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Los jueces alemanes tienen dudas de que la palabra violencia describa parte del método empleado por los nacionalistas catalanes en su asalto a la democracia española. Son dudas razonables, que comparten muchas personas, juristas o no, en España. La instrucción del juez Llarena ha recibido diversas críticas por su empeño en justificar, a partir de la violencia, el tipo penal de la rebelión. Pero la procedencia o no de esas críticas habrán de determinarlas los tribunales españoles. Insólitamente los jueces alemanes no han depositado en ellos la resolución de sus dudas, sino que se han adelantado a su decisión absolviendo en la práctica a Puigdemont del delito de rebelión. Haciendo, por lo tanto, muy rentable su huida de la Justicia española y dando un insospechado apoyo fáctico a la constante denuncia nacionalista de la baja calidad democrática del Estado de Derecho español. No solo han hecho eso los jueces alemanes. Según su resolución, que desbrozaba ayer María Peral en El Español, la posibilidad de la extradición del prófugo a causa de un delito de malversación está también en el aire. Los jueces, enmendando radicalmente la plana a la instrucción, exigen más información, más aporte fáctico, al juez español. De nuevo se erigen en instructores de la causa. La extradición no solo peligra por esa razón. La ley alemana relativa al auxilio judicial internacional en materia penal dice en su artículo 1: «La extradición no será admisible sobre la base de un acto político o de un acto relacionado». No parece difícil que los abogados de Puigdemont tengan éxito en las alegaciones que relacionen la malversación con el acto político de la convocatoria del referéndum de autodeterminación.
Y es en esas dos palabras, acto político, donde se resume el inmenso problema de este asunto. Buena parte de la opinión constitucionalista española se niega a aceptar que los nacionalistas hayan cometido un delito político. Es absurdo. Los nacionalistas catalanes han quebrado la ley para obtener un beneficio político. Su delito es de naturaleza política como el del violador es de naturaleza sexual o el del estafador de naturaleza económica. La naturaleza política del delito nacionalista es la misma que la del golpista. El que Milans del Bosch pusiera los tanques en Valencia y Puigdemont las masas encuadradas de la Anc no altera la idéntica naturaleza de sus delitos ni la evidencia de que ambos se alzaron contra el Estado democrático. La no aceptación de que hay delitos políticos y por lo tanto delincuentes políticos, otorga a la política un carácter no punible, fuente de todo tipo de manipulaciones. Entre las más veteranas y despreciables, la que permite oponer las soluciones políticas a las soluciones judiciales.
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El daño irremediable que los jueces alemanes han causado va mucho más allá de la circunstancia personal de Puigdemont. Los jueces alemanes han absuelto al Proceso secesionista. Lo han absuelto en sus métodos, al no percibir violencia en la actividad intimidatoria de un grupo de dirigentes que utilizó tanto a su policía como a sus ciudadanos, tanto su poder político como su poder social, para incumplir repetida y gravemente la ley. Y lo han absuelto también en sus objetivos. En torno a la resolución de Schleswig-Holstein -y de la correcta traducción de la ministra- gravita apenas disimulado por la prosa leguleya el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de los pueblos. De los hirsutos pueblos españoles, naturalmente. Durante mucho tiempo Europa transmitió a España que el desafío nacionalista era un asunto interno. Un asunto interno de los catalanes querían decir. | ARCADI ESPADA
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