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dimarts, 2 de maig de 2017

La garzonización del proceso penal en España




A la espera de conocer cómo motivó Velasco su decisión, la instrucción del caso Lezo es un síntoma. Estamos asistiendo a una garzonización del proceso penal en España. Grabaciones al por mayor. Instrucciones chapuceras. Atestados policiales convertidos automáticamente en autos, sin el filtro crítico que todo juez debe al investigado y a sí mismo. Imputaciones de quita y pon. Registros a posteriori y para la galería. Autos difundidos vía tuit antes de notificar a las partes. Prisiones provisionales de 30 meses. Festival de filtraciones. En definitiva, el abuso de la excepcionalidad en un clima de alarma social.

La Audiencia Nacional está aplicando contra la corrupción criterios y técnicas hasta ahora reservados a la lucha antiterrorista. Y más allá. De la colocación de micrófonos en despachos hay pocos precedentes. Es una medida excepcional dentro de la excepcionalidad.

Habla un abogado dedicado a la lucha contra ETA: «En todos mis años de ejercicio en la Audiencia Nacional no he asistido a un solo juicio en el que se haya presentado como prueba las grabaciones realizadas en una vivienda o despacho. Lo más parecido es el micrófono en el coche del Faisán». Y los que Herri Batasuna descubrió en su sede de Vitoria, chapuza del CESID. Y qué decir del viaje nocturno de Jordi Pujol Ferrusola: de la cárcel de Soto del Real a Barcelona y de ahí a Zuera. Ni a Canivell llega Junior. Un Ternera cualquiera.

La equiparación de la corrupción con el terrorismo exige asumir determinadas premisas. La primera es que la corrupción pone en jaque el ordenamiento constitucional, la paz pública o la seguridad nacional. La segunda es que su persecución justifica la limitación de garantías básicas de un Estado de Derecho. Aquí es donde asoma, rauda y estridente, la hipocresía de un sector de la izquierda. Los mismos que claman contra la aplicación de medidas excepcionales a los terroristas -«¡abajo el derecho penal del enemigo!»- jalean ahora la excepcionalidad frente a los presuntos corruptos. El arrebato de Irene Montero en Onda Cero: «¡Vivan los jueces! ¡Viva la Guardia Civil!» Se ve que el terrorismo tiene razones que la corrupción desconoce. Y eso que la corrupción también es una sórdida desviación de la política.

Tampoco los fiscales acaban de encontrar su sitio en esta nueva España justiciera. Son siempre personajes en busca de autor. Quieren ser instructores. Libres como Velasco. A este problema identitario se añade un malentendido: muchos fiscales han confundido la búsqueda de la verdad con la búsqueda de la culpabilidad. Un abogado defiende, pero un fiscal no necesariamente acusa. Su responsabilidad es otra. Y en tiempos populistas doblemente crítica. Pero pocos parecen dispuestos a asumirla. Acusado de complicidad con el reo González, con el que jamás ha tenido una relación personal, el fiscal Moix respondió exhibiendo las muescas de su imparcialidad: «Pujol, otra vez Rato, ¡hasta Montoro!... Todos bajo mi mandato». Cuando la acusación se convierte en prueba de inocencia el derecho acaba del revés.

El espectáculo de la Fiscalía -fiscales han acusado, y han alentado que los periódicos acusen, a sus superiores de connivencia con malhechores- es insólito. Esto ya no es el viejo drama de la Justicia, su insoportable politización. Es el sálvese quien pueda mediante el acúsese sin pruebas. Estamos ante una pérdida de autoridad moral del Estado, resultado de la convergencia de los manotazos del Gobierno con el populismo judicial y la tiranía del share. | CAYETANA ÁLVAREZ DE TOLEDO
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Pero ¿qué tiene de concreto el juez Velasco?

El auto del juez Velasco son 28 folios de gasolina sobre la pira del hastío popular y el negocio mediático. Incluso este periódico se preocupaba ayer por la estabilidad de la democracia española. La que, según el último índice del Economist, se sitúa en el puesto 17 del mundo, por delante de países como Estados Unidos, Bélgica o Japón. Pero la letra pequeña del auto es eso, pequeña. El juez llega a graves conclusiones a partir de indicios desiguales. La mayoría son fragmentarios, frágiles, deshilachados. Su relato produce angustia, tanto por lo que cuenta como por lo que no logra contar. Porque avanza a trompicones entre elipsis y conjeturas. Porque refuerza las percepciones sin ofrecer la satisfacción de los hechos.

El plato fuerte del auto es la compra de una empresa en Brasil por parte de una filial del Canal. El juez acusa a González y Edmundo Rodríguez Sobrino, presidente de la filial y consejero delegado de La Razón, de urdir un plan que resultó en la malversación de 25 millones de dólares de dinero público. Habla de una «adquisición hipervalorada ficticiamente», del «pago de comisiones prohibidas» y del «enriquecimiento injusto de determinadas personas». El lector se estremece. Pero cuando busca detalles del sobreprecio o pistas de esas comisiones o, decisivamente, algún indicio de que el dinero del Canal acabó en una cuenta que no fuera del vendedor brasileño, no encuentra nada. De hecho, el juez reconoce que «dada la inexistencia de una valoración del precio de compra de la mercantil brasileña determinada por un tercero independiente, por el momento no es posible hacer una estimación exacta de la cantidad de fondos públicos desviados».

Velasco reconoció ayer en este periódico que no tiene tiempo para entender cómo funciona una empresa. Me temo que se nota. Confunde el valor contable con el valor económico. Da por hecho que la caída en el valor de la sociedad adquirida fue fruto de un desfalco. Y convierte las irregularidades administrativas denunciadas por la presidenta Cifuentes en indicios de delito. Salvo que aparezca una transferencia a una cuenta de González o de alguno de sus presuntos testaferros, Velasco habrá destapado un caso de deplorable gestión empresarial.

El segundo gran titular de la operación Lezo relaciona a González con Javier López Madrid, consejero de OHL, yerno de su presidente, amigo de los reyes. El juez considera que López Madrid ordenó un pago de OHL a González de 1,4 millones de euros a cambio de la adjudicación de una obra. Los indicios parecen concluyentes: una fuente dio el nombre del banco, de la sociedad panameña y hasta el IBAN de la cuenta suiza donde González habría recibido el dinero. Pero de pronto el propio juez aplica dos rebajas. Dice que habrá que esperar la respuesta de las autoridades suizas para «poder comprobar la realidad de la presunta comisión». Y explica que, en conversaciones grabadas -es decir, privadas-, González negó haber recibido esta comisión y aventuró que alguien debió pedir el dinero a OHL en su nombre. Según la versión de López Madrid, el pago se hizo desde México a una cuenta del empresario Adrián de la Joya, que a su vez ha negado ante el juez cualquier vinculación con González. Es posible que mintiera y que en realidad sea su testaferro. Por lo pronto, las dos rebajas han desembocado en una tercera: el viernes Velasco redujo la fianza de López Madrid del millón de euros que pedía la Fiscalía a 100.000.

El tercer eje del auto apunta a la financiación ilegal del PP de Madrid. Según el juez, González habría desviado fondos públicos para «sanear las cuentas» del partido en 2011. La Agencia madrileña de Informática y Comunicación (ICM) habría inflado contratos con empresas como Indra o PwC, que a su vez habrían pagado a proveedores del partido a través de sociedades pantalla. Después de Gürtel, nada sería más devastador. De momento la acusación depende del testimonio de un hombre, el ex subdirector de ICM, y de un pago de Indra.

De ese hilo sórdido hay que seguir tirando. Como de los indicios de que González ha intentado blanquear fondos con la ayuda de familiares y amigos, probablemente lo más sólido del auto. Y hay que tirar hasta el final.

Pero el juez Velasco no está por la labor. Ayer dijo: «Si tengo suerte, en junio me voy a otra cosa. Nadie es imprescindible». La frase sería un canto a la independencia y al automatismo de la función pública si no viniera acompañada por esta otra: «Los jueces tenemos que interpretar la Ley conforme al pueblo». Si la Justicia depende de la percepción subjetiva de un hombre sobre los humores del pueblo, la continuidad que invoca Velasco es puramente retórica. Sólo la objetividad del derecho garantiza la continuidad en la instrucción.CAYETANA ÁLVAREZ DE TOLEDO
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