<h1> Artur Mas miente cuando dice que 'el sistema de contratación de la Generalitat no deja margen a la discrecionalidad'</h1>

En 2011, cuando Convergència recuperó el poder en la Generalitat, Rosell fue nombrado director general de Infraestructures.cat. Y tomó dos decisiones clave. Por un lado, cambió los criterios para evaluar las ofertas de las empresas: otorgó mucho mayor peso a la parte técnica (más arbitraria) que a la económica. Por otro, designó a una persona de su absoluta confianza como jefe de la Oficina Técnica de Evaluación, el órgano que, en última instancia, controla y decide las adjudicaciones.

Antes de la llegada del Gobierno de Mas y de su equipo, Infraestructures.cat, que entonces se llamaba Gisa, otorgaba a la oferta económica un peso muy superior (70%) a la técnica, lo que daba a las empresas candidatas mayor flexibilidad para aspirar a contratos con la Administración. Rosell dio un giro y la parte técnica (sometida a una valoración subjetiva) pasó a tener el peso mayoritario en la puntuación final.

La consecuencia, según fuentes del caso, es que el margen de acción de las empresas en lo económico queda mermado y todas las ofertas acaban siendo muy similares. El todo por el todo se juega en el apartado técnico. Y ahí ha desempeñado un papel decisivo, indicen las mismas fuentes, el ingeniero Jaume Cortasa. Como jefe de la Oficina Técnica de Evaluación, Cortasa recibía supuestamente instrucciones de su director general para orientar las adjudicaciones. “El papel de Rosell era decisivo, por eso está detenido”, señalan fuentes de la investigación. La fiscalía está recabando información de extrabajadores y excargos de la antigua Gisa.

Cuando Infraestructures.cat licita una obra pública y las empresas lanzan sus ofertas, los técnicos del organismo realizan una primera valoración. Tras su paso por la oficina de Cortasa, esa valoración queda “alterada”, según las citadas fuentes. Seguir leyendo...