Han tenido que pasar 16 años para que los ciudadanos descubramos la verdadera eficacia de la euroorden. Los españoles lo hemos constatado primero respecto a Bélgica y ahora en relación con Alemania, países que han enmendado de forma clara a las autoridades judiciales de un país soberano en el que se respectan los procedimientos judiciales en fase de instrucción. Con mayor paradoja en el caso alemán, dado que la instancia que corrige al juez de nuestro país es un tribunal territorial, el equivalente a una Audiencia Provincial de las españolas. La euroorden no supone como se nos dijo un instrumento para que sea entregado el sospechoso por el país donde ha sido capturado al país donde se le reclama. Supone un juicio en toda regla a la Justicia del país que reclama al investigado, de forma que en unos pocos días puede despojársele con toda naturalidad de cualquiera de las imputaciones que se realicen, tras largos meses de investigación y miles de folios de sumario, en el Estado que le reclama.
La Justicia de Alemania es sin lugar a dudas la de un país democrático, un Estado de Derecho de los más consolidados y respetados del planeta. Pero es también la Justicia de un país miembro de un proyecto colectivo, el que los europeos estamos intentando y porfiando levantar, que con decisiones como la de retirar la acusación de rebelión sobre Carles Puigdemont sufren un revés de proporciones gigantescas. No porque nadie quiera ver al ex president en prisión, ni porque se desee a toda costa su condena por proclamar la independencia de una región de forma unilateral, sino porque se daña gravemente la autonomía y legitimidad de los tribunales españoles constituidos de forma legal y democrática tanto como los teutones.
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