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dimarts, 28 de juny de 2016

Mas, Ortega y Rigau a punto de sentarse en el banquillo por desobediencia y prevaricación el 9-N

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya cierra la instrucción, acusa a Mas, Ortega y Rigau de desobediencia y prevaricación, rechaza la petición de archivo y da traslado a las partes para que soliciten la apertura de juicio oral o bien el sobreseimiento


Según el juez, Mas "conocía desde el mismo día 4 de noviembre la providencia del Tribunal Constitucional" que prohibía el 9-N y todos los preparativos y aseguró que pasaba el testigo a voluntarios. Sin embargo, continúa Abril, los indicios señalan que "intervinieron contratistas contratados por la Generalitat". "(Artur Mas) consintió y no paralizó los diferentes procedimientos de contratación, algunos de carácter tan evidente como la preparación de un centro de prensa en Montjuïc" en el que el Govern informó sobre la consulta.

“La consulta no se llevó a cabo solo a través de voluntarios sino que jugaron un papel relevante contratistas privados, que prestaron servicios abonados con recursos financieros públicos, con plena conciencia de la desobediencia a la suspensión ordenada, como lo evidencia la indicación del carácter ‘confidencial’ o de ‘tacto’ en la correspondencia electrónica entre la Administración de la Generalitat y los contratistas privados".

Se recuerda que el Govern adquirió “7.000 ordenadores portátiles a Telefónica a finales del mes de octubre de 2014”, donde se instalaron los programas informáticos citados anteriormente “en los días 7 y 8 de noviembre para estar en funcionamiento el día 9 de noviembre”. Fue también en los días 7 y 8 de noviembre cuando FUJITSU instaló en la sede del CTTI el tercer programa, relativo a la recepción y tratamiento de los resultados de la consulta.

El TSJC, a partir del testimonio de un trabajador, indica que Inet-Inst, S.L., empresa subcontratada de Fujitsu, “abonaba a los trabajadores 200 euros/día por trabajar los días 8 y 9 de noviembre y que fueron más de 150 trabajadores los que prestaron el servicio de llevar los ordenadores e instalarlos en las direcciones asignadas”.

Por otra parte, acusa a Governació de gastar “21.780 euros” en el “material necesario para la votación”, tras la suspensión de la consulta por parte del TC el 4-N. También a Presidència de abonar a la empresa Focus “144.244 euros” para que “acondicionara el pabellón italiano de Montjuïc e instalara en el mismo el Centro de Prensa internacional”.

“Los voluntarios dispusieron de un seguro de accidentes que fue contratado por el Departament de Governació y que supuso que AXA emitiera un suplemento de seguro el día 4 de noviembre para dar cobertura a 25.800 voluntarios para el día 9 de noviembre de 2014. El importe de ese suplemento de póliza de seguro fue de 1.409 euros”, se añade.

En lo referente a Ensenyament, se denuncian “instrucciones verbales” a los directores para ceder sus Institutos y se les animó a “reclutar voluntarios, recibir material y custodiarlo y, ceder el uso de los centros y, para el caso de no querer participar, entregar las llaves a los servicios territoriales”.

También se añade que “fue rechazada la petición de instrucciones escritas por parte de algunos directores, preocupados por la responsabilidad en que podían incidir”. “La intención de no dejar instrucciones escritas en este proceso, fue gráficamente calificada por el Inspector de Educación Sr. R. como de atipicidad administrativa”, se subraya.

“La suspensión o resolución de los contratos existentes con las empresas privadas, sino que los mismos fueron llevados a término, pese a la suspensión decretada de llevar a cabo la consulta y de las operaciones de preparación de la misma y vinculadas a ella”, afirma.

“Cuando uno de los contratistas T- SYSTEMS, solicita si debe cumplir su encargo, en atención al dictado de la providencia de 4 de noviembre, se contesta por parte del entonces Conseller de Presidencia al director del CTTI, para que traslade su respuesta, que sí debe cumplir y que para el caso de incumplir este u otro contratista pone a su disposición a los servicios jurídicos de la Generalitat”, añade.

“En consecuencia, se continuó con los actos de preparación y organización que, como se ha indicado, no se llevaban a cabo solo por voluntarios, sino que participaron empresas privadas durante los días 4 a 9 de noviembre y con posterioridad a la jornada de votación, con el conocimiento y acuerdo de los investigados”, concluye.
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