Estatuto anterior de 1979, vigente en ese momento, en su artículo 56, 1b. Imperativo que también recoge el Estatuto reformado de 2006 en el artículo 223, 1b, como no podía ser de otra manera.
Tras acusar al Tribunal Constitucional de prevaricación por estar integrado por 'miembros caducados y comprometidos con el partido político que hoy gobierna el Estado', la declaración se remite a una inexistente 'dura advertencia de la Comisión de Venecia' al gobierno español por la reforma del Tribunal Constitucional.
Finalmente, y tras un largo memorial de greuges, la declaración cuenta que el Consejo Ejecutivo -el Gobierno catalán- se ha reunido con carácter extraordinario para ratificar 'la voluntad' de convocar el referéndum para el 1 de octubre y con la pregunta: 'Quereís que Catalunya sea un Estado independiente en forma de república?'.
Seguimos, pues, con el teatro. Esta declaración no tiene ninguna validez jurídica, ya que no se ha traducido en una acción ejecutiva concreta ni ha sido firmada por nadie competente para ello, ni del ejecutivo ni del legislativo. Solo sirve para ganar tiempo y alargar el proceso.
Se empieza así...#ReferendumContraCataluña pic.twitter.com/UQJYaYeIXq— Soc. Civil Catalana (@Societatcc) 9 de junio de 2017
